Inmigración: retos y oportunidades

Entre 2019 y 2023 el número de personas migrantes en los países de la OCDE ha aumentado casi un 30%. Se trata, por tanto, de un fenómeno global que ha sido particularmente intenso tanto en Cataluña como en el conjunto del Estado: tres de cada cuatro puestos de trabajo creados entre 2019 y 2024 han sido ocupados por personas nacidas en el extranjero. Se calcula que el 31% de la población de Cataluña en edad de trabajar y el 42% entre los 30 y 44 años han nacido fuera de España, y que el 40% de la población infantil de Cataluña (entre 0 y 4 años) tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero. Estamos frente a un cambio estructural que reclama un debate informado y sereno, confrontando las opiniones con los hechos.

Además de global, es también un fenómeno multidimensional, con derivadas sociales, culturales, lingüísticas y económicas. Desde una perspectiva económica se ha acusado históricamente a los inmigrantes de quitar los puestos de trabajo a los nativos y de presionar los salarios a la baja. Estos argumentos están desacreditados: parten de la base de que existe un volumen fijo de trabajo a repartir –no es cierto– y obvian el hecho de que mayoritariamente los inmigrantes tienden a desempeñar los trabajos que los nativos no quieren. Actualmente, los argumentos económicos más utilizados contra la inmigración son tres: el primero, que los inmigrantes reciben en forma de prestaciones públicas más de lo que aportan a los ingresos del Estado; el segundo, que representan un freno al crecimiento de la productividad y, por último, que son responsables del fuerte aumento de los precios de la vivienda. Repasémoslos uno por uno.

Respecto al primer argumento, los trabajadores extranjeros están más representados en las franjas en edad de trabajar que los nativos y, por tanto, los primeros años son contribuyentes netos a la sanidad y las pensiones. A largo plazo, en cambio, los inmigrantes también envejecerán y, como consecuencia, harán un mayor uso de la sanidad y cobrarán las pensiones que han devengado. Teniendo en cuenta estos efectos contrapuestos, los estudios que han analizado el impacto neto de la inmigración sobre el gasto público en distintos países llegan a la conclusión de que los inmigrantes menos cualificados aportan menos a los ingresos de lo que reciben en forma de prestaciones a lo largo del ciclo vital, y por el contrario en el caso de los más calificados. Ahora bien, la naturaleza redistributiva de los estados del bienestar implica, a grandes rasgos, que el 60% de la población con menor renta es receptora neta de recursos, mientras que el 40% con mayor renta es aportadora neta. Y este resultado se reproduciría con o sin inmigración, como resultado de una fiscalidad progresiva diseñada para reducir las desigualdades en la distribución de la renta.

Por otra parte, el argumento anterior no tiene en cuenta otros efectos económicos netamente positivos asociados con la inmigración. Por ejemplo, el aumento del mercado permite ganar economías de escala y facilita la especialización de quienes ya eran residentes en el país en tareas y actividades de mayor valor añadido, con un impacto positivo sobre los ingresos públicos. Es decir, nativos y extranjeros arraigados en el país pasan a ocupar sitios más productivos y mejor remunerados, a consecuencia del crecimiento económico que hacen posible una parte de los recién llegados ocupando las posiciones menos calificadas. Los estudios que tienen en cuenta estos efectos colaterales realizan una valoración más positiva del impacto de la inmigración sobre la hacienda pública.

En cuanto al impacto de la inmigración sobre la productividad agregada dependerá de su peso relativo en sectores más o menos intensivos en capital humano y tecnológico. Es importante destacar que la inmigración es cada vez más importante para poder cubrir puestos de trabajo de alta calificación, aunque sigue siendo mayoritaria en las ocupaciones menos calificadas. También hay que decir que, si se hacen bien las cosas, los hijos de los trabajadores inmigrantes menos cualificados de hoy serán los profesionales cualificados de mañana. Lo que no deberíamos aceptar son las situaciones de explotación: hay que pagar por los servicios y productos que consumimos lo que cuestan para asegurar un nivel de vida digno a aquellos que los producen, vengan de donde vengan. Los puestos de trabajo con una productividad insuficiente para garantizar una remuneración acorde a este nivel mínimo no deberían existir en nuestra sociedad.

Por último, existe suficiente evidencia comparativa a escala internacional para concluir que el aumento de la inmigración ha sido uno de los factores que han impulsado al alza los precios de la vivienda en muchos países últimamente. Ahora bien, éste no ha sido el único factor, ni tampoco el más importante. La deficiente regulación del sector, que dificulta el ajuste de la oferta a una demanda creciente, ha contribuido a ello en mayor grado. De hecho, el aumento de la oferta de vivienda en los próximos años requerirá cubrir una parte importante del déficit de fuerza de trabajo especializada con inmigración; lo que podría hacer temer un efecto en espiral: necesitamos inmigrantes para construir, que a su vez pedirán más vivienda y harán necesaria aún más inmigración.

El efecto espiral no es inevitable, pero sí habrá un efecto composición, con la participación creciente de los inmigrantes en determinados sectores de actividad. Y este efecto composición es compatible con una población total estacionaria o que crece moderadamente, mediante una adecuada planificación y regulación. La inmigración es un reto que no podemos ignorar, pero también una oportunidad para prosperar colectivamente. Para hacer frente al reto y aprovechar la oportunidad será necesario mantener la sociedad cohesionada en torno a unos valores básicos compartidos, más allá del cálculo económico. La inmigración nos transformará profundamente como país, y debemos conseguir que sea hacia mejor.