Un anticuario de Barcelona vende por 100.000 euros este faraón robado
Había vendido a un museo neerlandés una escultura de hace 2.700 años, sustraída de un museo de Sudán
BarcelonaLa Policía Nacional ha identificado un anticuario de Barcelona por haber vendido presuntamente una escultura del faraón Taharqa fechada entre 690 y 664 antes de Cristo que provenía del expolio. El propietario del establecimiento de antigüedades había vendido la escultura en el Museo Nacional de Antigüedades de Leiden (Países Bajos) por 100.000 euros. La pieza procedía de Sudán, era de origen ilícito y tenía documentación falsa. La investigación se inició cuando las autoridades de los Países Bajos alertaron a la Brigada de Patrimonio Histórico del cuerpo policial sobre una denuncia que apuntaba al responsable de un establecimiento de antigüedades de Barcelona.
Para poder hacer la venta, el anticuario proporcionó una copia digital de un documento manuscrito del gobierno de Sudán, con fecha del 27 de mayo de 1967, que certificaba que la pieza había llegado a Londres procedente de Sudán entre el 1930 y 1940. El documento resultó ser falso. Las investigaciones permitieron comprobar que el manuscrito no era un certificado oficial porque no cumplía los requisitos de los escritos de la época. En concreto, hacía referencia a un "ministerio de Arqueología" que nunca había existido y estaba firmado por un director general que era una persona real, pero que no ocupó el cargo ni tenía la firma que constaba en el documento.
El documento había sido confeccionado para crear un origen lícito en la escultura, que en realidad había sido sustraída del Museo Gebel Barkal de la República de Sudán, en Karima. Además, se averiguó que la escultura había sido objeto de diversas transmisiones y que el propietario más antiguo conocido había fallecido hacía años.
La denuncia, presentada por el museo neerlandés, concluía que había sido estafado por el anticuario catalán y exigía la devolución de los 100.000 euros que había pagado. El investigado sería responsable de un delito de estafa, agravada por corresponder a bienes de patrimonio artístico, histórico y cultural y por superar la defraudación de 50.000 euros.
