Las ayudas para hacer frente a la crisis no llegan a los más desfavorecidos

MADRIDEspaña vive una primavera económica, pero el sol no calienta por igual a todos los hogares. La reflexión la ha lanzado el presidente del Consejo Económico y Social de España (CES), Antón Costas, este martes durante la presentación de la memoria socioeconómica y laboral correspondiente al año 2023 y que elabora anualmente el organismo. Ha sido la forma a través de la que Costas ha dado pie a una de las conclusiones más preocupantes del informe: en el 2023, año en el que el coste de vida continuaba por las nubes pese a la progresiva normalización de los precios, crecieron los hogares que sufren carencia material severa (ya son un 9% del total); también aquellas que llegan a fin de mes con mucha dificultad (9%), así como las familias que viven en situación de pobreza energética (20,7%). También creció la pobreza infantil. "No puedo entender cómo aceptamos que España siga siendo uno de los países europeos con mayor pobreza infantil", ha dicho Costas.

"[Esta situación] pone sobre la mesa no sólo un problema de justicia social, sino que también es un atributo de la economía [española] que tiene capacidad para afectar a su eficiencia", ha reiterado el presidente del CES en un encuentro informativo con la prensa. Además, se trata de una foto que pese a llegar después de cuatro años marcados por la pandemia de la Covid-19 y la reciente crisis energética y de precios, también llega en un momento en que gobiernos como el español han optado por una respuesta muy distinta en comparación con la de la Gran Recesión: desplegar grandes planes de choque económicos para proteger a familias y empresas. "[El crecimiento de la pobreza] sorprende porque se han desplegado muchas ayudas de apoyo", añadió el presidente de la comisión de trabajo para la elaboración de la memoria, José Ignacio Conde-Ruiz.

En el caso del ejecutivo de Pedro Sánchez, sólo en el 2023 los paquetes anticrisis supusieron 15.000 millones de euros entre rebajas fiscales y ayudas directas. Aparte, se suma la continuidad de prestaciones como el ingreso mínimo vital (IMV), creado precisamente en plena pandemia. Sin embargo, todas ellas siguen sin llegar a los más desfavorecidos, concluye la memoria del CES.

"La mejora económica y del mercado laboral [de 2023] no llegó a todos los hogares por igual", se desprende de la memoria publicada este martes, donde también se alerta de que las situaciones de pobreza, exclusión y desigualdad social "siguen siendo un problema estructural serio y preocupante" en el Estado: una cuarta parte de la población (26,5%) sigue viviendo en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que también supone un ligero incremento en comparación con 2022. Eso sí, "los niveles distan de los alcanzados en los años posteriores a la crisis financiera", reconoce el organismo.

¿Dónde se falla?

¿Es imposible llegar a esa parte de la población? Desde el CES asumen que las soluciones no son fáciles ni inmediatas, pero de entrada creen que es necesario abordar el problema más allá del gasto: "No sólo se puede medir que se gasta, sino también su eficacia", ha apuntado Conde- Ruiz. A ojos del coordinador de la memoria, esto permitiría detectar si las políticas públicas deben diseñarse de forma diferente. "Tener a las familias más pobres registradas haría que las transferencias [públicas] fueran más capilares. Esto en otros países funciona mejor", añade.

En la memoria también se aconseja que "la protección social debe ofrecer respuestas a los grupos peor posicionados, intensificando la eficacia de instrumentos como el ingreso mínimo vital". También pide reforzar los servicios sociales y poner el foco en la "inseguridad económica que afronta la parte media baja de la distribución [de la población], en la que se apoya la estabilidad social y económica del país".

En cuanto al debate sobre si las medidas deben ser más focalizadas y no tan generalizadas, como ha aconsejado el Banco de España o la Autoridad Fiscal (Airef), el CES constata que con la adopción de medidas focalizadas en aquellos hogares más vulnerables "se podría haber alcanzado unos niveles de protección similares, pero con menor coste presupuestario y evitando distorsiones de precios". El organismo ha puesto de ejemplo la bonificación en los hidrocarburos. "La aplicación de medidas no focalizadas ha permitido una mayor inmediatez a la hora de ofrecer una respuesta urgente al incremento de precios, así como el contar con el apoyo social y parlamentario", reconoce el CES. Sea como fuere, Costas ha advertido de que "la pobreza supone un estrangulamiento para la economía".