¿Qué se juegan los campesinos catalanes en el nuevo presupuesto europeo?

BruselasHan comenzado las negociaciones para definir cómo debe ser la nueva política agraria común (PAC) de la Unión Europea, una política vital para el sector agrario y ganadero en el país. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han debatido este lunes las primeras líneas de trabajo que perfila la Comisión Europea para la nueva PAC. La reforma, sin embargo, plantea menos recursos y más margen para que los estados decidan cómo los reparten. En Cataluña el sector mira con preocupación la propuesta porque teme que esta flexibilidad acabe recortando ayudas y generando desigualdades entre territorios.

El impacto de la reforma puede ser especialmente relevante en nuestra casa, ya que ocho de cada diez agricultores y ganaderos de Cataluña se benefician de estas subvenciones, según los últimos datos del Observatorio agroalimentario, rural y ambiental. Los sectores más dependientes son los cultivos de cereales, la fruta dulce, los frutos secos y la ganadería extensiva, además de sectores de secano como el olivo y la viña. Estos ámbitos agrarios y ganaderos basan una parte importante de su viabilidad económica en las ayudas directas y los fondos de desarrollo rural de la UE, a diferencia de otros sectores más intensivos (como el porcino industrial), que no son tan dependientes de subvenciones.

La discusión, que se encuentra todavía en una etapa inicial, dependerá sobre todo del dinero que se acabe destinando a la PAC en el próximo presupuesto comunitario. Esto se determinará en el llamado Marco Financiero Plurianual, que fija los límites de gasto de la UE para un periodo de siete años (2028–2034). Y es aquí donde se juega buena parte del presupuesto agrícola. Con el contexto geopolítico actual algunas capitales europeas –empezando por Berlín– piden destinar más recursos en partidas como defensa e industria, en detrimento de la partida de la PAC. Esto hace que, de entrada, se espere que el importe destinado a la política agraria sea menor.

Para compensar la reducción de la partida de la PAC y contentar a los socios partidarios de una política agraria más generosa (como Francia, España, Italia o Polonia), Bruselas propone blindar al menos 300.000 millones de euros para las ayudas directas a los agricultores y reservar un mínimo del 10% de los fondos de los planes nacionales para las zonas rurales. Sostiene que, con este sistema, el volumen de recursos disponible para el sector será equivalente.

"Nos preocupa mucho este marco financiero porque de él dependerá un 20-22% de reducción de los fondos que van a la Política Agraria Común", asegura al ARA Jaume Bernis, miembro de la ejecutiva de JARC-COAC y consejero del Comité Económico y Social Europeo. Desde Unió de Pagesos comparten la misma inquietud. "Ante el aumento de exigencias medioambientales, los tratados internacionales con terceros países que ponen presión a las empresas ganaderas y las adversidades climáticas como la sequía, necesitamos una política agraria fuerte", esgrime su coordinadora nacional, Raquel Serrat.

Unió de Pagesos, de hecho, critica que se quieran aplicar recortes precisamente ahora, que los productores están "contra las cuerdas" por el aumento de los precios del carburante. Serrat sostiene que el aumento de costes de producción, la sequía histórica, los abusos de los intermediarios y la inflación han llevado al sector al límite. "Si dependemos de importaciones, la alimentación se puede convertir en un arma de guerra", remacha.

Una PAC más nacional

El gran cambio que plantea la nueva propuesta es integrar todos los fondos destinados al sector en una sola bolsa. Hasta ahora la PAC tenía dos pilares de ayudas: los pagos directos a los agricultores (financiados al 100% por la UE) y un fondo para el desarrollo rural (cofinanciado entre la UE y las regiones o estados). La propuesta que se discute a estas alturas plantea que se agrupe todo en un fondo único que reciba cada estado miembro y que cada gobierno nacional decida cómo distribuye los fondos.

Esta medida, que tiene el objetivo de agilizar los trámites y reducir la burocracia, también despierta recelo. Desde la JARC temen que este nuevo sistema traiga "más desigualdades" y competencia entre los mismos territorios de la Unión Europea, ya que permitiría que cada estado miembro agotara el margen máximo permitido para las aportaciones nacionales, y favoreciera a los países con mayor capacidad fiscal. Bernis se muestra "totalmente en contra" de un proceso de renacionalización de las ayudas y alerta de que la gestión de la PAC dejará de tener el marco claro que ofrecía el control directo de la Comisión Europea para pasar a depender de las prioridades del gobierno español. "Dependeremos de Madrid a la hora de decidir dónde y cómo se prioriza el dinero", advierte.

El mismo gobierno español comparte el temor de que el nuevo sistema pueda comportar una renacionalización de la PAC. España defiende una política agraria más flexible, pero que esto no lo convierta en 27 políticas agrarias diferentes. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha advertido que todavía queda tiempo para negociar: "No hay nada cerrado en el reglamento de la PAC", aseguraba a la entrada del Consejo.

Otro punto de la discusión es a quién se destinan las ayudas. En este ámbito, los sindicatos agrícolas defienden que los beneficiarios de la PAC deben ser agricultores en activo, es decir, aquellos cuyos ingresos provengan directamente de la producción agraria. Así, desde la JARC defienden que las subvenciones no pueden ser "un suplemento de una mala jubilación".

Finalmente, la iniciativa de Bruselas plantea establecer un tope máximo de 100.000 euros anuales en las ayudas que puede recibir cada productor. En este caso, la medida afectaría menos a Cataluña que a otros territorios europeos, según Bernis, porque el modelo catalán está formado mayoritariamente por explotaciones pequeñas y medianas.