A corto plazo, no habrá consecuencias para el Barça ni Laporta en el caso Negreira

BarcelonaDesde que en marzo la Fiscalía interpuso la querella por el caso Negreira, se habían estado investigando tres delitos: el de corrupción deportiva, el de falsedad documental y el de administración desleal. Pero el juez instructor que lleva el caso, Joaquín Aguirre, tiene la sospecha que el de corrupción deportiva no le conducirá a ninguna parte. No ha encontrado ninguna prueba que lo acredite y, en el intento de saber hacia dónde fueron a parar los 7,5 millones que durante 18 años estuvo pagando el Barça a las sociedades de José María Enríquez Negreira ya su hijo, Javi Enríquez, ha abierto una nueva línea de investigación enfocada en el cohecho.

El gran cambio que supone, más allá de dar sentido a las tesis del magistrado, es que un delito de cohecho llega a los tribunales de la mano de un jurado popular, que es el encargado de determinar si los acusados son o no culpables. Serán, en su caso a juicio por esta vía, nueve personas escogidas al azar empadronadas en la provincia Barcelona. Eso sí, la selección inicial es más amplia, de hasta una treintena de ciudadanos. Tras someterse a las preguntas del fiscal y de la defensa, se acaban escogiendo qué nueve –siempre es un número impar, para evitar empates en la votación– acaban formando parte.

La prescripción del caso deja a Laporta fuera del ' acusación

El auto del magistrado Aguirre comienza con un gráfico donde se incluyen los pagos que durante casi dos décadas realizó el Barça en Dasnil 95 y Nilsad, las empresas propiedad de la familia Negreira. Aparecen los nombres de los cuatro presidentes que estaban en el cargo mientras se hacían pagos: Joan Gaspart (2001-03), Joan Laporta (2003-10), Sandro Rosell (2010-14) y Josep Maria Bartomeu (2014-18). Los dos últimos están siendo investigados pero no Gaspart ni Laporta. El hecho de que ahora se investigue un cohecho tampoco cambiará este hecho, ya que en cualquiera de los casos, para ellos dos el delito ya ha prescrito, analiza el penalista David Aineto.

La única posibilidad de ampliar la prescripción a 15 años es que el juez considere que se trata de un delito de cohecho continuado. Así, se podría remontar hasta el 2008. Pero, según el también penalista Eloi Castellarnau, solo afectaría al Barça como persona jurídica, pero no a Laporta, porque en el 2010 abandonó el club. "Él puede ser responsable de lo que hizo, pero no se puede responsabilizar de lo que hicieron Rosell o Bartomeu, después. Por tanto, no hay continuidad". Además, pone el acento en que las facturas no las pagaba el presidente, sino el club como persona jurídica.

El otro punto que genera controversia hace referencia a que califica a los miembros del Comité Técnico de Árbitros ( CTA) como funcionarios. Y de ahí deriva las conclusiones para investigar el delito de cohecho. El comité pertenece a la Federación Española de Fútbol (RFEF), que según sus estatutos es de carácter privado. De hecho, durante el conflicto con las jugadoras por el caso Rubiales, el Gobierno explicó que no podía intervenir la RFEF precisamente porque no era una entidad de titularidad pública.

Las consecuencias deportivas que puede tener el caso para el Barça

Por último, y sobre las posibles consecuencias que pueda tener el caso para el Barça, a corto plazo la entidad no debe sufrir. El delito de cohecho, si acaba siendo condenado, implicaría una sanción económica, analiza el especialista en derecho deportivo Xavier Albert Canal. Sólo en el peor de los casos podría llegarse a una suspensión temporal de la actividad o, en el caso extremo, una disolución. Aún así, los expertos consideran "altamente improbable" que se llegue a este extremo y que, a lo sumo, el Barça debería acabar pagando una multa.

Ahora bien, si el club pasa a ser investigado, eso también implicará que la UEFA deba revisar su situación para validar su participación en competiciones europeas. De todas formas, esto no será hasta el final de esta temporada.