El efectivo se limita a 1.000 euros: la nueva ley contra el fraude fiscal en cinco puntos

BarcelonaLa nueva ley contra el fraude fiscal está a un paso de hacerse efectiva. Cuanto menos, este martes ha superado uno de los últimos escollos: ser aprobada por la comisión de hacienda del Congreso de Diputados. Ahora, a esta norma pensada sobre todo para combatir la economía sumergida y reducir las posibilidades de eludir el pago de impuestos, solo le queda pasar por el Senado. Este será el órgano encargado de su tramitación. Pero, ¿como queda al final el texto? ¿Qué cambia la nueva ley?

Limita más los pagos en efectivo

Las transacciones en metálico a empresas podrán ser de máximo 1.000 euros

Partiendo de la premisa que el uso de dinero en efectivo facilita que haya fraude, el gobierno reduce todavía más la cantidad máxima permitida. Si hasta ahora se podían pagar hasta 2.500 euros en efectivo, a partir de ahora el tope se sitúa en los 1.000 euros. Esto, siempre que haya una empresa o un profesional involucrado en la transacción. De hecho, a pesar de que de entrada el texto solo obligaba a aplicar este límite a las operaciones entre empresas, finalmente los particulares también están incluidos cuando estén pagando a una empresa.

Los pagos en efectivo entre particulares, en cambio, pueden seguir siendo de 2.500 euros como máximo. Esta decisión la justificaba el mismo departamento de Hacienda explicando que quieren minimizar el impacto de una medida así en las pequeñas economías domésticas. Con todo, las condiciones sí que cambian un poco si el particular tiene el domicilio fiscal fuera de España. En este caso, el pago máximo en efectivo tendrá que ser de 10.000 euros, en lugar de los 15.000 que se permitían hasta ahora.

Acaba con las amnistías fiscales

Se elimina el mecanismo extraordinario para perdonar deudas a grandes patrimonios

Otro punto importante de la nueva ley es que se acaban las amnistías fiscales. Se trata de mecanismos extraordinarios mediante los cuales se perdona parte de la deuda que una persona o entidad tiene con las arcas públicas. En España, esta herramienta solo se ha utilizado tres golpes: Mariano Rajoy en 2012 y Felipe González en 1991 y en 1984. Según manifiestan desde el gobierno, las amnistías fiscales se eliminan para evitar los agravios comparativos con los “millones de españoles que cumplen disciplinadamente con sus obligaciones fiscales”. Sobre todo porque quien se han beneficiado más son las grandes fortunas y patrimonios.

Recupera las inspecciones sorpresa

Un inspector podrá visitar la empresa sin previo aviso pero le hará falta una autorización judicial

La nueva ley contra el fraude fiscal restablece la capacidad de la Agencia Tributaria de hacer inspecciones sorpresa a las compañías. Esta decisión llegaba al Congreso acompañada de cierta polémica. El Tribunal Supremo había puesto en entredicho que un inspector pudiera entrar en casa de alguien o en una empresa sin tener muy claro el objetivo de la inspección y solo justificando que la persona o empresa investigada tributa por debajo de la media del sector. Es por eso que finalmente se ha añadido un matiz: este procedimiento, sea o no sorpresa, tendrá que contar siempre con una autorización judicial. Este aval, además, tendrá que especificar muy bien los impuestos y los periodos a los que hace referencia la inspección.

Amplía el listado de morosos

A partir de ahora aparecerá también quién deba de más de 600.000 euros

Una vez se apruebe definitivamente la nueva ley, el listado de morosos será más largo de lo que es normal. Hasta ahora, el nombre de una persona aparecía en esta lista cuando su deuda era superior al millón de euros. Ahora, este límite se baja hasta los 600.000 euros. “El objetivo es fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores”, resumía el ministerio de Hacienda al presentar el texto original.

Endurece las condiciones para las sicav s y las socimis

En las primeras establece un mínimo de dinero para acceder y en las segundas incrementa una tributación

Las sicav son, muy en resumen, empresas que gestionan el dinero y las inversiones de varios inversores. Precisamente una razón por la cual las personas interesadas en invertir utilizan un vehículo como este son las ventajas fiscales vinculadas a ellas. Eso sí, siempre que haya un capital mínimo. Esto seguirá siendo así, pero para evitar que las sicav abran las puertas a pequeños inversores solo para llegar a este mínimo, la nueva ley obligará no con solo que haya un mínimo de 100 socios (como hasta ahora) sino que cada uno tenga acciones por valor de un mínimo de 2.500 euros. 

En cuanto a las socimis, que son empresas que se dedican a invertir en el mercado inmobiliario, el cambio es que hay unos beneficios determinados (los no distribuidos) que pasan a tributar al 15% cuando antes lo hacían al 0%.