La suspensión aprobada con la Covid ha detenido 58.000 desahucios

MadridFue una medida desplegada con el estallido de la pandemia de la cóvid-19. Se trata de la suspensión de algunos desahucios aprobada por el gobierno español y que, como el resto de medidas en vigor para afrontar la crisis energética y de precios de los últimos dos años, decae este 31 de diciembre. Por eso, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya presiona para que el ejecutivo de Pedro Sánchez prorrogue la medida ahora que, por primera vez, se tienen cifras de su impacto: ha permitido la suspensión de 58.000 desahucios en cuatro años , tal y como ha publicado el Observatorio DESCA este martes. Durante este período de tiempo se han practicado 106.294 desahucios, según el informe.

"Lamentablemente, como advertimos, se han quedado muchas familias atrás [...] por tanto, hay que reestructurar la moratoria", ha dicho Juanjo Ramón, portavoz de la PAH. Desde la entidad aseguran que ya se han puesto en contacto con el ejecutivo español para que prorrogue la medida y que tienen el apoyo de formaciones como ERC, EH Bildu, BNG o Sumar, que este martes les han acompañado en la presentación del informe, mientras que formaciones como Podemos o Junts les han garantizado su apoyo.

"Es jurídicamente posible una medida que detenga los desahucios", ha defendido Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESCA en declaraciones a los medios de comunicación. A ojos del organismo, la ley de vivienda estatal es "muy débil" en términos de desahucios. Fuentes del gobierno español defienden que siempre han protegido a las familias y que en estos momentos "se está trabajando" en esta problemática.

¿Qué dice la moratoria de los desahucios?

A grandes rasgos, la suspensión actual de los desahucios es una medida que protege a aquellas familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad sobrevenida, o que ya la padecían, pero se ha agravado desde la pandemia del coronavirus. Incluye casos de impago de alquiler, algunos casos particulares de empleo o rescisión del contrato.

En caso de que el propietario solicite el desahucio, cuando se da uno de los casos que prevé la medida, el juez debe pedir un informe de vulnerabilidad a Servicios Sociales. Si se acredita vulnerabilidad, el desahucio se suspende hasta que termina la moratoria. En cambio, la ley de vivienda establece una suspensión del desahucio de entre 2 y 4 meses, en función del tipo de propietario, y en el caso de los grandes tenedores se establece un servicio de mediación, aunque desde Observatorio advierten que "no está funcionando".

"Aunque en los últimos años ha habido una disminución, los desahucios siguen siendo una realidad", ha denunciado la directora del Observatorio DESCA, que ha ejemplificado que sólo durante el 2023 se practicaron 23.000. En cuanto a los 106.000 casos de desahucios que quedaron fuera de la moratoria, desde el Observatorio lo vinculan a la mirada "restrictiva" de los juzgados.

Sólo un 2% con alternativa residencial

Del total de las personas protegidas por esta medida del escudo social, un 78% ya estaban bajo la lupa de los Servicios Sociales y, por tanto, sufrían una situación de vulnerabilidad. Además, en la inmensa mayoría de los casos la alternativa al desahucio fue la de la ayuda económica, mientras que sólo un 2% de los recursos que se han ofrecido han supuesto una alternativa residencial temporal. "Si el próximo 31 de diciembre no se prorroga la medida, los desahucios se dispararán, cómo se disparará el sufrimiento de muchas familias", ha advertido el portavoz de la PAH.