Competencia pone en duda las medidas del gobierno español para estabilizar el precio del aceite de oliva

BarcelonaLa Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestiona las medidas impulsadas desde el gobierno español para estabilizar el precio del aceite de oliva durante la campaña 2026-2027. La nueva norma, planteada este verano, estipula la retirada de una parte de la producción de aceite de oliva en caso de un exceso de oferta. En concreto, el mecanismo diseñado por el ejecutivo central se activará cuando las existencias iniciales más la producción de aceite superen al menos el 120% de la producción media de los dos ejercicios más altos de comercialización de las últimas seis campañas. En caso de sobrepasar este tope, el sector tendría que retirar, como máximo, un 20% de la producción estimada.

A ojos del gobierno español, la norma busca anticiparse a un escenario de sobreoferta que pueda desestabilizar el mercado. La CNMC, sin embargo, discrepa de esta visión. En un informe publicado este lunes, el organismo presidido por Juan José Ganuza apunta que las medidas podrían derivar en efectos "muy negativos" sobre la competencia y los consumidores.

"La retirada obligatoria de un producto supone una restricción muy relevante y directa de la oferta y, por tanto, es una medida especialmente lesiva para el funcionamiento competitivo del mercado", sostiene la CNMC. En el documento, Competencia considera que la activación de la cláusula "limitaría la cantidad de producto disponible en el mercado, afectaría a los precios, la calidad y la variedad de oferta" y "alteraría el funcionamiento competitivo de la cadena de valor".

Según el organismo, la estrategia planteada por el gobierno español impide que los consumidores se beneficien plenamente de las campañas de gran producción, tal como se prevé en esta campaña. De la misma manera, pone en duda que se intenten amortiguar subidas de precio en campañas futuras a partir de reducciones en cosechas abundantes y pone especial foco en los costes de almacenamiento. Según sus cálculos, una posible retirada de excedente generará un coste adicional de entre 9,25 y 11,68 millones de euros a los productos; un sobrecoste que se puede acabar trasladando al precio final para el consumidor.

Por otra parte, la CNMC cree que la norma española no deja suficientemente claro a qué productores afectan las medidas y recomienda precisar la metodología para que el porcentaje de retirada, en caso de que se cumplan los criterios establecidos, responda "a la mínima restricción necesaria".