El juez imputa a la presidenta de la SEPI en el caso Leire Díez

MadridEl juez que investiga el caso Leire Díez en la Audiencia Nacional ha sumado 25 nuevos investigados a la causa. En una breve providencia, a la que ha tenido acceso el ARA, Santiago Pedraz ha citado como investigada –entre otras– a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, en la investigación relativa a presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Hasta ahora, estaban imputados Vicente Fernández –expresidente de la SEPI–, Antxon Alonso –empresario vasco cercano a Santos Cerdán– y Leire Díez. La decisión del magistrado llega a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que apunta a los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y uso de información privilegiada.

A lo largo de 39 páginas, en un escrito consultado por el ARA, las dos fiscales relatan cinco operativas que presuntamente habrían conformado una "dinámica continuada de intermediación ilícita en la contratación pública" en la que Fernández, Alonso, Díez y Cerdán habrían actuado como "nexo de influencia" entre "intereses privados y decisores públicos" y habrían incidido en "la adopción de resoluciones administrativas", en el desenlace de "procedimientos de contratación pública" o en la "canalización de ayudas financieras". Todo ello, lo habrían hecho –según el ministerio público– con la "necesaria e ilícita cooperación" de terceras personas del sector público y privado que son las que ahora el juez cita como investigadas. La gran mayoría de los indicios provienen del chat del grupo Hirurok de la aplicación Threema, de los correos electrónicos que se enviaban los investigados y de los documentos que se intercambiaban. Todo ello ha sido analizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en tres informes.

La Fiscalía Anticorrupción considera que había un "patrón de actuación reiterado, coordinado y estructurado" por parte de los investigados que operaba en diferentes frentes. Tenía un "esquema común" que estaba caracterizado por la "detección de oportunidades de intervención" en diferentes procedimientos, el uso de "relaciones personales" y "acceso a información privilegiada" para "influir" en su tramitación; la eventual "manipulación o condicionamiento" de decisiones públicas o procesos de contratación y la obtención de "contraprestaciones económicas". Lo que está bajo la lupa son las empresas públicas MERCASA y Enusa, el rescate de Tubos Reunidos, el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) y el grupo Forestalia.

Mercasa

Lo primero que está bajo sospecha son los movimientos de los tres investigados en el marco del traslado de la sede de Mercasa. Según la Fiscalía, habrían obtenido un beneficio de 18.000 euros. ¿Cómo lo hicieron? Gracias a un "trato preferente de favor", Servinabar –la empresa de Antxon Alonso– habría recibido el encargo de elaborar una valoración de los costes de reforma de la sede y habría emitido un informe con una cifra "significativamente superior" a la real para justificar el traslado. Además, los tres "habrían proyectado" una comisión del 20% para gestionar el alquiler de una sede provisional.

Enusa

En segundo lugar, habrían utilizado su "capacidad de influencia" para maniobrar para "favorecer los intereses" de Acciona –una empresa que está bajo la lupa del caso Cerdán sobre adjudicaciones de obra pública–, que estaba interesada en adquirir las participaciones que Enusa tenía en la incineradora de Melilla y en el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Cervera del Maestrazgo (País Valenciano). Hicieron un "seguimiento directo y coordinado" de todas las gestiones y, a cambio, habrían recibido 17.500 euros. "El procedimiento lo tenemos controlado", llegó a decir Vicente Fernández.

Parque Empresarial Principado de Asturias

El grupo también habría intervenido de manera "constante y multidireccional" en la adjudicación de la demolición de las baterías de coque de Avilés (Asturias), tramitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias. Primero, habrían urdido una estrategia para "poder anular el concurso" –en palabras de Leire Díez– en el que Erri Berri no había resultado adjudicataria. Posteriormente, en el segundo expediente, habrían movido los hilos a través del "contacto directo" con el órgano de contratación, llegando a quedar con la presidenta del Tribunal de Contratos, para "favorecer" –según la Fiscalía– la adjudicación a Erri Berri. Lo consiguieron y, como contraprestación, habrían ingresado 201.000 euros.

Por cierto, esta operación supuso el inicio de la relación entre Erri Berri y las empresas de Antxon Alonso. La Guardia Civil detectó otras actuaciones en las que Erri Berri habría podido intervenir gracias a su "ilícita influencia", como los trabajos de demolición vinculados al Camp Nou y a otras infraestructuras del Barça.

Forestalia

Finalmente, los tres investigados habrían pactado una comisión de 200.000 euros –que no consta que se hayan pagado– para contribuir a que SEPIDES aprobara una inversión de 17 millones de euros a una empresa del grupo Forestalia. Por otra parte, Antxon Alonso compró unas acciones previamente vinculadas a Forestalia por 140.000 euros y, dos años y medio después, las vendió por más de 6,8 millones de euros a una entidad que tendría relación con la mujer y los hijos del entonces presidente de esta empresa.