España y los Países Bajos piden juntas la flexibilización de las normas fiscales europeas

LuxemburgoImportante gesto político de una extraña pareja de baile en Europa en un momento de inflación desbocada por la guerra en Ucrania y de miedo a una nueva crisis económica. Los Países Bajos, que durante la negociación de los fondos antipandemia fueron uno de los muros más duros de escalar por el grupo de gobiernos del sur, ha realizado un importante cambio de posicionamiento. Tras un ligero cambio de pesos en la coalición neerlandesa de gobierno y del estallido de la guerra en Ucrania, La Haya se ha unido a España para pedir una reforma de las normas fiscales europeas que abre el camino al consenso en una de las cuestiones más divisorias en la Unión Europea: la política fiscal (es decir, el gasto, el déficit y la deuda). Ambos países proponen normas más simples, más personalizadas que permitan reducir la deuda de forma realista y priorizando inversiones esenciales como las ecológicas o digitales.

"La respuesta coordinada, rápida y adecuada a la pandemia [...] demuestra que podemos conseguir mucho más de forma colectiva que individual", arranca el texto que han presentado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y su homóloga neerlandesa, Sigrid Kaag. Defienden que con la guerra de Ucrania este enfoque de respuesta colectiva es "crucial" y piden "una reforma del marco fiscal que debería ayudar a reforzar la sostenibilidad fiscal de una forma más efectiva y eficiente", dice el texto, que recuerda que los niveles de deuda actuales son muy elevados en la mayoría de estados.

"El hecho de que sean dos países tradicionalmente identificados con posiciones divergentes en estas cosas enfatiza la necesidad de encontrar unidad y determinación para responder a estos retos", reivindicó Calviño. A su vez, Kaag reivindicó que es momento de no fijarse en las diferencias (que siguen existiendo) sino de intentar "construir a partir del amplio consenso" que aporta el documento.

Las discrepancias se mantienen

La Comisión Europea ya se propuso en 2019, antes de la pandemia, reformar el llamado Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento, que, entre otras cuestiones, fija un límite del 3% en el déficit público y del 60% en la deuda. Pocos eran los gobiernos satisfechos con estas normas, unos porque no se aplicaban estrictamente (norte) y otros porque las consideraban demasiado rígidas (sur). Con la pandemia, Bruselas las suspendió a través de la cláusula de emergencia y el objetivo era aprovechar la recuperación pospandemia para reformar las normas y reactivarlas.

El debate arrancó de nuevo en septiembre y, pese a respirarse un momento más propicio para el acuerdo, la tradicional división siempre se mantiene como mar de fondo. De ahí la importancia del gesto de España y Países Bajos. El lenguaje del texto es lo suficientemente amplio para contentar a todos y concretar poco, evitando profundizar en cuestiones como si es necesario eliminar los límites del 3% y el 60% o si hay que dejar exentas del recuento del déficit las inversiones que considera fundamentales, como las verdes o digitales. Preguntada por la cuestión, Kaag admitió que no es partidaria de este extremo, mientras que España se mostró a favor en otros casos. El texto aboga por "crear almohadas fiscales", pero a través de "estrategias de consolidación específicas de cada país que sean realistas, graduales y ambiciosas" y, además, compatibles con el crecimiento económico y la creación de empleo. Es decir, apoya a planes fiscales nacionales más personalizados a la situación de cada país europeo que, además, prioricen especialmente las políticas verdes y digitales, y el aumento del gasto en defensa al que se ha comprometido la UE después del estallido en la guerra de Ucrania.

Crear almohadas fiscales significa tener suficiente ahorro para afrontar choques económicos sin tener que estirar aún más la deuda, y en un contexto en el que Europa está a niveles cercanos al 100% del PIB en deuda esto solo se puede conseguir recortando el pasivo. Al mismo tiempo, esto debe lograrse a través de unos planes hechos a medida para cada país que no pongan en problemas la recuperación económica, como provocó la austeridad posterior a la crisis financiera de 2007, cuando las normas fiscales se impusieron de manera estricta a los países del sur obligándoles a realizar duros recortes. El texto remarca que para conseguir la "sostenibilidad fiscal" son necesarias "reformas económicas constantes, inversiones públicas de alta calidad y una mejor composición de las finanzas públicas para asegurar que la reducción de la deuda no se realiza solo a través de la consolidación presupuestaria", es decir, de recortar gasto. El texto se alinea, pues, con el enfoque que la Comisión Europea había propuesto hasta ahora: un retorno flexible a las normas, que, según La Haya y Madrid, además, deben ser más claras y "simples" para que el Consejo Europeo (el resto de gobiernos) y la Comisión puedan hacerlas cumplir.