La justicia anula la intervención de Cellex y Mir Puig porque los investigados no tuvieron margen para defenderse

BarcelonaLa Audiencia de Barcelona ha anulado la intervención judicial de las fundaciones científicas Cellex y Mir Puig que en abril ordenó el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio del químico Pere Mir, creador de ambas entidades, y que a su muerte en el 2017 dejó en su testamento a tres responsables de gestionar su legado. Se trata del oncólogo Josep Tabernero, el que era presidente de los patronatos ambas fundaciones, Jordi Segarra, y el abogado Juan Francisco Capellas.

La instructora les investiga por presuntas irregularidades en la administración del patrimonio de Mir, cuyo perjuicio superaría los 6 millones de euros, por lo que los apartó de las fundaciones, que desde abril ha administrado la Generalitat. Ahora, sin embargo, la Audiencia de Barcelona concluye que este movimiento se hizo sin que los investigados tuvieran margen para defenderse, y aclara que si se vuelve a plantear la intervención judicial sus abogados tendrán que tener al menos 10 días para poder estudiar el procedimiento y preparar la vista.

En un auto que ha avanzado La Vanguardia ya la que ha tenido acceso el ARA, la sección novena de la Audiencia de Barcelona da la razón a la defensa de los tres investigados y anula la resolución del juzgado de instrucción 12 de Barcelona que en abril ordenaba, como medida cautelar, intervenir a las fundaciones. Los magistrados consideran que los abogados no tuvieron tiempo suficiente para preparar las declaraciones de los investigados ni la vista donde se debatieron las medidas cautelares, lo que habría vulnerado su derecho de defensa. De hecho, la causa estuvo bajo secreto hasta el mismo día en que la jueza tomó declaración a los investigados, y menos de 24 horas después se celebró la vista de medidas cautelares. En ese momento la causa constaba de 1.942 folios y varios soportes digitales.

El plazo que debe pasar desde que los abogados tienen acceso a las actuaciones hasta que se celebra la vista en la que deben responder a las peticiones de medidas cautelares no está regulado más allá de requerir un "plazo razonable" que permita a los letrados "examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa". En este caso concreto, la Audiencia de Barcelona considera que habrían necesitado al menos 10 días.

El auto que ahora anula la Audiencia no solo ordenaba que la Generalitat actuara como administrador judicial de Cellex y Mir Puig. También prohibió a los investigados disponer de algunos bienes inmuebles y ordenó intervenirles joyas que tenían en cajas de seguridad hasta que se aclarara su origen y propiedad. Además, el tribunal también ha anulado las comparecencias de los investigados que se realizaron el 10 de abril, el mismo día en que se levantó el secreto de las actuaciones y justo antes de que sus abogados tuvieran acceso. De este modo, el procedimiento vuelve atrás en el tiempo y se sitúa en el punto donde estaba antes de estos movimientos.

Cuando ordenó estas medidas cautelares, la juez ya había recogido indicios para atribuir a los tres investigados los presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida, relacionado con la gestión del patrimonio de Pere Mir vinculado a las fundaciones Cellex y Mir Puig. Entre las irregularidades detectadas por la instructora constan autoconcesiones de préstamos en condiciones ventajosas, donaciones de inmuebles y dinero a favor de los investigados o de terceras personas y pagos de sanciones personales con fondos sociales. La investigación también ha dejado al descubierto transferencias a priori injustificadas y que en el inventario hereditario se habían omitido bienes de alto valor.

Cellex, dedicada al ámbito sanitario, y Mir Puig, de apoyo asistencial a personas que necesitan ayuda para paliar enfermedades, son dos fundaciones creadas por el empresario químico y mecenas científico Pere Mir, que falleció en 2017. En 2023, la Generalitat abrió una investigación sobre Celrito ​​para en la fundación o no. En este sentido, algunos cálculos estipulaban en 400 millones de euros el legado de Mir, mientras que otros rebajaban la herencia a 40.

Los tres principales ejecutores del testamento de Mir, el oncólogo y jefe del servicio de oncología médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron, Josep Tabr –que hasta ahora consta como presidente de los patronatos de las fundaciones Cellex y Mir Puig– y el abogado Juan Francisco Capellas, fueron los investigados por estas presuntas irregularidades en la administración.

Vulneración del derecho de defensa

En el auto de la Audiencia de Barcelona, ​​al que tuvo acceso el ARA, la sección novena del tribunal no solo ordenó anular aquella resolución, sino también la comparecencia de los investigados el 10 de abril, por vulneración del derecho de defensa de la parte acusada porque no habían tenido margen para preparar su declaración. Así, tal y como ha avanzado La Vanguardia, tendrán que volver a celebrarse con una antelación razonable entre la puesta a disposición de la totalidad de la causa y la nueva celebración de la comparecencia de medidas cautelares.

Los magistrados consideran, como habían argumentado los abogados de los investigados, que no tuvieron tiempo suficiente para preparar la declaración y la comparecencia en la que se valoraron las medidas cautelares, porque la causa había estado bajo secreto hasta el mismo día en que se tomó declaración a los investigados y la vista de cautelares se hizo al día siguiente. "En realidad, existió un acceso formal del expediente en un plazo realmente exiguo, que supone en el fondo la inexistencia de un tiempo real para analizar la documentación adjunta a la causa y los archivos electrónicos, lo que supuso un vaciamiento del derecho de defensa hasta el punto de que su ejercicio y la posibilidad de contradicción en la comparecencia de medidas fue meramente formal, no real".