El Estado reconoce que la fusión CaixaBank-Bankia redujo la financiación a las pymes

MadridHace cinco años, el mapa del sector financiero en el Estado sufrió un terremoto: el anuncio de la fusión bancaria CaixaBank-Bankia. En ese momento, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ya defendía que "los bancos deberían empezar un nuevo proceso de fusiones de forma rápida y urgente", mientras que el entonces gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, aseguraba que en España "había margen para fusiones". La integración dio lugar al primer banco español y llegó después de un entendimiento entre el gobierno central –accionista mayoritario en Bankia con un 62% del capital social– y la entidad de la estrella azul –La Caixa, a través de su brazo inversor, Criteria, era el primer accionista de CaixaBank.

Pedro Sánchez e Isidre Fainé pilotaron la negociación y su desenlace. Ahora, cinco años después, y en medio de otro terremoto en el sector –la opa hostil del BBVA en el Banc Sabadell–, el gobierno español reconoce negro sobre blanco que la fusión que él mismo apadrinó tuvo un impacto negativo para la financiación de las pymes, pero también para la plantilla. De hecho, el precedente le sirve para justificar la condición adicional por razones de interés general en la opa hostil del BBVA en el Sabadell y que implica no poder fusionarse durante tres años como mínimo.

En el caso de la fusión CaixaBank-Bankia, el gobierno español reconoce que en cuanto a la financiación a pymes, "tuvieron lugar reducciones sustanciales de la exposición [a la financiación] al segmento pyme y en empresarios individuales en aquellos ejercicios inmediatamente sucesivos a la operación de integración", tal y como se desprende del acuerdo de el AHORA. También reconoce un impacto similar en la fusión Unicaja-Liberbank. "Es relevante que en aquellos casos en los que la entidad absorbida contaba con una mayor exposición a este segmento [pymes], se observa que la nueva entidad ha convergido progresivamente a los niveles del absorbente", se añade.

Fruto de este resultado en fusiones anteriores, el gobierno español concluye que "resulta esencial para el interés general evitar alterar de forma abrupta el modelo de financiación empresarial" de los bancos afectados por la opa, es decir, BBVA y Sabadell. El gobierno apunta a que una pérdida de financiación en pymes o empresarios individuales podría ser "especialmente sensible" en empresas que apenas están creciendo o que se están transformando.

La plantilla también en el punto de mira

Pero el caso de CaixaBank-Bankia no sólo se utiliza para poner en el punto de mira el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas. También se utiliza como precedente cuando se entra a valorar el impacto que puede tener la opa del BBVA en el Sabadell sobre la plantilla y, en concreto, en lo que se refiere a la destrucción de puestos de trabajo (esta es una de las vías a través de la cual el banco que plantea la operación busca un ahorro de costes).

"En operaciones recientes de toma de control seguidas de una fusión en el sector financiero se ha observado una destrucción de puestos de trabajo extraordinaria, superior a la tendencia observada a escala sectorial", expone el gobierno. "El ratio de disminución de la plantilla anual media en CaixaBank, por un lado, y en Bankia, por otro, era de alrededor del 7%", detalla el ejecutivo, que añade que un año después de la fusión, "el nivel de empleo se situaba un 14% por debajo [en cada una de las entidades] del año anterior de la fusión". Es decir, que un año después de la fusión entre ambos bancos desaparecieron el doble de puestos de trabajo frente a la tendencia registrada antes de la absorción. Lo mismo ocurre en el caso de Unicaja y Liberbank.

Este impacto abrupto en tan poco tiempo (un año de diferencia) es el que el gobierno español quiere evitar en el caso de una posible fusión entre el BBVA y el Sabadell con la condición de mantener separadas a las dos entidades. "Se quiere favorecer a través de una condición única una transición ordenada [de la integración] que contribuya a preservar a estos intangibles [puestos de trabajo], y con ello el interés general afectado", se explica.

"Un ajuste en el empleo como resultado de la concentración [entre BBVA y Sabadell] podría, de acuerdo con estos precedentes [CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank], tener efectos importantes en términos de puestos de trabajo, lo que iría acompañado de un elevado coste social y humano". Que también vincula la destrucción de puestos de trabajo a un incremento de los costes por parte de la Seguridad Social por el aumento de prestaciones como las de desempleo.

Hoy, el Estado, a través de la Autoridad de Resolución Ejecutiva o Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sigue siendo accionista de CaixaBank (el nombre de Bankia ha desaparecido). En concreto, la entidad financiera controlada por la Fundación La Caixa (31,2%) tiene como segundo principal accionista al Estado con un 17,9%. El año pasado, el gobierno español aprobó mantenerse en el capital y no venderse la participación dos años más, hasta diciembre de 2027.