Cruzada contra las inmobiliarias que abusan de los inquilinos: abierto un segundo expediente
El gobierno español investiga posibles cobros de comisiones ilegales, como ya hizo con Alquiler Seguro
BarcelonaEl ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente sancionador a una inmobiliaria de ámbito estatal por prácticas abusivas contra inquilinos. Dentro de la investigación en el sector inmobiliario, esta es la segunda vez que Consum expedienta a una compañía por indicios de posibles cobros de comisiones ilegales y por obligar a los inquilinos a contratar servicios no solicitados.
En un comunicado de prensa, el departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) ha informado de este nuevo expediente, que se enmarca en la investigación que se abrió el pasado octubre y que derivó en un primer expediente sancionador a una empresa que presta servicios a los arrendadores, Alquiler Seguro, por las mismas prácticas abusivas en marzo de 2025.
Según explica Consum, la investigación se abrió a partir de denuncias del Sindicato de Alquiladoras de Madrid y de asociaciones de consumidores como FACUA y OCU y sigue en marcha respecto a otras empresas. Las principales prácticas denunciadas se basan en infracciones como obligar a los inquilinos a pagar una comisión por la gestión del alquiler, imponer la contratación de una aseguradora o la obligación de contratar servicios no solicitados, unos gastos que no deben asumir los inquilinos, según la misma ley. De confirmarse estas prácticas, las sanciones a las inmobiliarias pueden ser graves (de hasta 100.000 euros) o muy graves (hasta un millón de euros).
Estas acciones se suman a los expedientes abiertos a gestoras de pisos de alquiler, como el bloqueo de más de 65.935 anuncios ilegales de la plataforma Airbnb. Con la apertura de un expediente sancionador se lleva a cabo una recolección de pruebas y se da la oportunidad al infractor a presentar alegaciones, que se tendrán en cuenta para decretar sanciones, que pueden incluir multas y la obligación de cesar conductas irregulares. "El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy quiere destacar que la vivienda es un derecho y un bien de primer necesidad amparado por la ley", ha señalado el ministerio en el comunicado.
Facua reclama el nombre de las compañías
A diferencia del expediente abierto en Lloguer Segur hace unos meses, esta vez el nombre de la inmobiliaria expedientada no se ha dado a conocer. Para la asociación de consumidores FACUA, que es una de las organizaciones que denunció las prácticas abusivas ahora investigadas, esto debería cambiar. En una rueda de prensa este martes, su portavoz, Rubén Sánchez, ha pedido al ministerio una modificación legal para poder hacer público el nombre de las empresas expedientadas, con el objetivo de dar mayor transparencia a los consumidores.