Los planes del gobierno para los 1,5 millones de usuarios de Muface

Barcelona¿Qué pasará con los 1,5 millones de personas que reciben asistencia a través de Muface, la mutualidad de los funcionarios, después de que el concurso haya quedado desierto? El ministerio de Sanidad tiene una propuesta: prorrogar durante nueve meses el concierto actual, como permite la ley de contratos del sector público, e incorporar progresivamente a estos trabajadores públicos (y sus beneficiarios) a la sanidad pública. Así lo describe el ministerio en un informe que ha adelantado este lunes la Cadena SER y al que ha tenido acceso el ARA. "El sistema de mutualidades de Muface surgió en un momento en que el Sistema Nacional de Salud era un embrión de lo que es en la actualidad y en el que todavía no se había desarrollado un sistema fuerte de provisión pública que tuviera la capacidad de dar respuesta a la totalidad de la población española", señalan desde el departamento que dirige Mónica García.

El 65% de los mutualistas de Muface son docentes de educación primaria, secundaria y universitaria, mientras que un 17% pertenecen a algunos cuerpos de la administración general del Estado como la Agencia Tributaria. Con datos de finales de octubre, esta asistencia contaba con cerca de 1,5 millones de beneficiarios, de los que 1.007.322 personas han escogido las mutuas privadas Asisa, Adeslas y DKV, que decidieron no presentarse a la puja porque las condiciones económicas no eran suficientes. Sin embargo, el ministerio destaca que en los últimos 12 años ha aumentado en un 75% el número de mutualistas que optan por la sanidad pública. En el caso de Catalunya, la franja de edad más numerosa atendida por Muface son las personas de entre 35 y 64 años (43%), seguida de los mayores de 65 años (30%).

Uno de los argumentos de Sanidad es que ya existen antecedentes de una incorporación importante de pacientes a la sanidad pública derivada de cambios en el modelo de seguros. Por ejemplo, en 1983 el Instituto Nacional de la Seguridad Social incorporó de forma obligatoria 400.000 autónomos, y en 1989 se añadieron cerca de 250.000 personas que estaban acogidas en el padrón de beneficencia. El ministerio calcula que en términos globales la entrada de los mutualistas de Muface supondría un incremento del 2,1% del número de personas que recibirían atención médica en la sanidad pública. En Cataluña esta incidencia sería menor, del 1,2%. En cambio, Ceuta, Melilla, Castilla y León, Extremadura y Andalucía serían las comunidades que deberían incorporar un mayor porcentaje de mutualistas, sobre todo mayores de 65 años.

De todas formas, desde el ministerio recuerdan que la edad no es el único elemento importante a tener en cuenta para calcular el impacto de una posible incorporación a la sanidad pública de los mutualistas de Muface. Así pues, utilizando diferentes indicadores, el informe determina que el estado de salud de estos funcionarios es mejor que el de las personas no mutualistas de su misma edad. De hecho, expone la hipótesis de que en el caso de enfermedades graves como los cánceres, muchos empleados públicos cubiertos por las aseguradoras ya tienden a empezar sus tratamientos en la sanidad pública.

Enfermos de alta complejidad

"El modelo Muface en la actualidad no es sostenible, ni siquiera con un aumento importante de la cápita, porque ningún sistema de seguro funciona si no tiene un pool riesgos que permita ejercer contrapesos entre aquellos que más piden el servicio y los que hacen un uso menos intenso", defiende el informe. El plan de Sanidad implica que durante estos nueve meses de transición se plantee una incorporación gradual de los funcionarios mutualistas siguiendo el orden de la primera letra de su primer apellido, la edad y la mutua escogida.

Aún así, el ministerio también destaca la necesidad de identificar a los pacientes que estén inmersos en procesos terapéuticos que requieran continuidad y que deberían ser los últimos en ser traspasados ​​al sistema sanitario público. "En este tipo de pacientes, en caso de existir alguna contraindicación absoluta a la transferencia de su asistencia sanitaria (situación del fin de la vida o de mucha alta complejidad en procesos oncológicos), se podrá valorar una vía excepcional de renegociación temporal de un seguro extraordinario que permita la prórroga durante un año más allá de la extinción de la prórroga", matiza el informe. Además, propone que los pacientes en procesos crónicos de alta complejidad puedan ser atendidos con normalidad en sus hospitales públicos de referencia sin tener que pasar de nuevo por los canales habituales de una primera consulta.