Detenido el desahucio de una vecina de Madrid a la que se quería echar por una ley machista de la época de Franco

MadridMaricarmen es una vecina de 87 años del barrio madrileño de Ibiza, junto al Parque del Retiro, y convertida en una de las zonas más caras de la capital española. En el calendario tenía marcado en rojo este miércoles día 29: después de 70 años viviendo en la misma casa, un juzgado pretendía expulsarla. Horas antes, sin embargo, el Sindicato de Inquilinos de Madrid comunicaba la decisión del juez de detener el desahucio ante la falta de una alternativa habitacional. "La presión vecinal ha logrado suspender el desahucio", celebraba el sindicato este martes por la noche, a través de un comunicado.

Aunque se trata de una suspensión temporal, supone un pequeño balón de oxígeno para una vecina que veía como por culpa de una ley machista del régimen franquista podía quedarse fuera del hogar familiar de un día para otro. "No podemos permitir que los especuladores nos echen de nuestras casas. No es justo", ha denunciado Maricarmen a través de las redes sociales.

Vamos a palmos. El padre de Maricarmen firmó el contrato de arrendamiento por el piso en el año 1956. Cuando murió, el contrato se subrogó a su mujer y madre de Maricarmen, que continuó viviendo en el piso con la hija hasta que murió en el año 2005. Fue entonces cuando la misma se heredó el contrato subrogante. en función del IPC y la suma de algunos gastos adicionales.

Entre los años 1950 y 1985, la legislación española establecía que los contratos de arrendamiento tenían carácter vitalicio y podían heredarse por el cónyuge y los descendientes que vivían en el domicilio. Pero en 1985, el llamado decreto Boyer terminó con esa medida, que sólo se mantuvo para los contratos anteriores. Desde entonces estos arrendamientos se conocen como contratos de renta antigua. Pero el caso de Maricarmen es especial porque se considera que ya se llevó a cabo una subrogación del contrato cuando su padre murió y su madre le heredó.

El problema, denuncian desde el Sindicato de Alquiladoras, es que la letra pequeña de la norma de Franco no permitía a su madre firmar el contrato porque como mujer no podía figurar como titular (a las mujeres no se les reconocían los plenos derechos de los hombres). Si el contrato se hubiera firmado hoy, tanto el padre como la madre serían titulares del primer arrendamiento y Maricarmen estaría ante una primera subrogación, por lo que deberían mantenerse las condiciones.

En este contexto, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión SL le plantea un incremento del alquiler de hasta los 2.650 euros, lo que supone triplicar la renta actual que paga Maricarmen –actualmente paga 500 euros–. "Cuando me enviaron la carta me sentí humillada", relata esta vecina de Madrid, que recibe una pensión de 1.450 euros al mes. "Me niego a irme. Voy a luchar", reivindicaba estos últimos días la vecina.

En 2018 la familia propietaria del edificio vendió la finca entera a Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios en el Estado. Entonces plantearon a Maricarmen la compra del piso, pero ella no podía afrontar el precio que le exigían. Es en ese momento cuando aparece el fondo de inversión y los problemas.

Este martes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguraba en declaraciones a los medios de comunicación que "no le consta" que Maricarmen haya solicitado ayuda a los servicios sociales y, por tanto, se haya activado la posibilidad de una alternativa habitacional. Sin embargo, desde el Sindicato de Alquiladoras, pero también la misma vecina, defienden que "la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa".