A la espera de las ayudas de la DANA: "Las necesitamos y no nos están llegando a todos"

ValenciaRecibir una ayuda para afrontar todos los gastos que les vienen encima. Desde la mensualidad del alquiler o la hipoteca, a las reparaciones de las viviendas o compras de muebles y electrodomésticos. Más de un mes y medio después de que el pasado 29 de octubre la gota fría causara la muerte de 223 personas, la desaparición de otras tres e inundara decenas de miles de viviendas sólo en la Comunidad Valenciana, la inquietud por el futuro económico de muchas familias no deja de crecer.

Este desasosiego le conocen bien en la plaza de Europa, convertida en el centro neurálgico del municipio de Aldaia, uno de los más afectados por la DANA. Es el lugar escogido para situar las oficinas temporales de las entidades bancarias, pero también de Cruz Roja, que cada día atiende a decenas de ciudadanos que confían sumar la ayuda de la organización humanitaria a la de las diferentes administraciones. Pese al frío, las colas en las puertas de los tres módulos de acero galvanizado que ha instalado la entidad social no desaparecen. Ya hace días que alrededor de 1.700 vecinos de esta localidad y de las próximas de Alaquàs, Quart de Poblet y Manises, solicitaron las 20.000 tarjetas monedero de entre 657 y 1.977 euros por familia que Cruz Roja está repartiendo a los ciudadanos que han perdido todo lo que tenían. Son los bautizados como "vulnerables sobrevenidos", personas que hasta el día de la gota fría no pertenecían a ningún grupo de riesgo de pobreza, pero que desde entonces necesitan ayuda para salir adelante.

En todas las poblaciones, los que se llevaron la peor parte fueron aquellos que residían en las plantas bajas. Es el caso de Susana, que comparte vivienda en Aldaia con su marido y una hija de 29 años. Su situación es delicada, ya que ella es ama de casa y él está de baja médica. Con lágrimas en los ojos explica que hace casi un mes solicitó la ayuda de la Generalitat Valenciana y el gobierno español, pero que todavía no han recibido respuesta alguna. Tampoco ninguna ayuda del Ayuntamiento de Aldaia, ni de la Cruz Roja, que pidió hace dos semanas. Las dos mayores ayudas que espera son la autonómica y la estatal. La primera contempla 6.000 euros para muebles y electrodomésticos y un máximo de 800 euros mensuales para el alquiler. La segunda, entre 20.640 y 60.480 euros por daños en viviendas, 10.320 euros para electrodomésticos y muebles y posibilidad de pedir la suspensión temporal del pago de hipotecas y créditos.

Para salvar el momento, Susana ha acordado con el arrendador no pagar el alquiler hasta enero, cuando, según el propietario, el inmueble estará de nuevo habitable. Mientras, se encuentra acogida en casa de uno de sus dos hijos mayores. "Sabemos que somos muchas las personas que hemos pedido ayudas, pero no nos están llegando a todas, y las necesitamos. Debemos comprar todos los muebles y electrodomésticos que teníamos, y no tenemos recursos para hacerlo. Aún no tenemos problemas, pero si el dinero no nos llega, pronto puede ser diferente", se lamenta.

A pesar de esta urgencia, pedir ayuda es un trance. Sobre todo, para quienes se han acostumbrado a no quejarse. Es el caso de Manuel, un hombre jubilado que vive en un bajo con su esposa, que sufre una demencia. Ha venido a llevar el justificante de empadronamiento que le faltaba. Señala que, aunque le es imprescindible para comprar muebles y electrodomésticos, la ayuda de Cruz Roja es la primera que ha pedido. Explica que no ha solicitado más y que se había resistido a hacerlo porque le incomoda. "Nunca me había visto en una situación como ésta, me siento raro. No me hago a la idea de tener que pedir auxilio", confiesa.

Sin ayudas para las personas en situación irregular

La vulnerabilidad es aún mayor en el caso de las personas migrantes que se encuentran pendientes de regularizar su situación. Es el caso de Leydi Benjumea, una mujer de origen colombiano de 25 años que reside en Chiva junto a su marido y un hijo de cinco años. El día 29, el barranco de Poio se llevó la casa en la que vivían alquilados. Desde ese momento, y gracias al apoyo del consistorio, se encuentran acogidos en un hotel de la localidad. Leydi y su familia han perdido todo lo que tenían, pero al no disponer de un contrato de alquiler ni estaban empadronados –trámites para los que necesitaban el permiso de residencia–, no pueden solicitar ninguna ayuda. "Comprendemos que se debe cumplir la ley, pero lo cierto es que lo hemos perdido todo", enfatiza. La ausencia de apoyo de la administración la compensa su red de amistades. Es el caso de la propietaria del inmueble que se derrumbó, que se ha comprometido a darles el dinero que le conceda por los bienes de la casa que eran de ellos. Además, se ofreció a ayudarles a buscar una nueva vivienda. Es lo que más preocupa a Leidy, que teme que se queden en la calle si el Ayuntamiento deja de financiar el hotel y no ha encontrado antes ninguna vivienda.

Un caso parecido es el de Liliana Margarita Chacín, una solicitante de asilo venezolana que huyó de su país para escapar de la violencia machista y de intentos de extorsión. Ha perdido todo lo que tenía en el bajo donde vivía en Alfafar. Ahora se encuentra acogida por una amiga en el vecino municipio de Sedaví. Comparte la habitación con sus dos hijos de diez y ocho años. Ella, que tiene 45, debe dormir en un colchón hinchable. Su situación irregular también le impide acceder al apoyo de la administración para reponer todo lo perdido. Tan sólo ha recibido la ayuda de Cruz Roja. Como ingreso únicamente cuenta con lo que gana cuidando a una persona mayor un día a la semana y con la renta valenciana de inclusión que ha percibido de forma extraordinaria por tener dos hijos a su cargo. Pese a "haberlo perdido todo", entre lágrimas se muestra agradecida por el apoyo que recibe. "Gracias, España", repite.