Histórico clamor unitario del mundo empresarial catalán por una nueva financiación

BarcelonaNuevo clamor empresarial contra la infrafinanciación de Catalunya. Un total de 20 instituciones de la sociedad civil y empresarial han firmado una declaración en la que proponen cambiar el actual sistema por un nuevo modelo de financiación, sea un modelo federal o un pacto fiscal, o mediante una "profunda reforma" de la actual .

Esta vez se trata de un consenso histórico, ya que agrupa a veinte instituciones económicas y empresariales: las trece cámaras de Comercio de Cataluña; las dos patronales –Foment del Treball, que agrupa a las grandes empresas, y Pimec, que agrupa a pymes–; las entidades empresariales FemCAT, Barcelona Global y el Círculo de Economía; el Colegio de Economistas de Cataluña y el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC). Todas reclaman ahora medidas ambiciosas para mejorar el sistema de financiación territorial, porque el actual sufre disfunciones que afectan directamente a la capacidad de la Generalitat de recibir los recursos que necesita a fin de garantizar los servicios públicos y, además, no tiene en cuenta las diferencias del coste de la vida entre territorios.

Las veinte instituciones firmantes creen, pues, que el sistema en vigor frena el progreso económico de muchas comunidades autónomas como Cataluña, pero van más allá: también reclaman al gobierno español más transparencia para conocer qué invierte y qué gasta la administración central del Estado en Cataluña.

Hace un año la mayoría de patronales catalanas –con la ausencia de Foment del Treball– y un grupo de cámaras de comercio presentaron un manifiesto denunciando la infrafinanciación de Catalunya, el exceso de solidaridad financiera de Catalunya con el resto de España y la falta de inversión del Estado en Catalunya. Sin embargo, en esta ocasión todas las entidades del mundo empresarial se han adherido al documento.

Las entidades apuestan en la declaración por dos posibles modelos de financiación nuevos. El primero, un sistema federal equivalente al de países como Estados Unidos, que "permitiría a las comunidades autónomas disponer de forma directa y dentro del mismo ejercicio fiscal de los ingresos que le corresponden", algo que actualmente no ocurre, porque el Estado calcula las liquidaciones de la recaudación con dos ejercicios de diferencia. "La implantación de este modelo sólo requeriría una reforma de la ley de financiación autonómica", añade.

La segunda propuesta sería recuperar la idea de pacto fiscal, defendida hace más de una década por el gobierno de Artur Mas. Con este sistema, "la Generalitat administraría y recaudaría todos los tributos generados en el territorio, y asumiría un poder normativo sobre estos impuestos similar al que asumen las comunidades forales" de Navarra y País Vasco.

En cualquiera de los dos casos, las entidades empresariales exigen una reforma "muy profunda y amplia" que aumente sustancialmente los recursos que recibe la Generalitat, pero al mismo tiempo también su capacidad de recaudar y modificar impuestos. "Si la autonomía financiera no queda resuelta de forma definitiva y diáfana, continuaremos instalados en el debate permanente y confuso sobre los desequilibrios financieros a escala territorial", dice el texto.

Sistema de financiación obsoleto

Las organizaciones firmantes consideran que el actual sistema de financiación autonómica –en el que no participan ni el País Vasco ni Navarra– no es transparente ni equitativo ni eficiente, y representa un obstáculo importante para el progreso económico y el bienestar social de muchas comunidades autónomas, entre ellas Catalunya", dice el manifiesto.

El texto pone el énfasis en que Catalunya es la segunda comunidad más rica y, por tanto, que aporta mucho, pero que cae hasta el décimo lugar en recursos recibidos y hasta el decimocuarto si se ajustan los datos al coste de la vida, por lo que las organizaciones firmantes consideran que el modelo de financiación nuevo debería instaurar que "las comunidades que más aportan no pierden posiciones en el ranking una vez han operado los mecanismos de solidaridad" asignando los recursos "teniendo en cuenta las diferencias del coste de vida entre territorios".

"Las comunidades que más aportan no deberían ser las que menos reciben", remacha el manifiesto. "El sistema actual no es equitativo y permite que comunidades autónomas con un PIB per cápita más elevado y que más aporten al sistema puedan acabar disponiendo de menos recursos que otros que aportan cantidades inferiores", añade, por lo que reclama que " los mecanismos de nivelación del sistema de financiación" garanticen que "la renta familiar disponible" (el dinero que tienen las familias) media de las autonomías que más dinero aportan no acabe quedando por debajo de las que menos aportan una vez el sistema hace el reparto de fondos, algo que actualmente ocurre.

Además, "el sistema actual tiene en cuenta un conjunto de variables específicas para asignar los recursos, como la estructura por edades de la población o la insularidad, pero no incluye el diferencial en el coste de la vida en los distintos territorios ", dice el manifiesto, un elemento que afecta negativamente a Catalunya, donde el coste de la vida es más alto que en la mayoría de España. "Hay que tener presente que un euro no compra la misma cesta de productos en todas las comunidades", aclara el texto.

Más transparencia en la inversión estatal en Cataluña

La declaración llega dos días después de saberse que el Estado sólo ejecutó un 16% de la inversión en Cataluña el año pasado, en una información que destapó el ARA. El gobierno español ha decidido dejar de publicarla como hacía hasta ahora y se limitará a enviar datos al Congreso –tal y como manda la ley–, pero sin elaborar el informe semestral que permitía conocer con detalle cuánto invierte en realidad el Estado en cada autonomía.

Estos datos suelen poner de manifiesto que, aunque los presupuestos estatales prevén niveles altos de inversión del gobierno español en Cataluña, en realidad se materializa una parte pequeña, a menudo inferior a la mitad o, incluso , a una tercera parte.

Estas mismas entidades reclaman al ministerio de Hacienda que se eche atrás y que siga publicando con el mismo formato y periodicidad el informe de ejecución de inversiones estatales por territorios, una petición que se suma a la de la Generalitat. "Hay que lamentar el hecho de que el gobierno del Estado haya dejado de publicar la distribución territorial de la inversión del sector público central", puede leerse en el manifiesto, donde se reclama que el ejecutivo español "publique los datos que se esperaban en mayo" y que "las siga publicando con el mismo formato y periodicidad".

Más allá del sistema de financiación, que es lo que permite que las administraciones autonómicas reciban recursos para elaborar sus propios presupuestos, el manifiesto también critica la falta de inversión en Cataluña por parte del presupuesto del gobierno español. "La inversión total del conjunto del sector público en Cataluña se sitúa sistemáticamente por debajo del peso de Cataluña en el PIB y también de lo que le correspondería por índice de población", dice el documento. La inversión total incluye tanto el dinero que recauda la Agencia Tributaria española y se transfiere a la Generalitat por el sistema de financiación como el que gasta directamente el ejecutivo español en Catalunya.

Retorno de las balanzas fiscales

Las patronales y entidades empresariales firmantes del manifiesto también reclaman que Hacienda "haga pública toda la información necesaria para poder conocer las balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas con el Estado". Las balanzas fiscales permitirían saber cuánto dinero aportan los ciudadanos de cada autonomía al presupuesto estatal y cuánto reciben a cambio. Por ejemplo, según cálculos de la Generalitat, entre los años 2019 y 2021 Catalunya aportó 63.000 millones de euros a las arcas del Estado que no devolvieron, lo que representa, de media, 8.133 euros por catalán.

De momento, sólo los gobiernos del PP publicaron datos de balanzas fiscales para los ejercicios entre 2014 y 2017, pero con un sistema de cálculo propio elaborado por el economista Ángel de la Fuente –actualmente director ejecutivo de Fedea, un think-tank económico financiado por el Banco de España y algunas grandes compañías españolas, como CaixaBank, BBVA, ACS o el Sabadell, entre otros– distinto a los dos métodos que se utilizan en la mayoría de países (el de flujo monetario y el de carga -beneficio). La actual ministra María Jesús Montero, socialista, se negó a publicar las balanzas de 2018 y anunció que a partir de 2019 ya no se elaborarían.

El proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2024 que acaba de presentar el Govern cifra en 21.982 millones de euros el déficit fiscal de Cataluña con el Estado en 2021, lo que representa un 9,6% del PIB catalán, e indica que de media entre 1986 y 2021 el déficit fiscal se ha situado en el 8,1% del PIB.