La Generalitat ve "decepcionante" la ley estatal de vivienda
El ministerio de Transportes no se moja sobre la posibilidad de que convivan las dos normas y recuerda que la catalana está en "manos del TC"
Las reacciones al anteproyecto de ley para el derecho a la vivienda aprobada este martes por el consejo de ministros no se han hecho esperar. Entre las primeras está la de la Generalitat, que, pendiente de lo que decida el Tribunal Constitucional sobre la misma ley catalana, tilda la estatal de "decepcionante". La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, ha apuntado que el texto estatal es "recentralizador" y ha anticipado que, si hay posibles "fricciones" con las competencias sobre vivienda que son autonómicas, es decir, una "invasión de competencias", estudiarán presentar un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, Cervera ha reclamado a los grupos parlamentarios que "mejoren el redactado" de la ley de vivienda en el Congreso.
El hecho es que la ley estatal de vivienda deja incógnitas sobre cómo incidirá en varias normas que se aplican en Catalunya, como son la regulación de alquileres desarrollada por la Generalitat –que afecta a pequeños y grandes propietarios– o la reserva del 30% para pisos sociales en nuevas promociones del Ayuntamiento de Barcelona. Fuentes del ministerio de Transportes han evitado aclarar el impacto que podrá tener la estatal sobre la catalana, y se limitan a decir que están a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Aun así, remarcan que el texto de la Generalitat invade competencias porque, si bien es cierto que las autonomías pueden declarar zonas "tensionadas" al margen de las que fija la ley estatal, no pueden regular sobre aspectos de competencia estatal, como son los arrendamientos, explican las mismas fuentes.
Por ahora la ley estatal todavía no está aprobada, y justo empieza el trámite en el Congreso de Diputados, que se alargará hasta el segundo semestre de 2022. La Mesa del Tercer Sector de Catalunya ha expresado en un comunicado su "preocupación" para las familias con alquileres que ahora están regulados a través de la ley catalana. Además, a pesar de que celebra el "paso adelante", avisa de que "habrá que analizar con detenimiento el articulado".
A su vez, la Associació de Promotors de Catalunya ha apuntado que el anteproyecto de ley de la vivienda aprobada este martes puede “acentuar” el desplazamiento de la inversión de Catalunya en Madrid, después de que el PP haya avanzado que no aplicará la normativa en las autonomías en las que gobierna. “Aquí llevamos un ritmo de cambios legislativos enorme, y lo que requiere cualquier actividad económica es estabilidad”, ha lamentado el presidente de la entidad, Xavier Vilajoana, en declaraciones a la ACN. La patronal insiste en que la regulación de los alquileres puede generar un efecto contrario al deseado y ha alertado de la pérdida de inversión por la obligación de destinar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial.
Aun así, en Catalunya ya son unos sesenta los municipios que tienen previsto prorrogar la regulación catalana aprobada hace un año, y 24 más quieren adherirse. Según las cifras preliminares de la Agència de l'Habitatge, ha habido una bajada significativa de los precios del alquiler, especialmente en Barcelona. En el conjunto de Catalunya las familias que están en alquiler ahorraban ya en junio (último dato disponible) 44 euros mensuales, es decir, más de 500 euros al año en vivienda.
Implicaciones sobre Barcelona
Por otro lado, la ley estatal también prevé que, "para conseguir la reserva de suelo" del 30% para vivienda de protección oficial de las nuevas promociones, "las administraciones competentes en materia de urbanismo arbitrarán los mecanismos de compensación pertinentes". Este es un punto que no incluye la regulación del Ayuntamiento de Barcelona, a pesar de que obliga a reservar el 30% de la vivienda asequible a nuevas promociones. Desde el ministerio de Transportes evitan valorar esta contradicción y explican que la norma estatal se adapta a lo que apunta el Tribunal Constitucional, que es compensar a los promotores a los que se exige destinar parte de la nueva construcción a vivienda de protección oficial. "Tampoco se puede decir que siempre habrá que compensar", apuntan fuentes del ministerio de Transportes.