Nauru, el estado subcontratado

TokioNauru, un pequeño estado insular del Pacífico central de apenas 21 kilómetros cuadrados, se ha convertido en un caso extremo pero revelador de hasta dónde puede llegar la redefinición contemporánea de la soberanía. Antiguamente, este atolón representaba el epítome del paraíso polinesio: un círculo de arena blanca y palmeras donde la vida discurría con una autosuficiencia casi bíblica. Sin embargo, hoy aquel edén es un recuerdo sepultado bajo capas de historia extractiva, corrupción financiera y, finalmente, una redefinición inquietante de lo que significa ser un estado soberano en el siglo XXI. Nauru ya no es conocida por lo que produce –ya no produce nada–, sino por el papel que desempeña como vertedero de las crisis que las grandes potencias prefieren no ver.

El origen de esta deriva se encuentra en la explotación intensiva del fosfato a lo largo del siglo XX. Durante décadas, Nauru vivió de un recurso natural extraordinariamente rentable, explotado primero por potencias coloniales y, después de la independencia, por el propio estado nauruano. A partir de los años setenta, los ingresos procedentes del fosfato situaron temporalmente al país entre los de renta per cápita más alta del mundo. Pero esa prosperidad se basó en la liquidación acelerada de un activo finito, sin ninguna estrategia de diversificación económica ni de preservación ambiental.

Pero el fosfato no era infinito. Cuando las reservas empezaron a agotarse a finales de los años noventa, el modelo de negocio del Estado colapsó sin dejar ninguna infraestructura alternativa. El precio ambiental fue la estocada final: el 80% del interior de la manzana, conocido como el Topside, quedó convertido en un paisaje lunar, un laberinto de pináculos de coral estériles donde no crece nada. Sin tierra por cultivar, sin turismo posible y con los fondos soberanos dilapidados en inversiones ruinosas en el extranjero, Nauru perdió la capacidad material de reinventarse. Fue entonces cuando el estado, en un ejercicio de supervivencia casi desesperado, comprendió que su única mercancía restante era su propia soberanía formal.

Es en este contexto que la soberanía formal empezó a convertirse en el último recurso disponible. A principios de los años 2000, Nauru aceptó acoger centros de detención de migrantes y solicitantes de asilo como parte de la denominada "Solución del Pacífico" impulsada por Australia, tras flirtear con el blanqueo de dinero y la venta de pasaportes diplomáticos. Canberra buscaba alejar de su territorio –y de su sistema judicial– la gestión de los flujos migratorios irregulares. Nauru, a cambio de ayuda financiera directa, asumió una función que no había definido ni podía controlarse políticamente.

Canberra necesitaba un lugar lejos de sus tribunales y de su opinión pública para encarcelar a los solicitantes de asilo que llegaban por mar. Nauru, con el agua en el cuello, aceptó convertirse en una cárcel a cielo abierto a cambio de ayuda financiera directa. En ese intercambio, la isla no exporta bienes ni servicios; importa un problema político ajeno y lo monetiza. Australia externaliza la gestión de los puntos más conflictivos de su frontera, fragmentando su responsabilidad jurídica y moral, mientras Nauru asume el coste social y reputacional de una política decidida a miles de kilómetros.

Este acuerdo no supuso la creación de un sector productivo ni la transferencia de conocimiento. Consolidó un modelo de dependencia. En algunos ejercicios presupuestarios, hasta un 60% de los ingresos del Estado nauruano han estado vinculados directa o indirectamente a estos acuerdos. Nauru no exporta bienes ni servicios competitivos; presta una función política externalizada por otro estado. Mantiene bandera, gobierno y voto en Naciones Unidas, pero su viabilidad económica depende de la voluntad de un cliente externo.

Un laboratorio

Pero sería un error ver a Nauru como una anomalía exótica de un rincón remoto del Pacífico. En realidad, Nauru es el laboratorio en el que se está probando un modelo que Europa ya empieza a normalizar con una rapidez inquietante. Europa avanza, de forma desigual pero sostenida, hacia esquemas similares de externalización de fronteras. El acuerdo del gobierno italiano con Albania para instalar centros de detención de migrantes fuera del territorio comunitario es un ejemplo reciente y significativo. El principio es el mismo: desplazar el conflicto fuera del propio espacio político para reducir el coste electoral, mediático y jurídico de la política migratoria.

La misma lógica se repite en los acuerdos de la Unión Europea con países del norte de África y de Oriente Próximo. La frontera deja de ser una línea fija para convertirse en una red de puntos subcontratados en la que se delega la contención migratoria a cambio de recursos económicos o apoyo político. Cuando la gestión del rechazo se convierte en una actividad económica, la cuestión central ya no es cómo gobernar la movilidad humana, sino quién está dispuesto a asumir su coste a cambio de compensaciones.

El riesgo no es sólo humanitario sino también político e institucional: La subcontratación de funciones básicas erosiona la noción misma de responsabilidad estatal y fragmenta el derecho internacional. Nauru muestra hasta qué punto este modelo puede convertirse en estructural y generar dependencias difíciles de revertir. Una vez que la viabilidad de un estado depende de ejecutar decisiones tomadas en el exterior, la soberanía se vuelve progresivamente nominal.

El atractivo político de la externalización –menos coste interno, menos conflicto visible– es evidente. El caso de Nauru actúa como advertencia: subcontratar la frontera puede aliviar tensiones a corto plazo, pero a largo plazo implica externalizar también una parte esencial de la responsabilidad democrática. Y una vez que este umbral se cruza, recuperarlo es mucho más difícil de lo que parece.