El problema de nuestra incultura financiera
BarcelonaEn mi último viaje a Londres realicé dos compras el mismo día, con apenas unos minutos de diferencia, usando dos tarjetas distintas: la de mi banco habitual y la de Wise, un banco online. Me sorprendió comprobar que el tipo de cambio aplicado por Wise era un 4,5% más ventajoso. No existía ningún error por parte de mi banco, simplemente aplicaba un tipo de cambio más desfavorable.
Este desconocimiento del coste real a la hora de utilizar mi tarjeta en el extranjero me lleva a reflexionar sobre mi propia alfabetización financiera y, en general, sobre las posibles pérdidas a la hora de invertir nuestros ahorros sin conocer bien las distintas opciones disponibles. Una diferencia de tan sólo un 1% en comisiones puede representar un coste anual significativo que pasará desapercibido.
Desconocer las diferencias en rentabilidad y riesgo de los productos financieros es, lamentablemente, la norma. La incultura financiera es la incapacidad de comprender y utilizar conocimientos básicos para tomar decisiones informadas sobre ahorro, inversión, endeudamiento y contratación de servicios financieros. Esta carencia está ampliamente extendida: en una encuesta de la OCDE/INFE (2023) en 39 países, sólo el 52% de los adultos respondió correctamente a tres de cinco preguntas fundamentales sobre tipos de interés, la inflación, el riesgo y la diversificación.
El fenómeno afecta especialmente a los más jóvenes y mayores, más mujeres que hombres, y más personas con bajos ingresos o menor nivel educativo (A. Lusardi y OS Mitchell, 2014). Son precisamente ellos quienes acabarán pagando más por servicios financieros, lo que se asemeja a un impuesto regresivo.
Las implicaciones son claras: quienes tienen menos conocimientos financieros toman decisiones menos acertadas, ahorran menos, se endeudan más y están peor preparados para la jubilación (Campbell, JI, 2006). Una ciudadanía con mayor cultura financiera reduciría su dependencia del crédito caro (como el de las tarjetas de crédito) y estimularía una competencia bancaria más efectiva, al comparar productos y exigir mejores condiciones. También habría evitado situaciones como la de las participaciones preferentes, colocadas por muchas cajas en 2008 entre ahorradores sin formación, especialmente personas mayores que estaban convencidas de que estaban contratando un depósito seguro.
Los marcos reguladores como MIFID, así como la supervisión del Banco de España y la CNMV, permiten limitar los incentivos "perversos" de unas entidades cuyo objetivo es –y seguirá siendo– maximizar beneficios. Pero estos reguladores sólo pueden actuar cuando se infringe la normativa. Su papel dista mucho de lo que tiene, por ejemplo, la Agencia Española de Medicamentos, que puede vetar productos de dudosa efectividad. En cambio, un fondo de inversión que arroje pérdidas sistemáticas y perjudique gravemente la salud financiera de sus partícipes, no se retirará del mercado mientras cumpla la normativa vigente.
En definitiva, la educación financiera y el acceso a la información clara son esenciales para nuestras decisiones económicas. No deberíamos descubrir el coste de los servicios financieros por sorpresa, ya sea viajando al extranjero o examinando la rentabilidad de nuestras inversiones cuando es demasiado tarde. Un sistema de información accesible, comprensible e independiente debería ser una prioridad pública, y el complemento indispensable en el Plan de Educación Financiera 2022-2025 del Banco de España y la CNMV.