Japón endurece los requisitos del visado para emprendedores
La reforma llega en un contexto de presión de la extrema derecha sobre la inmigración
TokioEl gobierno japonés ha aprobado una reforma que endurece notablemente los requisitos del visado de business manager (gestor empresarial), la vía habitual y preferente para extranjeros que quieren fundar y dirigir empresas en el país. A partir de este octubre, el umbral mínimo de capital se multiplica por seis: pasa de los cinco millones de yenes (unos 29.000 euros) a los 30 millones (172.500 euros). También se exige contratar al menos a un trabajador a tiempo completo que sea ciudadano japonés o residente de larga duración, fijándose un requisito mínimo de competencia en lengua japonesa. El ejecutivo defiende ese endurecimiento como una medida para frenar el uso fraudulento de este permiso de residencia.
La normativa, que ha entrado en vigor el 1 de octubre después de un breve período de consulta pública, se enmarca en un contexto de presión creciente de la derecha y la extrema derecha sobre la política migratoria. Sin embargo, abre un debate de fondo: hasta qué punto puede frenar la inversión extranjera y la creación de pequeñas iniciativas empresariales. Los críticos alertan de que la nueva regulación penalizará a los proyectos con poco capital y dificultará la entrada de jóvenes emprendedores que hasta ahora encontraban en este visado una puerta viable para establecerse en el país. También genera incertidumbre sobre qué ocurrirá con las decenas de miles de titulares actuales y con sus familias, que a menudo dependen de ese permiso para poder vivir en Japón.
La reforma introduce, además, otro requisito: los planes de negocio tendrán que ser evaluados por un consultor de gestión, excepto en el caso de grandes empresas con dimensión equivalente a una compañía cotizada. Hasta ahora era suficiente con constituir la sociedad y acreditar cinco millones de yenes de capital o bien contratar a dos empleados a tiempo completo. El visado permitía estancias de hasta cinco años y era renovable. El nuevo filtro profesional puede contribuir a mejorar la calidad de los proyectos, pero también encarece los trámites: los honorarios y requisitos técnicos añaden obstáculos que, sumados al capital mínimo multiplicado por seis ya la obligación de contratación, pueden hacer inviable este camino para muchas pequeñas empresas extranjeras.
La Agencia de Servicios de Inmigración (ISA, en sus siglas en inglés) justifica la revisión por un incremento de casos fraudulentos. Algunos diputados habían calificado el visado de "vía fácil" para extranjeros que querían instalarse en Japón a bajo coste. Suele citarse la creación de empresas pantalla o la presentación de documentos falsos en renovaciones. Sin embargo, la propia ISA admite que no dispone de estadísticas concretas que permitan dimensionar la magnitud real del problema, algo que debilita la justificación oficial y que alimenta el debate sobre si la medida responde más a presiones políticas y sociales que a una necesidad demostrada.
Desde el ejecutivo, la reforma también se ha presentado como un alineamiento con los estándares de otras economías avanzadas, donde a menudo se fijan umbrales de inversión más elevados y un escrutinio más estricto de la viabilidad de los proyectos. El argumento oficial habla de reforzar la competitividad internacional de Japón y de atraer a emprendedores "de alta calidad": personas con recursos y capacidad de impulsar iniciativas con impacto sustancial en la economía nacional.
Voces críticas
Sin embargo, las voces críticas consideran que este cálculo es erróneo: endurecer la barrera de entrada no protege al mercado, sino que limita la innovación y desincentiva la inversión extranjera. Un emprendedor con cinco millones de yenes podía crear una start-up tecnológica, una consultora especializada o un negocio de servicios con capacidad de generar empleo. Exigir treinta millones, según los analistas más escépticos, excluye a la mayoría de estos proyectos: los de la clase media emprendedora global que no dispone de un gran capital inicial pero sí de ideas, ambición y capacidad de riesgo. Además, junto al incremento de obligaciones burocráticas, supone una estrategia regresiva que contradice el principio de un mercado abierto y competitivo.
Los expertos subrayan que la inmigración calificada es un catalizador probado de prosperidad. En lugar de poner trabas indiscriminadas, reclaman instrumentos más precisos para combatir los fraudes: controles selectivos, rigurosas auditorías, verificación documental exhaustiva y sanciones ejemplares contra quien incumpla. "El problema no es el visado en sí, sino el uso indebido que hacen algunos: penalizar a toda una categoría de emprendedores por casos aislados es, sencillamente, un error", señala al ARA un consultor jurídico de Tokio que prefiere mantenerse en el anonimato.
En definitiva, los críticos de las nuevas medidas consideran que la argumentación oficial basada en el "uso inadecuado" del sistema no aporta datos concretos que evalúen su magnitud. Asimismo, alertan de que Japón ha optado por una vía restrictiva que puede tener efectos colaterales no deseados: mientras muchos países compiten por atraer talento y proyectos innovadores, el país nipón eleva los muros de entrada y se arriesga a quedarse al margen del ecosistema emprendedor global. "El tiempo dirá si la medida consigue realmente frenar el fraude o si, por el contrario, sólo rompe una vía que hasta ahora permitía a muchos profesionales aportar valor a la economía japonesa y abrir nuevas oportunidades", señala el consultor.