El Parlament exige al Estado el traspaso de la propiedad de los hospitales y CAPs de Cataluña

BarcelonaEl Parlament exige "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios situados en Cataluña que continúan siendo de titularidad estatal. La moción, impulsada por ERC y aprobada con los votos de todos los grupos menos Vox y el PP, que han votado en contra, otorga al ejecutivo catalán un plazo máximo de seis meses para elaborar y presentar un inventario completamente actualizado de todos los inmuebles del sistema de salud de la Generalitat que no son de su propiedad. El informe deberá especificar la situación jurídica, la situación registral, el valor patrimonial estimado, el valor contable neto de los activos y las inversiones efectuadas por la administración catalana.

En este mismo plazo de seis meses, el Govern deberá presentar un informe sobre el impacto económico, patrimonial y financiero derivado de la falta de titularidad de estos inmuebles, que incluya una estimación económica de las inversiones asumidas por la Generalitat en estos centros. Tal como publicó el ARA en mayo, prácticamente todos los grandes hospitales públicos del Institut Català de la Salut (ICS) y los centros de atención primaria (CAP) históricos están adscritos a la Generalitat. Sin embargo, se da una paradoja: en muchos casos, la titularidad no corresponde al gobierno catalán, sino a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Esta situación obliga a la Generalitat a asumir los costes de mantenimiento, reformas e inversiones de unos equipamientos de los que tiene la gestión, pero no la propiedad.

"Una anomalía patrimonial y de gestión"

Por este motivo, la resolución califica abiertamente la situación actual de "anomalía patrimonial y de gestión". En este sentido, los republicanos aseguran que "resulta del todo injustificado que el Estado retenga la propiedad de unos inmuebles que la Generalitat mantiene y financia desde hace más de cuarenta años". El texto aprobado pone el foco sobre los sobrecostes administrativos que la Generalitat ha tenido que soportar durante décadas cada vez que se debían tramitar obras de ampliación, mejoras estructurales o planes de modernización tecnológica en edificios que técnicamente pertenecen a la administración del Estado.

El informe exigido por el Parlament deberá calcular de manera minuciosa qué recursos económicos de compensación serán necesarios para garantizar que el traspaso efectivo de estos activos no se traduzca en un desequilibrio financiero o en un lastre para las arcas de la Generalitat. La moción insta formalmente al ejecutivo catalán a incluir en el paquete de negociaciones con el Estado la condonación total de la deuda que las instituciones sanitarias catalanas contrajeron con la TGSS en los primeros compases de la transferencia de servicios. Finalmente, para asegurar que esta resolución no quede en papel mojado, la cámara ha blindado un mecanismo de control político. El Govern se verá obligado a comparecer e informar de manera semestral ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para rendir cuentas detalladas sobre el estado real de las negociaciones bilaterales con Madrid y los pasos jurídicos o administrativos dados para conseguir que los hospitales catalanes estén bajo la administración que los financia.