Investigado el presidente de la siderúrgica vasca Sidenor por la venta de acero a una empresa de armas de Israel

MadridEl juez instructor de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha abierto una investigación contra el presidente de la siderúrgica vasca Sidenor, José Antonio Jainaga, por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta de acero a la empresa israelí Israel Military , la empresa pública que es el principal proveedor de armas en el ejército israelí. El magistrado señala que la venta de acero sobre la que ha abierto la investigación se habría hecho teniendo "pleno conocimiento" de que la compañía IMSI es un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras, y que el material suministrado podía ser utilizado para la fabricación de armamento en un contexto en el que "es del dominio público" lo que ocurre en Gaza, donde durante meses Israel ha sido

En concreto, en un comunicado hecho público este viernes, una vez levantado el secreto de la investigación, la Audiencia Nacional detalla que investiga la forma en que Sidenor habría vendido acero a IMSI sin haber solicitado la correspondiente autorización del gobierno español y sin inscribirse en el registro correspondiente, "tal y como consta en un oficio de la Comisa de septiembre". El caso, pues, no está vinculado al reciente embargo de armas que ha aprobado el gobierno español, sino que es anterior y pone el foco en dos normas distintas: la ley orgánica de represión del contrabando y los artículos 29 y 607 del Código Penal, y en el procedimiento que la compañía habría seguido a la hora de realizar esta venta de acero.

La investigación, que también salpica a otros dos directivos de la compañía vasca, se inició en julio a raíz de una denuncia de la Asociación Comunidad Palestina de Catalunya-Terra Santa. Los tres investigados en el procedimiento fueron citados a declarar como imputados ante el juez el 12 de noviembre. Sin embargo, el juez no solo pone en el punto de mira a Jainaga ya los otros dos directivos, sino que apunta también a la mercantil Clerbil, "que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa".

La organización catalana que presentó la querella ha celebrado la decisión del juez De Jorge y el abogado de Arrels que lleva el caso, David Aranda, ha reconocido que se trata de un "un hito muy relevante". "Normalmente, las denuncias contra grandes corporaciones cuentan con un amplio margen de impunidad. Haber logrado superar esta adversidad en una querella de estas características envía un mensaje claro para poner fin a la impunidad de quienes se lucran de un genocidio", expresó Aranda en un comunicado de prensa.

En la querella de la Comunidad Palestina de Cataluña se recordaba que para la comercialización del acero de uso militar es necesaria una autorización administrativa del gobierno español. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha asegurado en varias ocasiones que no ha autorizado ninguna nueva operación de exportación de material de defensa a Israel desde el 7 de octubre de 2023. Es en este sentido que los denunciantes veían un posible delito de contrabando, y que ahora la Audiencia Nacional investiga.

Por su parte, Sidenor ha informado de que ha dejado la imputación en manos de sus abogados. "[La compañía] seguirá las indicaciones [de sus abogados] para responder al juez en el proceso iniciado, al que dará toda la información", se desprende de un comunicado emitido este viernes. Sin embargo, en julio pasado, cuando la Comunidad Palestina de Catalunya denunció el polémico envío de acero, la siderúrgica vasca anunció que "suspendía la venta de acero" a Israel después de que en abril el gobierno español decidiera suspender todos los contratos con el país. Sin embargo, la empresa que preside Jainaga no aclaró si esta suspensión suponía detener el envío de 122 toneladas de acero a IMSI en un barco que había zarpado desde el puerto de Barcelona un día antes de la querella interpuesta. El envío también fue denunciado por los sindicatos vascos como colaboración en el ataque al pueblo palestino.

En este sentido, el juez reconoce el "papel activo" de los trabajadores de Sidenor y su contribución a la denuncia pública, así como a "impedir la continuidad de la actividad presuntamente delictiva". Por eso, sobre ellos el magistrado aplica la directiva europea de protección de las personas que informan sobre "infracciones normativas y de lucha contra la corrupción".