Laboral

El Estatuto del Becario llegará al consejo de ministros con más de dos años de retraso

El gobierno español aprobará el martes la norma para obligar a las empresas a compensar los gastos de los estudiantes

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BarcelonaTras dos años y medio guardado en un cajón, el Estatuto del Becario llegará finalmente al consejo de ministros este martes como anteproyecto de ley, según ha avanzado El País y ha podido confirmar el ARA. El ministerio de Trabajo de Sumar anunció en junio de 2023 un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para sacar adelante este nuevo marco legal para los estudiantes en prácticas, pero la medida quedó detenida por el adelanto electoral y ha seguido atascada por el desacuerdo con empresarios y rectores universitarios. También se complicó por los recelos del ministerio de Economía (PSOE), que veía el texto "muy verde".

El objetivo del Estatuto del Becario es definir de forma clara esta figura y regular las prácticas no laborales para poner fin a los fraudes que durante años han sufrido los estudiantes por su uso indebido en algunas empresas. Sin embargo, el texto ha quedado descafeinado a medida que avanzaban las negociaciones y no obligará a remunerar todas las prácticas en empresas, como aspiraban en un principio los sindicatos, que también pedían la eliminación de las prácticas extracurriculares, que no se reconocen como créditos en el expediente académico ya menudo se han utilizado para sustituir a trabajadores en plantilla. Por último, las prácticas extracurriculares no podrán superar las 480 horas, la mitad del volumen fijado actualmente.

La nueva norma incluye un régimen sancionador, que multará los incumplimientos más graves de las empresas con hasta 225.000 euros. También obligará a las compañías a cubrir los gastos de los estudiantes -como el transporte, las dietas o el alojamiento- que se puedan derivar de las prácticas. Sólo en aquellos casos en que las prácticas sean remuneradas o exista una ayuda pública de por medio la empresa quedaría exenta de compensar los gastos. Éste era uno de los puntos que incomodaba a las patronales ya los rectores universitarios, que avisaron a la ministra Yolanda Díaz de la posibilidad de que algunas entidades del tercer sector o instituciones públicas no pudieran asumir ese coste.

Hay que recordar que hasta hace poco los becarios sólo cotizaban cuando hacían prácticas remuneradas. A partir del 1 de enero de 2024 se extendió esta obligación para que todos los estudiantes que realizan prácticas estén dados de alta en la Seguridad Social y, por tanto, este tiempo les conste como cotizado.

Aprobación complicada

Aunque el Estatuto del Becario esté a punto de recibir la luz verde del consejo de ministros -en un principio debía ser un decreto ley- queda por ver si el gobierno español será capaz de conseguir que se apruebe en el Congreso de los Diputados. Tras la ruptura con el PSOE anunciado por Junts, los equilibrios en la cámara baja son más difíciles que nunca. La formación de Carles Puigdemont ha estado más cercana a los planteamientos de la patronal en otras medidas laborales recientes, como es el caso del rechazo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que consiguieron tumbar el pasado septiembre. Además, en 2023 otros socios habituales del Ejecutivo español ya expresaron dudas sobre esta norma.

Ésta no es la única carpeta que tiene pendiente la ministra Yolanda Díaz, que aún tiene que cerrar un acuerdo por la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para el 2026. La última subida ya se pactó sin el seno de la patronal. Además, la vicepresidenta segunda del gobierno español también se ha comprometido a empezar el gran melón de la reforma del despido, después de que Europa haya regañado al Estado en varias ocasiones para que incremente las indemnizaciones para echar a un trabajador de manera improcedente.

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