Plan de choque del gobierno español para reducir un 22% la factura de la luz

Después de meses de vorágine alcista del precio de la luz, el gobierno español pone en marcha toda una serie de medidas para parar los récords históricos que día a día ha registrado el precio del megavatio hora y que este martes ha escalado hasta unos casi irreales 172 euros. El objetivo es rebajar la factura de la luz de los consumidores finales, que en comparación con hace un año ha aumentado un 34,9% según el Instituto Nacional de Estadística. De hecho, ha sido la energía el sector que ha hecho disparar la inflación este último mes hasta el 3,3%, respecto a hace un año.

Las medidas las anticipó este lunes el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y las ha concretado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Es un asunto importante con muchas variables y la capacidad del gobierno es limitada. Nos hemos centrado en lo que sí podemos hacer", ha dicho Ribera. De este modo, el ejecutivo ha reiterado que las medidas no se dirigen a modificar el precio de alguna de las tecnologías del mercado mayorista, porque según el gobierno español Europa no lo permite, sino a modificar el precio final de la factura de los consumidores.

Recortar los beneficios extras

El gobierno español recortará los beneficios caídos del cielo o beneficios extras de las principales empresas energéticas para “limitar” el efecto del gas y abaratar así la factura de la luz. En concreto, lo que quiere hacer la Moncloa es confiscar una parte del dinero que las eléctricas ganan de más gracias al funcionamiento del mercado mayorista y trasladarlo directamente al consumidor final (tanto si tiene contratada una tarifa regulada como libre) y a las pequeñas y medianas empresas, ha explicado Ribera.

Estos beneficios extraordinarios son resultado del funcionamiento del mercado mayorista. Una especie de piscina en la que entran todas las tecnologías –renovables y no renovables– que, una vez dentro, asumen el precio de la energía más cara (la última que entra en el mercado), que es el gas. Esto conlleva que una energía más económica como la nuclear y la hidráulica se vendan a un precio más elevado y, por lo tanto, se traduzca en un beneficio extraordinario para la empresa energética.

Para hacerlo, el gobierno tomará como base la cotización media del gas natural en el mercado ibérico del gas (que comparten España y Portugal) y que se traduce en 20 euros/MWh. Es decir, solo se confiscará el dinero a partir de los 20 euros en el precio medio del gas. Las empresas tendrán que devolver el 90% de los ingresos extraordinarios obtenidos, según los cálculos del gobierno español unos 2.600 millones de euros hasta el 31 de marzo. Las empresas afectadas son las que venden energía al mercado mayorista y que se ve arrastrada por el precio del gas: las centrales nucleares, hidráulicas y renovables.

Medidas fiscales

El gobierno español también ampliará las medidas fiscales. Hasta ahora ha aprobado una rebaja del IVA (del 21% al 10%, que tiene un coste aproximado de 857 millones de euros para las arcas del Estado) y la suspensión temporal del impuesto eléctrico, que se prorrogará hasta el 31 de diciembre, según ha explicado Ribera. A estas medidas se añade la reducción del 5,1% al 0,5% en el impuesto especial de producción de energía eléctrica, cosa que conllevará que el Estado deje de recaudar 380 millones de euros este último trimestre.

Ante la cantidad de dinero que dejarán de recibir las arcas públicas, la ministra de Transición Ecológica ha asegurado que todas las medidas "se han trabajado" con el ministerio de Hacienda. "Es una propuesta de gobierno, que cumple los objetivos de la coalición y es una propuesta seria y solvente", ha reiterado Ribera.

Más subastas 

El ministerio de Transición Ecológica también ha explicado que las empresas con un peso importante en el sector tendrán que vender energía renovable a pequeñas comercializadoras o a empresas industriales a un precio que se fije por subasta de energía primaria. El objetivo es que menos energía se vea arrastrada por el precio del pool, es decir, del mercado mayorista determinado por el precio de la tecnología más cara, el gas. Está previsto que la primera subasta de este nuevo sistema se celebre antes de que se acabe el año y solo Iberdrola, Endesa, Naturgy y la empresa EDP tendrán que ofrecer un 6,3% de la demanda eléctrica que se consumió en 2020 en España.

Más medidas 

Ribera también ha explicado que se aprobará la ampliación de la cobertura del consumidor vulnerable, a quien no se podrá cortar el suministro en caso de impago como mínimo durante seis meses (ahora son cuatro meses). Estos consumidores vulnerables se beneficiarán de la nueva figura aprobada: un suministro vital energético (una medida que se planteó en 2019) y que quiere garantizar una potencia eléctrica de 3,5 kW a los hogares. Durante un semestre, el último del año, se limitará el impacto del coste de la primera materia en el cálculo de la tarifa regulada del gas natural (TUR) de forma que el incremento medio en la próxima revisión trimestral, el 1 de octubre, será del 4,4% en vez del 28%.

Además, el gobierno español potenciará el autoconsumo y las comunidades energéticas (una iniciativa que, de hecho, se recoge en el plan de recuperación enviado a Bruselas). Ribera también ha confirmado la aplicación del artículo 55 de la ley de aguas estatal para fijar un mínimo de agua en los pantanos y un máximo mensual del caudal que se podrá convertir en energía. La medida es de carácter ambiental y si bien podrá ayudar a regular la extracción del agua y evitar vaciar embalses a niveles que pongan en riesgo los recursos hídricos, no es una medida que impacte sobre el precio de la luz. "Es una medida dirigida a proteger el medio ambiente, el agua y los vecinos cerca de los embalses", ha sintetizado Ribera.

El objetivo final del gobierno español es que la media de la factura de la luz a finales de año sea parecida a la media de lo que pagaban los consumidores en 2018. Por eso, según los cálculos del gobierno, la rebaja en la factura media mensual llegaría al 30% si se añade la disminución del IVA del 21% al 10% aprobada en junio. Todas las medidas entrarán en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. "Los consumidores lo notarán ya este mes de septiembre", ha asegurado Ribera.

Rechazo de las nucleares

Las medidas, sin embargo, no han gustado a todo el mundo. Las empresas eléctricas han amenazado este martes con cerrar las centrales nucleares del Estado, de las que son propietarias, porque aseguran que el plan de choque que ha presentado el gobierno español las hace "inviables". En Catalunya el 54% de la generación proviene de Ascó 1, Ascó 2 y Vandellòs 2.

El Foro Nuclear ha asegurado en un comunicado que el plan de choque del Estado "profunditza mucho más en la penalización de generación eléctrica de origen nuclear". El lobby alerta de que en caso de que el proyecto de ley se apruebe y entre en vigor, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez aminorado el precio del CO2, "no tendría que ser inferior a 57-60 euros por Megawatt hora con el nivel impositivo actual". Y añade: "De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas", avisa.