España, en la cola de Europa en la representación de los trabajadores dentro de la empresa

MadridDemocratizar la gobernanza –toma de decisiones– de las empresas. Es la bandera que hace casi un año levantó la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la creación de un grupo de expertos para que pusieran negro sobre blanco cómo se podía mejorar la representación y participación de los trabajadores en los órganos de poder de las compañías, empezando por los consejos de administración. El mandato era plantear las líneas maestras de una reforma que garantice el acceso de los empleados a estos espacios e incluso a la propiedad de la empresa.

Después de meses de investigación, el comité no sólo ha dibujado las bases de esta futura ley, sino que también ha constatado que España está en la cola de la Unión Europea en cuanto al reconocimiento de los trabajadores en términos de representación, participación y acceso a la propiedad a las compañías. Esta es una de las principales conclusiones del informe de casi 500 páginas que el comité ha elaborado y presentado este lunes, de la mano con la ministra de Trabajo. "En España seguimos anclados a un modelo donde la representación [de los trabajadores a las empresas] es débil", ha afirmado Díaz, quien ha defendido dar "un paso adelante" en la democratización de las empresas. "Una democracia que se detiene a las puertas de los centros de trabajo es una democracia incompleta", reiteró.

Para afirmar que el Estado se encuentra en la cola de Europa, el grupo de investigadores ha comparado la legislación española con la del resto de países europeos. En la mayoría, además del derecho a la información ya la consulta de los empleados, se reconoce legalmente "el derecho de las personas trabajadoras a estar representados en los consejos de administración de las empresas ya participar en las decisiones estratégicas a nivel de gobierno corporativo, una práctica conocida como cogestión", destacan los expertos. "En 13 de los 27 países europeos, estos derechos se extienden tanto a las empresas privadas como a las públicas. España se sitúa en un grupo minoritario de 6 países donde estos derechos sólo se reconocen, y de forma débil, en las empresas públicas", concluye el informe.

Los expertos recomiendan al gobierno español que adopte el modelo de cogestión y proponen que en empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores un tercio de las sillas del consejo de administración las ocupen empleados. En empresas mayores deberían ocupar la mitad de los puestos de este órgano de dirección.

¿Propiedad en manos de quién?

Pero los investigadores no sólo han puesto el foco en los espacios de poder, sino también en el acceso a la propiedad de la empresa. En este sentido, plantean un plan para que los empleados controlen una parte de las acciones de las empresas: al menos un 2% de las acciones en las compañías que tengan a partir de 25 trabajadores. "Con un tercio de los propietarios empresariales [de pymes españolas] a punto de jubilarse, España necesita un plan para garantizar los activos productivos", afirmó la socióloga y coordinadora del comité de expertos, Isabelle Ferreras, quien esta semana presentará el informe en la Universidad Harvard.

Después de la presentación de este lunes, es el turno del diálogo social. Díaz quiere crear una mesa de negociación con las patronales y sindicatos mayoritarios para abordar esta reforma, que forma parte del acuerdo de gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. De hecho, la ministra justificó el cambio legislativo en la gobernanza de las empresas porque la Constitución lo recoge en su artículo 129.2, aunque no está desarrollado, señalan desde el ministerio. Sin embargo, Díaz no se ha mojado con un calendario y ha asegurado que quiere que sea en un "periodo breve de tiempo". También ha recordado que algunas compañías operan ya bajo un modelo de cogestión –es el caso, por ejemplo, de muchas cooperativas o incluso de la empresa pública Navantia–. "No se ha roto nada", ha defendido.