Las dos décadas de euforia privatizadora en el Estado
En los años 80 España tenía más de 130 empresas públicas estatales directas
"Será la operación más grande realizada hasta ahora en España e implicará la pérdida de la mayoría pública en la empresa eléctrica". Así se registró en 1997 la autorización de la venta de un 35% del capital público de Endesa por parte del consejo de ministros, presidido en ese momento por José María Aznar (PP). "Permite seguir el calendario de privatizaciones que se ha marcado el gobierno y que, en el caso de Endesa, si los mercados lo permiten, se quiere completar a lo largo de 1998 para que el capital esté completamente privatizado. Se puede decir que [la privatización del sector público industrial] ha cogido velocidad de crucero", añadiría horas más tarde el entonces ministro de Industria, Josep Piqué. Con el paso de los meses, las dos predicciones –tanto la de la venta total de Endesa como la rapidez a la hora de vender empresas públicas a manos privadas– se acabarían cumpliendo. "Con perspectiva, algunas cosas quizás no las haría igual, pero sustancialmente lo volvería a hacer", dice hoy Piqué en una conversación telefónica con el ARA sobre aquellas decisiones.
Los años álgidos de privatizaciones fueron los del gobierno del Partido Popular (1996 -2005), pero ya desde 1985, bajo el gobierno de Felipe González (PSOE), se estaba cocinando la liberalización de múltiples empresas de diferentes sectores. De hecho, la presencia del Estado en el sector del automóvil desapareció antes de 1996. El PSOE ya había privatizado una treintena de empresas a través de la venta directa de acciones, y también había puesto en el mercado paquetes de acciones de compañías públicas. Ahora bien, a pesar de aquellas operaciones, en la gran mayoría de compañías seguía habiendo un "control público" porque el ejecutivo mantuvo una parte de las acciones, como recuerda el catedrático de Economía Financiera de la Universitat Autònoma de Barcelona Joaquim Vergés. La apoteosis llegaría después, de 1996 a 2005, cuando se vendieron más de 45 empresas y en la mayoría de casos el Estado dejó de estar en ellas. En total, fueron dos décadas de euforia privatizadora en las que el sector del textil, el energético y el de las telecomunicaciones fueron perdiendo "las joyas de la corona", como se denomina en el argot económico a Repsol, Telefónica, Tabacalera o la propia Endesa.
Las privatizaciones se tradujeron en una vía rápida para obtener ingresos, "maquillar las cuentas públicas y reducir el déficit", explica la doctora en Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela Carmela Sánchez. Solo a través de la última venta de acciones de Endesa, todavía en manos del Estado en 1998, se obtuvieron más de 6.500 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas. Si bien hay un "componente ideológico" a la hora de sacar adelante las operaciones (el PP, por ejemplo, lo recogía en su programa electoral), la entrada de España en el euro fue "un elemento clave para entender todo el proceso", puntualiza Sánchez, que recuerda que el fenómeno también se produjo en más países europeos. Joaquim Vergés explica que había que reducir la deuda y el déficit "para cumplir los requisitos" marcados por Europa.
Activos "infravalorados"
Desde 1995 hasta hoy, es la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) la que mantiene una parte del capital de un buen grupo de empresas clave. Es heredera del Instituto Nacional de Industria (INI) y actualmente está adscrita al ministerio de Hacienda. La espiral alcista de los precios de la luz ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre el papel del estado en algunos sectores estratégicos como el de la energía. "Ahora nos lamentamos de cómo fue el proceso de privatización", reflexiona Sánchez. El economista recuerda que si bien lo que hacía Aznar era aplaudido, "con los años se han visto las deficiencias", y explica que la concentración de las ventas de empresas públicas en pocos años permitió obtener ingresos rápidos pero a la vez reducidos. "Cuando pones el precio de venta tienes que valorar los beneficios que dejarás de recibir y, en ese momento, la valoración no se hizo bien. Con los beneficios de los primeros años las empresas ya llegaron al precio al que las habían comprado. Se infravaloraron los activos públicos", concluye la investigadora. Piqué lo rebate: "Se optó por OPVs, que fuera el mercado quien fijara el precio, y el mercado pagaba lo que consideraba conveniente. No conozco un mecanismo más eficiente. Claro que las empresas evolucionan, pero el precio de salida era un precio objetivo".
"No prever qué puede pasar después" es el error que, según Sánchez, ha cometido España. Pone el ejemplo de países europeos o de Japón: "Cuando ahí se privatizaron empresas que se habían levantado o saneado con dinero público, se impusieron condiciones para no descapitalizarlas o para que la inversión y la innovación continuaran". Además, para los que conocen de cerca aquellos años, no solo hubo un problema de "infravalorización", sino también de "socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios", explica Vergés, que añade que muchas empresas habían recibido dinero público para hacerlas atractivas a los inversores.
"Sanear, consolidar, privatizar"
De hecho, "sanear, consolidar, privatizar" era el lema de uno de los grandes artífices en la sombra de toda aquella retahíla de privatizaciones: Pedro Ferreras Díez, un abogado que, a pesar de ser nacido en León, "se lo consideraba catalán", según apunta la prensa de la época. Ferreras hacía vida en Barcelona y fue Piqué quien lo llevó a Madrid. Fue nombrado presidente de la SEPI y en tan solo cinco años vendió 35 empresas. Quien lo conoció durante aquellos años apunta que "era discreto" y no destacaba por sus apariciones públicas. Ahora bien, sí era conocido por una frase: "Aquí no hacemos política, aquí hacemos empresas". La recogía un artículo de El País del año 2000. "Fue una persona clave", reconoce Piqué.
Tanto Vergés como Sánchez coinciden en decir que probablemente ahora el debate público sobre la privatización de las empresas sería diferente. "En ese momento no había debate, pero tampoco había internet ni acceso a tanta información como ahora. Aquello se llevaba en el consejo de ministros y con poca transparencia", reflexiona Sánchez, que recuerda que cuando llegó la empresa pública italiana Enel (en 2009, bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero) y absorbió a Endesa, "todo el mundo se puso las manos en la cabeza".
