El diálogo social será un paso imprescindible para la subasta de la eólica marina en la Costa Brava
La ministra de Transición Ecológica aseguró que se priorizarán las zonas con "mejor acogida"
MadridEl consejo de ministros de este martes ha aprobado un importante paquete legislativo en materia energética que incluye el real decreto en el que se regula la eólica marina y las energías renovables del mar; el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, y finalmente el proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y sacar la supervisión de los mercados energéticos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Se trata de uno de los últimos consejos de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, después de que Von der Leyen lo haya elegido para ocupar un cargo clave en la nueva Comisión Europea. De esta manera, Ribera encarrila todos los deberes pendientes antes de dar el salto definitivo a Bruselas.
Diálogo social en la eólica marina
De entrada, en cuanto a la regulación de la eólica marina y las energías renovables del mar, todavía habrá que esperar unos días para conocer la letra pequeña del marco normativo (hay que publicar el real decreto en el Boletín Oficial del Estado). Sin embargo, el ministerio de Transición Ecológica ya ha avanzado que el diálogo social será un paso previo imprescindible a la hora de abrir los concursos o subastas de las zonas donde se podría instalar esta tecnología renovable, como es el caso de la Costa Brava Norte.
En concreto, se abrirá una fase de diálogo público entre los promotores interesados en instalar un proyecto de eólica marina y los actores afectados, como pueden ser vecinos, pescadores e incluso agentes turísticos, entre otros. Durante este proceso se podrá discutir sobre las "áreas de ubicación y los requisitos del concurso, los elementos de diseño, construcción, explotación y desmantelamiento de las instalaciones o los criterios de ponderación", según detalla el ministerio de Transición Ecológica en un comunicado.
Una vez se celebre el diálogo social, se aprobará una orden ministerial en la que se convocará el concurso donde podrán concurrir las empresas interesadas en instalar esta tecnología. En el caso de la Costa Brava, por ejemplo, ya se han puesto hasta seis proyectos sobre la mesa. En este concurso, aparte de determinar los promotores ganadores, se establecerán cuestiones como el calendario de instalación del parque, la potencia máxima a instalar, el acceso a la red eléctrica y la ocupación espacio marítimo-terrestre durante 30 años. Asimismo, podrán recibir "modificaciones" fruto de la conversación entre las empresas y la ciudadanía. Como norma general, el promotor deberá cumplir con criterios económicos, que tendrán un peso de un 70%. Pero también habrá "criterios no económicos" que podrán suponer "a lo sumo" un 30% de la ponderación. La evaluación de las solicitudes de los promotores, y por tanto la decisión final sobre el concurso, corresponderá a una comisión técnica integrada por el ministerio de Transición Ecológica y otros departamentos implicados como el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o el de Transportes.
"Hace un año aprobamos el plan de ordenación de los espacios marinos y con este real decreto completamos un aspecto clave. El 0,46% del espacio marino [español] podría llegar a ser superficie para desarrollar polígonos de energía eólica offshore [marina]", ha apuntado Ribera en rueda de prensa este martes. La ministra también ha destacado que se priorizarán aquellas zonas en las que la eólica marina tenga "mejor acogida".
Hoja de ruta energética hasta 2030
El gobierno español también ha aprobado el definitivo Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030, la hoja de ruta en lo que respecta a la política energética y climática del Estado hasta el año 2030. El documento, que ahora debe enviarse a Bruselas (previsiblemente será la propia Ribera quien la evalúe más adelante), mantiene el objetivo de producir el 81% de la electricidad a través de energías renovables en el año 2030, así como la ambición de que hasta un 50% del total de la energía que se consuma en el Estado sea "autóctona", de forma que caiga la dependencia en otros países. En cuanto a la inversión, asciende a 308.000 millones de euros las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos recogidos en el plan.
Recuperación de un regulador exclusivo para los mercados energéticos
Por último, el gobierno español ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como regulador del sector, de tal modo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) perderá las competencias actuales de supervisión de los mercados energéticos. Ahora la norma da el salto al Congreso de los Diputados. La CNE desapareció en el 2013, cuando el gobierno del PP decidió integrar en la CNMC a los distintos reguladores. "Es un órgano capital", ha defendido Ribera.