Asedio a las criptomonedas

Madrid / BarcelonaHace tiempo que gobiernos y organismos supervisores miran de reojo las criptomonedas. El objetivo es aumentar el control sobre un tipo de activo que, precisamente, pasa por uno de sus peores momentos por la guerra en Ucrania. Ahora, quien ha dado un paso más en esta dirección es el gobierno español. El ministerio de Hacienda ha lanzado a audiencia pública un real decreto que modifica la Ley General Tributaria y el Reglamento del IRPF y que incorpora nuevas obligaciones para los propietarios de criptomonedas: tanto a nivel informativo como en cuanto a las operaciones que hagan. "Es una nueva moneda que tenemos que ser capaces de regular para que no haya ningún tipo de fraude ni ningún efecto indeseable sobre la economía", ha remarcado este martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista a TVE.

Hacienda –de la mano del ministerio de Economía – trabaja en esta nueva ley que, como cambios principales, endurecerá la norma para que propietarios y plataformas de intercambio declaren los saldos que tienen para este tipo de monedas y, a la vez, tengan que diferenciar si están en el extranjero o no. En el primer caso, el ministerio de Hacienda quiere que las personas y entidades titulares o beneficiarias de "claves criptográficas privadas" informen anualmente de sus saldos a 31 de diciembre, tanto dentro como fuera del Estado. En este sentido, se entenderá que están en el extranjero cuando el propietario no esté obligado a hacer la declaración de la renta en España. La información tendrá que incluir, por cada moneda virtual, el tipo de divisa, el número de unidades que se acumula a 31 de diciembre y su valoración en euros, según se recoge en la norma.

¿Cómo se informa del valor de la criptomoneda en euros cuando se trata de activos tan volátiles? Para hacer la valoración en euros, se tendrá en cuenta la cotización mediana a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación o, en caso de que esta información no esté disponible, se utilizarán mecanismos que proporcionen una estimación razonable del valor de mercado en euros de la criptomoneda en esta misma fecha. El borrador de la norma incluye que se tenga que empezar a informar a partir del 1 de enero del 2023, es decir, que ya tendrá un impacto sobre la tenencia y las operaciones de este año.

Pero los propietarios de criptomonedas y plataformas de intermediación no solo tendrán que informar de la cantidad de monedas virtuales que poseen, sino también de las operaciones que realizan. En concreto, estarán obligadas a presentar una declaración informativa anual en relación con las operaciones de adquisición, permuta, transmisión y transferencia a monedas virtuales. Hacienda querrá saber cuándo se ha hecho la operación, el origen y el destino, el tipo de divisa, la cantidad y su valor en euros, entre otros datos.

Con todo, este martes el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha anticipado que la entidad vigilará la promoción de criptomonedas en los acontecimientos deportivos y que esté pensada para financiar los clubes o las organizaciones. El regulador financiero también ha anticipado que estudiará una nueva normativa para evitar que la publicidad de criptoactivos pueda poner en peligro los ahorros de sus aficionados.

El peso de las monedas virtuales en España

Según un informe de finales del 2021 de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, hay 4,4 millones de personas en España (el 11% de la población) que han invertido alguna vez o invierten habitualmente en criptomonedas. De estos tenedores de monedas digitales, uno de cada cuatro ya ha desembolsado más de 6.000 euros. El dato que puso en alerta la entidad, sin embargo, es que el 70% de los usuarios de criptoactivos en España piensan que invierten en plataformas supervisadas por algún tipo de autoridad, ya sea el Banco de España la CNMV o un banco bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE).

El mismo estudio destacaba que solo un 30% de estos inversores son conscientes de las implicaciones fiscales que comporta su tenencia. Es más, un 40% aseguraban que no tienen que pagar ningún tipo de tasa por las ganancias que consigan con las criptomonedas. El mismo porcentaje de personas también insistían que este tipo de inversiones son una “apuesta segura”. 

Es posible que algunos de estos criptofans hayan cambiado de opinión desde la publicación del informe de Asufin, puesto que en los últimos ocho meses el precio del bitcoin se ha desplomado después de lograr su máximo histórico el noviembre del 2021. Entonces, la criptomoneda más conocida superó los 66.000 dólares, mientras que este martes cotizaba alrededor de los 20.200 euros (este fin de semana bajó de los 20.000 dólares por primera vez desde finales del 2020). Esta nueva sangría también se ha notado en otras monedas digitales como ethereum, que apenas vuelve a situarse por encima de los 1.000 dólares, a pesar de haber rozado los 4.500 hace solo unos meses.

De hecho, la Balanza de Pagos Internacionales (BPI) ha advertido este martes que las criptomonedas no son dinero estable, "como muestran las recientes turbulencias del mercado y el colapso de los precios que sufren algunas de las principales monedas". A su vez, el Banco de España (BdE) alertó hace tiempo de que el estado español se había convertido en la quinta economía europea con un volumen más alto de transacciones en criptomonedas en Europa y estima que ya invierte un 12% de la población adulta, en la cual destaca la franja de edad de entre los 18 y 24 años. Un escenario que "preocupa" el organismo por la "falta de cultura financiera y la exposición a estafas".

Solo el 2021, las monedas virtuales movieron en España 60.000 millones de euros, según el BdE. El organismo asume que es difícil sacar conclusiones del sector por la falta de información oficial, y por eso insiste en la necesidad de regularlo a través de la coordinación internacional y a pesar de "los retos que plantea". En la misma línea se ha pronunciado Montero, que ha apostado por la coordinación internacional.