Endurecen un 20% las multas por infracciones laborales del teletrabajo, que pueden llegar al millón de euros

MadridEl Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la ley del teletrabajo, que afecta a los trabajadores siempre que hagan un mínimo del 30% de la jornada semanal a distancia y por un periodo mínimo de tres meses. La norma obliga a las empresas a hacerse cargo de los gastos de los trabajadores a distancia, garantiza los mismos derechos para los teletrabajadores que los empleados que están en la oficina y prevé sanciones elevadas para las empresas incumplidoras. La ley, que entrará en vigor en octubre, también deja claro que el teletrabajo es voluntario y hará falta que la empresa y el trabajador firmen un contrato para establecer las condiciones.

La norma se había tramitado como proyecto de ley, lo cual ha permitido introducir enmiendas. Entre las novedades, destaca el endurecimiento de las sanciones por infracciones en materia laboral que impone la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, hasta un máximo de casi un millón de euros (983.736 euros). Es un aumento del 20% respecto al texto inicial, gracias a una enmienda de los partidos que forman parte del gobierno español, PSOE y Unidas Podemos. La última revisión de este tipo de sanciones era del 2007.

ERC también ha conseguido introducir cuatro enmiendas en la nueva ley, que incluyen la regulación del trabajo a distancia por parte de personas con discapacidad para evitar la exclusión y que se considere el domicilio de referencia el que figure en el contrato de trabajo o, en su defecto, el domicilio de la empresa o centro físico de trabajo a la hora de considerar la autoridad laboral competente y los servicios y programas públicos de fomento de ocupación aplicables.

Ley contra el fraude fiscal

El Congreso también ha aprobado este martes, antes de enviarla al Senado, la ley contra el fraude fiscal, que prevé la prohibición de las amnistías fiscales y actualiza el concepto de paraísos fiscales para adaptarlo a la definición de la Unión Europea y de la OCDE. El gobierno español preveía recaudar casi 800 millones de euros anuales, a pesar de que este año la cifra será sensiblemente menor porque la aprobación de la ley llega más tarde de lo previsto. Finalmente, se ha aprobado la enmienda que prevé las polémicas inspecciones sorpresa de la Agencia Tributaria.

Además, una enmienda presentada por el PDECat a la ley contra el fraude fiscal en el Congreso deja sin efecto el aumento del impuesto de matriculación vigente desde el 1 de enero que entró en vigor por una nueva normativa europea que mide las emisiones de gases contaminantes. La enmienda hace una corrección técnica de los tramos de emisiones de dióxido de carbono (CO2) a los cuales se aplican los diferentes tipos del impuesto para adaptarlos al nuevo sistema establecido por la Unión Europea (UE).