Yolanda Díaz, la ministra del "punto de inflexión" en el mercado laboral

Barcelona / MadridAún no se sabe qué papel tendrá Yolanda Díaz en las próximas elecciones estatales. Queda claro, sin embargo, que tras renunciar a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, dejará un legado de siete años al frente del ministerio de Trabajo, si las generales se celebran en el 2027. Una voz sindical trabajada de cerca no duda en calificar la agenda de reformas y medidas impulsadas desde su cartera como un "punto de inflejo" 2021.

"Ha sido la reforma laboral, la ley rider... tantas y tantas normas pese a la adversidad", recordaba Díaz hace unos días, cuando ratificó una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tras un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, pero sin la patronal. La titular de Trabajo también sacaba pecho de haber conseguido que el ministerio, siempre bajo el más de un choque, como por ejemplo con la reforma del subsidio para desempleados–, tenga hoy "vida propia, autonomía propia, sin dependencia de otros ministerios"

Con las organizaciones sindicales, Díaz ha logrado desencallar hasta 27 acuerdos. legislatura, hasta el punto de que los empresarios sólo han apoyado el pacto contra la discriminación LGBTI+ en el trabajo.

Tomar una reforma laboral fue la promesa central de la ministra de Trabajo al asumir el cargo, con el objetivo de dejar atrás la del PP y reducir la temporalidad para priorizar los contratos indefinidos. En febrero del 2022, Díaz logró que el Congreso aprobara una nueva norma –gracias al voto erróneo de un diputado del PP– que recuperó también instrumentos como la ultraactividad de los convenios colectivos, que vuelven a prorrogarse automáticamente cuando caducan si no hay un nuevo acuerdo. Con la reforma laboral de Díaz, el uso de los contratos temporales se redujo a dos modalidades por causas muy concretas: contrato por circunstancias de producción y contrato de sustitución.

Entre el último trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2025, el peso de los contratos temporales en España ha caído del 25,6% al 15,1%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). A cambio, se impulsó la figura de los fijos discontinuos para aquellos trabajos estacionales o intermitentes, con los que el trabajador todavía conserva su antigüedad cuando la empresa no lo requiere. De todas formas, esta modalidad sólo representa el 3,5% de los contratos, frente al 81,4% de los indefinidos permanentes.

La espina que, por el momento, tiene clavada Díaz es no haber conseguido apoyo suficiente en el Congreso para aprobar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Esta vez no hubo ningún error en la cámara baja que salvara la norma. Sin embargo, Díaz prevé sacar adelante uno de los puntos más polémicos de la medida: el refuerzo del control horario con una nueva regulación, un cambio que quiere llevar en breve al consejo de ministros.

También sigue pendiente el trámite parlamentario para sacar adelante el Estatuto del Becario, así como el blindaje de los complementos salariales ante las subidas del SMI. Asimismo, Díaz no ha abierto la caja de los truenos de la reforma del despido en España, pese a la presión de los sindicatos y de distintas instancias europeas. Además, la ministra de Trabajo se comprometió, aunque todavía no se aprobó, a ampliar los permisos por defunción y cuidados paliativos, y reforzar la prevención de los riesgos laborales.

Pulso en las plataformas

En términos de relaciones laborales, la vicepresidenta segunda también será recordada por haber puesto fin al modus operandi de las aplicaciones de reparto que, cuando llegó al gobierno español, operaban con falsos autónomos en sus flotas. Este modelo comportaba la renuncia a derechos laborales básicos, como las vacaciones pagadas y los descansos regulados, y en muchos casos abocaba a los trabajadores a la autoexplotación ya prácticas irregulares, como el alquiler de cuentas por parte de migrantes sin papeles.

Ni las multas millonarias de la Inspección de Trabajo, ni la aprobación de la ley rider en el 2021 –con un texto final que rebajaba las expectativas iniciales de regular todo el trabajo en plataformas–, fueron tan efectivas a la hora de hacer retroceder a estas empresas como la reforma del Código Penal que amenazaba a sus responsables con penas de prisión por los delitos laborales contra los trabajadores. Finalmente Glovo y más tarde UberEats han terminado accediendo a contratar a sus repartidores como asalariados.

Los ERTO, de experimento a medida estructural

Uno de los momentos más complicados que ha tenido que afrontar al frente del ministerio de Trabajo es el cierre masivo de empresas por la pandemia de la cóvid-19. De esa situación de emergencia surgieron los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTO), un mecanismo que ayudó a preservar miles de puestos de trabajo –hoy, nadie lo discute– y que ha acabado convirtiéndose en una herramienta estructural. La propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) lo calificó de "gran éxito" y estimó que por cada empleado cubierto por un ERTO, se salvaron entre 1,1 y 2,2 puestos de trabajo.

Sumado a todo esto, hay otro de los primeros grandes acuerdos de su mandato, justo cuando llegó al ministerio: el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en el 2020 hasta los 950 euros brutos al mes en catorce pagas. Díaz continuó la línea iniciada por el PSOE y Podemos en el 2018, cuando se aprobó un nuevo aumento después de años de estancamiento. Desde entonces, el sueldo mínimo no ha dejado de crecer y en 2026 se sitúa en 1.221 euros brutos al mes.