El catalán Jordi Cazorla, nuevo hombre fuerte de Celsa
Los fondos ya son propietarios de la compañía después de formalizar el canje de deuda por acciones
BarcelonaCelsa ya es, a todos los efectos, propiedad de los fondos acreedores. En aplicación del plan de reestructuración aprobado a principios de septiembre por sentencia judicial, en una histórica decisión que dejaba a la familia Rubiralta sin la propiedad de este gigante siderúrgico, los nuevos propietarios han firmado ante notario el canje de la deuda acumulada por acciones.
En concreto han capitalizado 1.400 millones de euros de deuda convertible y jumbo, y ahora los vencimientos de deuda del gigante siderúrgico quedan en 1.600 millones de euros, que se prorrogan cinco años. Asimismo, los nuevos propietarios firmaron un acuerdo por valor de 525 millones de euros para extender las líneas de circulante.
Esta formalización ha venido acompañada del nombramiento definitivo de la nueva cúpula: las nuevas caras al frente de la primera empresa familiar catalana serán Rafael Villaseca, quien con la operación ha quedado ratificado en el cargo de presidente no ejecutivo de Celsa, y Jordi Cazorla, que ha sido nombrado nuevo consejero delegado por el consejo de administración de la compañía. Después de anunciarse el aterrizaje de Villaseca en Celsa a principios de septiembre, faltaba conocer este segundo cargo, que hasta el momento de la incorporación de Cazorla le asumirá Sergio Vélez, responsable de FTI Consulting España, como director general.
Cazorla es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y MBA por la Universidad de Barcelona. Hasta ahora había ejercido como director general para el sur de Europa de DS Smith, grupo industrial de sector del embalaje. También ha ocupado cargos directivos en empresas como Ideal Standard, American Standard, General Electric y Hewlett-Packard.
Un socio industrial español
Ahora, sobre la mesa sólo queda la incorporación de un socio industrial español, que debería adquirir un mínimo del 25% del capital. Se trata de una de las exigencias que puso la Moncloa para dar luz verde a la transmisión de su propiedad. La empresa tiene seis meses para cerrar la operación. En caso de que alguno de los inversores extracomunitarios actuales quiera aumentar su participación por encima del 10%, deberá contar con la autorización del consejo de ministros.
Asimismo, la operación incluye las condiciones impuestas por el gobierno de España para aprobar operación: los nuevos propietarios se comprometen a mantener la viabilidad de la compañía a largo plazo y que la toma de decisiones del grupo se quede en España. También la protección del empleo y la capacidad productiva, en el marco del carácter estratégico de Celsa.
El grupo también ha incorporado al abogado del Estado Daniel Alaminos como secretario del consejo de administración, al que se incorporarán de forma provisional a cuatro consejeros independientes representantes por María Esther Alfonso Evisa, Antonio Arenas Rodrigáñez, Francisco Javier Díaz-Gálvez de la Cámara y Luis Aurelio Martín Bernardo. "Con todo esto, se inicia una nueva etapa que supone un punto de partida para consolidar el liderazgo de Celsa en el sector", ha destacado Villaseca.