Cuando Red Eléctrica también formó parte de la euforia de las liberalizaciones en el Estado

MadridMás allá del papel que haya podido tener Red Eléctrica de España (REE) en su origen –todavía por descifrar– de el apagón eléctrico del pasado 28 de abril, el foco sobre el operador del sistema eléctrico español también ha salpicado su estructura: hoy es una empresa privada en la que un 20% del capital está en manos del Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero años atrás estuvo bajo control público y la izquierda en el Congreso de los Diputados –desde Sumar, socio minoritario en el ejecutivo español, hasta ERC, EH Bildu y el BNG– no sólo no ha tardado en recordarlo, sino que ya ha planteado que se recupere ese modelo.

De entrada, debe tenerse en cuenta que Red Eléctrica de España asume las funciones de operador del sistema eléctrico (OS), pero también es la única propietaria de las redes de transporte de alta tensión (líneas, transformadores, estaciones de transformación...) y, por tanto, de su gestión. Así pues, es un TSO (por sus siglas en inglés): transportista y operador del sistema eléctrico. Desde el verano de 2022, Red Eléctrica es una filial de Redeia, una marca creada para aglutinar otras actividades, por ejemplo, del sector de las telecomunicaciones (Reintel) o el espacial (Redeia controlaba el 89% de Hispasat, el operador español de satélites, hasta que en enero se lo vendió a Indra).

¿Qué dice por ahora el gobierno español?

"Red Eléctrica es jurídicamente privada", defendía la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, la semana pasada en el Congreso de los Diputados, cuando era interpelada, precisamente, sobre el papel del gobierno español en la empresa. Días antes, Pedro Sánchez había hablado directamente de "operador privado". Pero a Aagesen no le pasaba por alto su papel estratégico, y también se referiría a la "protección" de la que goza la compañía. "[Red Eléctrica] Se protege con la protección de su independencia al ser un servicio especial, haciendo que ninguna empresa pueda tener más de un 5% [del capital social] y que los derechos políticos del accionariado sólo puedan votar hasta un 3%", explicaba la ministra. En cambio, el Estado tiene lo que se llama "acción de oro" o poder de veto, a más del 20% del capital, lo que le permitió designar a la actual presidenta, la exministra socialista Beatriz Corredor.

Sin embargo, la portavoz del ejecutivo español, Pilar Alegría, esquivaba contestar en el último consejo de ministros si, a raíz del apagón eléctrico y las exigencias de los socios de la izquierda, había sobre la mesa un replanteamiento de la estructura actual de Red Eléctrica: "Ahora tenemos que poner los esfuerzos en saber. En cualquier caso, fuentes del ejecutivo español reconocen que el debate es "interesante".

Época de privatizaciones

Red Eléctrica de España no escapó de la euforia privatizadora del Estado de finales de siglo XX. El proceso de salida del capital público comenzó en 1999. La SEPI, bajo la presidencia de Pedro Ferreras, designado por el gobierno de José María Aznar (PP), tenía entonces más del 60% de Red Eléctrica y empezó a deshacerse con cuentagotas hasta sacarse de encima a más de un 35% del capital. El holding público había entrado en 1997, momento en el que tomó impulso la liberalización de Endesa (que era quien tenía el grueso del capital a través de filiales). En 2005 el Tribunal de Cuentas denunció en un informe sobre las operaciones de la SEPI entre 1996 y 2002 que esa operación se había realizado "con una falta de claridad y transparencia" y en "beneficio" de las compañías del sector eléctrico.

Hoy, más allá del Estado, Red Eléctrica cuenta con un 70,22% de capital flotante (free float), un 5% está en manos de Pontegadea Inversiones (el fondo de inversión de Amancio Ortega, fundador de Inditex) y un 4,64% está en manos de Blackrock. El capital social de la compañía asciende a 270.540.000 euros, mientras que la capitalización es de 9.699 millones de euros.

División del negocio

Sin embargo, la pata de Red Eléctrica que está en el punto de mira en cuanto a un posible control por parte del Estado es la que se dedica a operar el sistema eléctrico, es decir, la que se dedica a velar por el normal funcionamiento diario del sistema eléctrico (la seguridad del suministro y la coordinación entre producción y transporte de electricidad) pero también planifica las inversiones que necesita el sistema a medio y largo.

La unión de ambas funciones (operador y transportista) significa, básicamente, que el organismo (en este caso Red Eléctrica) que estudia y prioriza las inversiones necesarias en el sistema eléctrico es también el titular de los activos o las infraestructuras (la red de transporte de alta tensión) sobre los que impactan las inversiones. De hecho, Sumar, el socio minoritario en el ejecutivo español, no sólo ponía el foco en que la SEPI "tenga mayor participación pública", sino en la separación del negocio: "[Gestionar el sistema y hacer de transportista] Son funciones que generan necesidades contradictorias", afirmaba el portavoz del partido, Ernest Urtasun.

Se trata de un debate nada resuelto, aunque fuentes del sector eléctrico indican que separar estas funciones podría "reducir el riesgo" de que se prioricen intereses de otros actores, como las empresas generadoras y distribuidoras, o del propio TSO. En cambio, podría "favorecerse" una visión más neutral, indican las mismas fuentes. En verano del pasado año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó a Red Eléctrica reforzar la separación de sus funciones como transportista y operador del sistema para evitar "sobreinversiones". El ente que preside Cani Fernández indicaba que la unión de ambas tareas podía ser un riesgo en un momento de incremento de las inversiones por la entrada de renovables y la adaptación del sistema eléctrico a estas tecnologías.

En cualquier caso, en el resto de Europa el modelo que reina es el de TSOs, es decir, el mismo que Red Eléctrica: algunos ejemplos son RTE en Francia, Elia en Bélgica, Amprion en Alemania, TenneT en los Países Bajos, TransnetBW también en Alemania, TERNA en Italia y Swissgrid en Suiza. En cambio, en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y, más recientemente, en Reino Unido el modelo es separado. Sin embargo, un modelo separado de las funciones en las que la gestión o la operación del sistema estuviera bajo control público –un planteamiento que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, puso sobre la mesa pero no prosperó– no resolvería en manos de quienes deben estar las infraestructuras.