El Gobierno pone freno a la proliferación de viviendas de uso turístico
La Generalidad regula esta modalidad en 262 municipios con un régimen de licencia urbanística previa de cinco años
BarcelonaEl Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley para regular las viviendas de uso turístico a través de la obtención de una licencia urbanística previa de cinco años en 262 municipios, que acumulan el 93% de viviendas de esta modalidad registradas en Cataluña. El objetivo es frenar y reducir esta tipología para garantizar que haya un uso residencial suficiente.
A partir de ahora, todas las viviendas que quieran operar bajo este régimen de uso deberán solicitar una licencia urbanística Ayuntamiento del municipio. Pero el consistorio tendrá un trabajo previo: modificar su planeamiento urbanístico para recoger expresamente que existe suelo suficiente para la existencia de viviendas de uso turístico. Y esto sólo será posible si antes se ha acreditado que en el municipio se garantiza la demanda residencial. En caso de ser así, se podrá dar cabida a las viviendas de uso turístico.
10 pisos turísticos por cada 100 habitantes
Estos 262 municipios son lugares que presentan problemas de acceso a una vivienda permanente (140 municipios) o que tienen ya más de cinco pisos turísticos por cada 100 habitantes (134 municipios), o ambas cosas. Todos ellos no podrán otorgar licencias de nuevos pisos turísticos hasta que adapten su planeamiento urbanístico al nuevo decreto ley. Además, tendrán que modificar su planeamiento urbanístico si quieren acoger más, hasta un máximo de 10 por cada 100 habitantes. Esta lista inicial se revisará a los cinco años.
La medida se enmarca en la voluntad de la Generalitat de realizar cambios estructurales para sacar la vivienda de las lógicas de mercado y así garantizar el derecho a la vivienda. La consellera de Territori, Ester Capella, avanzó hace unos meses en el Parlament la intención de adoptar una regulación específica para las viviendas de uso turístico para evitar su incidencia negativa en el mercado de la vivienda.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, también lo mencionó en el debate de política general, después también de haber prometido 10.000 nuevos pisos de alquiler social tres años. Paralelamente, el Govern está trabajando en regular el alquiler de temporada. "Hagamos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar una vivienda digna para todos", ha dicho Capella este martes en la rueda de prensa posterior al consejo ejecutivo.
Licencias de cinco años
Cataluña tiene competencias exclusivas en vivienda y urbanismo y este decreto se fundamenta, ha explicado la consellera, en directivas europeas, el Estatut y también en la ley del suelo, que determina entre otras cosas que el uso del suelo debe priorizar generar vivienda para las personas que viven de forma habitual. "Actuamos para facilitar el acceso a la vivienda utilizando todas las herramientas a nuestro alcance", ha añadido. La consejera considera que la proliferación de estas viviendas es una de las causas de la disminución de la vivienda residencial porque no son de nueva construcción, sino que conllevan un desplazamiento del uso.
Las licencias urbanísticas que deberán sol licitar las viviendas de uso turístico tendrán una vigencia de cinco años y serán renovables, y aquellas que ya existen tendrán un margen también de cinco años para pedir la nueva licencia urbanística. En caso de no hacerlo, tendrán que cesar la actividad. Sin embargo, si los propietarios de los actuales pisos turísticos pueden acreditar inversiones que no se han podido amortizar recibirán una prórroga adicional de cinco años, que operaría como tiempo de extinción de cualquier derecho adquirido. Esta obligación, que se otorgará en régimen de concurrencia, afectará a más de 95.000 pisos existentes en estos 262 municipios.
La Generalitat ha constatado hasta el momento una proliferación de soluciones de ámbito municipal, en un 20% de los 262 ayuntamientos, hacer frente a esta tendencia del mercado de la vivienda, puesto que no había amparo con rango de ley. Hasta 85 municipios habían tramitado algún tipo de iniciativa urbanística para regular el descontrol de viviendas de uso turístico: 54 municipios habían tramitado modificaciones de planeamiento urbanístico y 31 en formato de ordenanzas municipales.
Hasta ahora, para obtener la licencia de vivienda de uso turístico debía realizarse una declaración responsable ante el consistorio, que la elevaba a la dirección general de Turismo para inscribir la vivienda en esta modalidad. Esa flexibilidad es la que ha provocado el aumento de este uso. La norma entrará en vigor de forma inmediata para evitar un eventual efecto llamada.
28.000 viviendas de sobra
En Cataluña existen 47 municipios que superan el tope estipulado en el nuevo decreto ley de 10 viviendas de uso turístico por cada 100 habitantes, los cuales tienen un sobrante total de hasta 28.000 viviendas de uso turístico. Estas localidades se encuentran sobre todo en la zona costera y en el Pirineo, especialmente en comarcas como el Alt Empordà, el Baix Empordà, el Pallars Sobirà y la Cerdanya. Hay municipios muy turísticos, como Cadaqués, Port de la Selva, Pals y Calonge y Sant Antoni, mientras que en las montañas figuran localidades como Espot, Rialp, Alp y Alt Aran.
Sin embargo, Barcelona no es uno de estos municipios. Aunque es considerado un lugar con problemas de acceso a una vivienda permanente, la proporción de esta tipología de viviendas en la capital catalana es muy inferior al máximo: la ciudad tiene 1,6 millones de habitantes, por lo que, al ser una zona tensada, podría tener hasta 80.000 viviendas –es decir, cinco por cada 100 habitantes–. Actualmente dispone de 9.830 viviendas de uso turístico.
La teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha valorado muy positivamente el decreto aprobado, por el que ya habían sido consultados, al considerar que el impacto de esta modalidad en la ciudad de Barcelona es obvio. "Barcelona no puede permitirse tener 10.000 viviendas que no sirven para este uso [residencial]", ha dicho.
En cambio, para la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur) y la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) se trata de una medida populista e irresponsable, al tiempo que consideran que no resolverá el problema de los precios de las viviendas. También han criticado la falta de diálogo. Paralelamente, el Sindicato de Inquilinos ve la regulación una buena noticia, pero critica que sólo aborda una parte del problema.
