Laboral

El cofundador de Glovo declarará ante la jueza por un delito contra los derechos de los trabajadores

El empresario Oscar Pierre deberá contestar las acusaciones de la Fiscalía por utilizar falsos autónomos el 3 de diciembre

ARA
y ARA

BarcelonaEl cofundador y consejero delegado de Glovo, Oscar Pierre, deberá declarar ante la jueza como investigado por un delito contra los derechos de los trabajadores el próximo 3 de diciembre, según ha avanzado Eldiario.es y ha podido confirmar el ARA. El empresario debería haber comparecido ya en septiembre, pero esta citación se pospuso y ahora la magistrada María Isabel Hernando la ha vuelto a convocar. En junio la Fiscalía de Barcelona presentó una denuncia contra los máximos responsables de la plataforma de envíos a domicilio por mantener los suyos riders como falsos autónomos, aunque una sentencia del Tribunal Supremo lo prohibiera en el 2020.

Como explica el diario digital, varios repartidores ya han declarado como testigos ante la jueza en el marco de este litigio. Esta denuncia supone un paso adelante respecto a los juicios y sanciones contra Glovo que la empresa ha recibido hasta ahora por vía administrativa a instancias de la Inspección de Trabajo, porque ahora se trata de un proceso por vía penal. Esto ha sido posible a raíz de la modificación del Código Penal que impulsó el gobierno español en el 2022 y en la que se endurecieron las penas para los delitos contra los derechos de los trabajadores, como utilizar falsos autónomos. A partir de entonces éstos se castigan con condenas de entre seis meses y seis años de cárcel para los empresarios que han sostenido estos incumplimientos de la legislación laboral.

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Vulnerar la ley 'rider' y el Supremo

Glovo ha continuado operando con repartidores autónomos, pese a la sentencia del Supremo y la aprobación del 2021 de la ley rider que pretendía obligar a las empresas a contratar a sus mensajeros como asalariados. El argumento de la compañía es que, como respuesta a la norma, pusieron en marcha un nuevo modelo de operativa que les daba mayor libertad para escoger las tarifas. Aún así, la Inspección de Trabajo también ha denunciado esta otra forma de funcionar y sigue manteniendo que se vulneran los derechos de sus trabajadores.

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Según Eldiario.es, la Fiscalía acusa a Pierre de querer mantener esta relación contractual de falsos autónomos para "reducir costes empresariales", ya que los repartidores no cobran un salario en función de un convenio reglado y la empresa no debe asumir el coste de ingresar en la Seguridad Social sus cotizaciones. En este sentido, considera que Glovo "desprecia y suprime los derechos de los trabajadores por cuenta ajena" en otros ámbitos como la jornada, los descansos, las vacaciones o la protección de la Seguridad Social.