Los cambios en la tarifa de la luz ponen en el punto de mira a las nucleares

"Reacción en caliente". Así ha definido la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la respuesta de las empresas energéticas al plan de choque que el gobierno español ha aprobado para abaratar un 22% la factura de la luz hasta final de año, según los cálculos del ejecutivo. Las principales compañías del sector se han opuesto frontalmente a las medidas, que aseguran que implicarán un recorte de su rentabilidad. En concreto, la medida que aminorará el CO2 y que quiere recortar 2.600 millones de euros de sus beneficios extraordinarios o beneficios caídos del cielo para transferirlos a los consumidores y las pymes. "Sabían exactamente lo que contendría este paquete", ha insistido Ribera en una entrevista a Televisión Española este miércoles. También el presidente, Pedro Sánchez, ha levantado la voz contra la amenaza: "Defenderemos a los ciudadanos por encima de cualquier presión", ha dicho en el pleno del Congreso de este miércoles.

Por un lado, las patronales de las centrales nucleares, agrupadas en el Foro Nuclear, aseguraron ayer que las medidas del ejecutivo harían "imposible la continuidad" de las centrales españolas. El grupo de presión ha llegado a poner encima de la mesa la amenaza de dejar de ofrecer este servicio esencial, una opción que, como ha recordado Ribera, tiene que autorizar la empresa pública Red Eléctrica. Las nucleares aportan una quinta parte de la generación eléctrica en España y más de la mitad en Catalunya. A su respuesta se ha añadido la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC) –que engloba grandes nombres del sector como Endesa e Iberdrola, las principales propietarias de las nucleares–, que también ha manifestado "el rechazo contundente" al plan. "El sector eléctrico está asumiendo grandísimos esfuerzos económicos, tanto por la vía de los impuestos como por la de las inversiones", ha insistido la patronal en un comunicado.

Una de las principales quejas de las nucleares es que el planteamiento del gobierno español hasta el mes de marzo de 2022 –cuando se acabará la minoración del CO2– se basa en una presión fiscal "excesiva". Según el grupo de presión nuclear, el precio de venta real no habría de ser inferior a los 57 o 60 euros/MWh con el nivel impositivo actual. La carga fiscal de las nucleares "es elevada", pero porque trabajan con material radiactivo, apuntan fuentes del sector. Sin los impuestos, lo que hay que saber es el coste de producción real de las centrales nucleares, "un secreto muy bien guardado" según comentan fuentes consultadas por el ARA, conocedoras del sector energético español. De hecho, no hay casi datos oficiales y los pocos cálculos que se han hecho son aproximados. La Sociedad Nuclear Española, consultada por este diario, asegura que no tiene una estimación del coste de producción: "Lo hemos pedido pero las empresas no lo tienen", apuntan. También el propio Foro Nuclear, a quien se ha dirigido el ARA, asegura que "no dispone de estos datos".

Pero la verdad es que las centrales nucleares españolas pidieron alargar la vida útil hasta los 45 años, de tal manera que tienen que cerrar escalonadamente del 2027 al 2035, a pesar de que se verán obligadas a hacer importantes inversiones, de unos 3.500 millones de euros (más de 800 millones las catalanas). Las tres centrales catalanas (Ascó I, Ascó II y Vandellòs II) –propiedad de Endesa (85,4%) e Iberdrola (14,6%)– recuperaron la rentabilidad en 2018, después de las pérdidas de 17,7 millones de 2017. En 2018 ganaron casi 21 millones, en 2019 el beneficio subió a más de 42 millones y en 2020, a pesar de la pandemia, ganaron 24 millones.

Lo que rechazan las energéticas es el umbral del gobierno español a partir del cual recuperar los beneficios extraordinarios: 20 euros/MWh. ¿Por qué se ha estipulado así? Este es el valor que corresponde al precio medio del mercado ibérico del gas, desde su puesta en marcha en 2017. De forma que si el precio del combustible es más bajo que este umbral, la minoración de la retribución será nula. Además, coincide con el precio por tonelada de CO2 que se estipuló cuando las eléctricas firmaron el calendario de cierre de las centrales, en 2019.

Según fuentes del ministerio de Transición Ecológica, esto "no implica ninguna detracción de los ingresos que calculaban recibir las centrales" cuando firmaron ese protocolo de cierre (en España la energía nuclear desaparecerá en 2035). Es decir, en ese momento el alza del precio de CO2 que se está produciendo no se preveía o, como mínimo, no tan pronto, de forma que se está generando remuneración extra gracias al sistema del mercado mayorista –llamado marginalista–, explican las mismas fuentes. Así, el ministerio de Transición Ecológica defiende que los ingresos que las nucleares calculaban recibir "no se tocarán". De hecho, hay que recordar que la normativa aprobada por el gobierno español prevé recortar un 90% de los beneficios extraordinarios o beneficios caídos del cielo durante los próximos seis meses. "Les empresas percibirán todavía el 10% de los ingresos extraordinarios", apuntan.

Beneficios durante años

"Groseros". Así ha definido la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, los beneficios de las eléctricas en los últimos años. "Se está haciendo una cosa que nunca se había hecho en este país, reducir los beneficios groseros que tienen algunas empresas", ha asegurado durante el pleno en el Congreso de Diputados. En la respuesta a una interpelación del portavoz del PP en el Congreso, Teodoro García-Egea, la ministra de Trabajo ha celebrado que el gobierno español haya decidido poner freno a las ganancias de las eléctricas.