La productividad en Cataluña: entre el crecimiento coyuntural y los desafíos estructurales
La economía catalana vive un momento aparentemente dulce. Con un crecimiento del PIB del 3,6% en 2024, cuatro veces superior al de la eurozona, Cataluña se consolida como motor de crecimiento de España. Sin embargo, esta bonanza coyuntural esconde una realidad más compleja que merece una reflexión profunda: el problema estructural de la productividad, piedra angular sobre la que debe construirse cualquier estrategia de prosperidad sostenible. La paradoja del crecimiento sin productividad viene reflejada en el dato más revelador de la situación actual, que es que, pese al vigoroso crecimiento económico, la productividad total de los factores (PTF) en Catalunya contribuyó negativamente (-0,2 puntos) al crecimiento del PIB en 2023. Esto significa que el crecimiento se basa fundamentalmente en la acumulación de factores productivos –más que mejor, más trabajadores, más trabajadores; su reflejo en la evolución de la renta per cápita. España, en su conjunto, ha experimentado una caída del 7,3% en su PTF entre 2000 y 2022, mientras que en Estados Unidos crecía un 15,5%, Alemania un 11,8% y Francia un 12,7% en el mismo periodo.
Sin productividad, el crecimiento económico resulta insostenible porque depende únicamente del incremento de los factores de producción, algo que tiene límites evidentes en una sociedad envejecida como la catalana y española. La brecha internacional pone de manifiesto un diagnóstico preocupante. Los datos de productividad por hora trabajada son igualmente elocuentes. España, lejos de reducir la brecha, se ha mantenido prácticamente inalterada en las últimas dos décadas, evidenciando un problema estructural que trasciende los ciclos económicos.
Una de las raíces destacadas del problema se encuentra en la desindustrialización y especialización. El análisis de las causas estructurales revela varios factores interconectados. Primero, el proceso de desindustrialización ha sido particularmente intenso en Cataluña. Entre 1999 y 2019, el país perdió 12.248 empresas del sector industrial manufacturero (35,7% del total) y 140.932 ocupados (26,1%). Y ha debilitado al conjunto del sistema productivo. Segundo, la especialización sectorial española sigue penalizando la productividad, con baja participación de sectores intensivos en conocimiento que limita las posibilidades de convergencia con las economías más avanzadas. Tercero, el menor tamaño empresarial español condiciona las ganancias de productividad. Mientras que en España en torno al 35% del empleo está en empresas de más de 50 empleados, en Alemania esta proporción es del 66%. Las mayores empresas tienen mayor capacidad para invertir en I+D+i, digitalización y formación, factores clave para los incrementos de productividad.
Los informes de Enrico Letta y Mario Draghi ofrecen un marco estratégico fundamental para entender los desafíos europeos y, por extensión, catalanes. El informe Draghi identifica tres transformaciones clave: innovación, descarbonización y seguridad económica, señalando que Europa debe cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, tener un plan coherente de descarbonización competitiva e incrementar la seguridad reduciendo dependencias externas. Para Cataluña, cabe destacar que la política industrial es una necesidad estratégica y resulta conveniente articularla bajo un amplio pacto con los agentes económicos y sociales. El momento coyuntural dulce proporciona un cierto confort para acometer las necesarias reformas estructurales que conduzcan hacia la mejora de la productividad. Sin embargo, este mismo éxito coyuntural puede generar complacencia y retrasar las reformas necesarias.
Por eso resulta esencial desarrollar una posición activa políticamente que estructure un plan de mejora de la productividad, porque será esta mejora a largo plazo la que garantizará no sólo mejores salarios, sino también la que permitirá tener unos fundamentos fuertes en los que asentar la sociedad del bienestar. Por eso es imprescindible un marco institucional de desarrollo de la política de fomento de la productividad, y hacerlo desde un ejercicio de responsabilidad política, con el concurso de los agentes económicos y sociales, potenciando el diálogo social y las formas con las que hacer crecer nuestra productividad y repartirla entre todos. Esto pasa por una reindustrialización inteligente, la digitalización, la inversión en I+D+i, por potenciar el capital humano mediante la formación y la atracción de talento y por favorecer el incremento del tamaño empresarial.