Enferma de cáncer y con miedo a perder la mutua: "Si no hay acuerdo con Muface, yo no puedo parar la quimio"

BarcelonaEn los más de cuarenta años en los que Montse Pujadas trabajó como funcionaria en la Agencia Tributaria en Barcelona, ​​sólo había utilizado la mutua privada de la que gozaba como empleada pública para algunas pruebas y revisiones puntuales. El momento en el que más ha necesitado esta asistencia sanitaria no llegó hasta hace dos años, cuando le diagnosticaron un cáncer de colon, que ahora está ya en estadio 4 y con metástasis. El punto crítico de su enfermedad coincide con el inicio del conflicto entre el gobierno español y las aseguradoras que garantizan el servicio de Muface, la mutualidad que da cobertura a 1,5 millones de personas entre funcionarios y sus familiares beneficiarios.

Esta semana el consejo de ministros puso su oferta sobre la mesa, con una subida récord del 17% respecto de la prima del concurso anterior. Pero la propuesta quedaba lejos de las aspiraciones de un aumento del 40% que querían las compañías que amenazan con dejar vacía la convocatoria porque consideran que las condiciones económicas son insuficientes. A estas alturas, Pujadas aún no puede saber si en 2025 contará con la asistencia sanitaria que le ha acompañado hasta ahora en el tratamiento del cáncer que padece.

"Los funcionarios de mi época podíamos escoger entre la Seguridad Social o una mutua y la mayoría cogíamos la privada porque cuando entramos éramos más jóvenes, no teníamos enfermedades y si tenías que hacer pruebas era más rápido", explica esta trabajadora pública en el ARA. En su caso, eligió la cobertura sanitaria de DKV y actualmente sigue el tratamiento de quimioterapia en un hospital de Barcelona incluido en este seguro. Su principal miedo es que las partes no lleguen a un entendimiento y que a principios del 2025 –cuando acaba el concierto vigente– se encuentre que debe empezar de nuevo todo el proceso por el camino de la sanidad pública: "Si no hay un acuerdo, yo no puedo parar la quimio. No puede que se esté poniendo el dinero por delante de las personas".

Pujadas remarca el estrés psicológico que le está provocando esta situación, en un momento en el que sólo pide "estabilidad emocional" y "tranquilidad" para afrontar una etapa muy dura de la enfermedad. "Si me voy a la Seguridad Social y me pasa algo, hago responsable al gobierno", dice. Tampoco se plantea continuar con la misma mutua privada por cuenta propia, porque el coste de las pruebas sería demasiado elevado, ni contratar otra nueva, porque ya existe una enfermedad preexistente. "Personalmente no puedo sentirme más angustiada", lamenta. Cabe recordar que este sistema se financia a través de las cotizaciones de los empleados públicos (alrededor de un 20%) en cada nómina, mientras que prácticamente un 80% de los restantes recursos los pone el Estado.

Esta antigua funcionaria de la Agencia Tributaria entiende que para las aseguradoras seguramente el de Muface es un negocio “deficitario”, pero también recuerda que el suyo es un colectivo de edad cada vez más avanzada y pide que no apliquen decisiones drásticas. De hecho, asegura que los empleados públicos que entran ahora en el cuerpo de la administración optan mayoritariamente por la Seguridad Social. "Entiendo que es un privilegio y estoy de acuerdo en que quizás desde el primer momento deberíamos haber ido a la pública, pero ahora está hecho y no somos nosotros los que tenemos la culpa. Nos dieron la opción y la fuimos". coger, ahora no pueden quitárnosla", denuncia.

Cambio hacia la sanidad pública

Entre 2010 y 2023, el número de beneficiarios de Muface que utiliza la Seguridad Social en España ha aumentado un 72% hasta las 457.307 personas y éstas ya representan casi el 30% respecto al total. Aun así, según los últimos datos disponibles del ministerio de Transformación Digital y Función Pública, la cobertura que da asistencia médica a más gente por delante de la sanidad pública sigue siendo Adeslas, con 508.703 usuarios. En Catalunya, en cambio, ya hay más personas acogidas en la Seguridad Social (59.962) que en la aseguradora más popular de las tres que ofrecen este servicio, que es DKV, con 57.837.

Contactados por el ARA sobre la situación de personas como Pujadas, que se encuentran en medio de una enfermedad de pronóstico grave cuando ha estallado esta disputa, desde el ministerio se limitan a recordar que el proceso sigue abierto y apenas se han presentado las condiciones económicas para el concierto. Mientras no se resuelve esta situación, la paciente ni quiere imaginar un escenario en el que debe cambiar de médico y ponerse en manos de un nuevo oncólogo en este estadio de su cáncer. "No sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo. Lo que me espera al final es duro y quiero pasarlo estando bien psicológicamente y sin tener que pensar en otra cosa", concluye.