Permiso retribuido por meteorología adversa: quien tiene derecho a él y quien debe pagarlo

BarcelonaEl fuerte temporal de viento que este jueves está asolando a Catalunya ha provocado la suspensión de la actividad educativa y universitaria, así como la recomendación por parte de la Generalitat de extremar precauciones, evitar desplazamientos que no sean de extrema necesidad y optar por el teletrabajo. Este escenario, en el que una autoridad emite recomendaciones, limitaciones o prohibiciones sobre la movilidad, genera derechos y obligaciones a los trabajadores –como, por ejemplo, disponer de un permiso retribuido o trabajar a distancia cuando sea posible– y también a las empresas –pagando ese permiso o facilitando el teletrabajo.

Todo esto queda recogido en el artículo 37.3.g) del Estatuto de los Trabajadores, que dice que los asalariados "podrán ausentarse" hasta cuatro días del puesto de trabajo "con derecho a remuneración" en caso de que no puedan acudir a su puesto de trabajo como consecuencias de las directrices de las autoridades ante las meteorologías. Ahora bien, este derecho genera un coste económico que plantea la siguiente pregunta: ¿quién debe asumirlo?

El permiso para fenómenos meteorológicos es relativamente nuevo. Se sumó al artículo 37 en noviembre de 2024 a partir de un real decreto motivado por los efectos de la depresión aislada en niveles altos (dana) que dejó a 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. En ese momento, organizaciones como Pimec, la patronal catalana para las pequeñas y medianas empresas, ya advirtieron de que el coste no podía recaer exclusivamente en las empresas, ya que es la administración quien invoca el derecho, pero no asume coste directo, como sí lo hace con otros permisos retribuidos.

La empresa, responsable del coste

Ya han pasado 15 meses de esa dana, pero el debate sobre quién debe pagar los costes laborales derivados de estos fenómenos no se ha resuelto. Ahora bien, el permiso retribuido por causas meteorológicas es desde ese momento un derecho equivalente al que se genera cuando el trabajador contrae matrimonio, sufre la muerte, accidente o enfermedad grave de un familiar o realiza una mudanza.

Estos permisos se diferencian de los demás que también quedan reconocidos por el Estatuto de los Trabajadores precisamente por el reparto del coste. En el caso de una incapacidad temporal o del nacimiento y cuidado de un hijo, el coste del permiso se reparte entre la empresa y la Seguridad Social. Los trabajadores autónomos no tendrán este derecho por no trabajar por cuenta ajena.

¿Cómo se ejerce este derecho?

El derecho se ejerce en el momento en que las administraciones, como hizo ayer la Generalitat, recomiendan o limitan la movilidad por causas meteorológicas adversas. Además, ayer el Govern publicó una instrucción que en sí misma es ya un justificante añadido, ya que la conselleria de Treball citó directamente el artículo 37.3.g) diciendo que era de aplicación "a la situación descrita".

De hecho, ante este anuncio, UGT de Catalunya reclamó que todas las empresas apliquen de forma inmediata el artículo en cuestión, y recordó que tienen la obligación legal de garantizar la protección de sus plantillas y de adoptar todas las medidas preventivas posibles.

Según el secretario general de CCOO de Seat, Rafa Guerrero, al tratarse de una cuestión relativamente nueva –desde noviembre de 2024–, comunicados como éste de la Generalitat añaden certeza y amparo a los trabajadores. "Como ocurre en todos los redactados, deben interpretarse y tienen cierta ambigüedad. Lo importante es el origen, que es la dana, y que se trata de evitar que ocurra lo mismo", explica al ARA.

En el caso de Seat, la compañía decidió detener la actividad prevista para este jueves. El mecanismo legal es distinto –el trabajador no ejerce un derecho–, puesto que la empresa para, pero la plantilla cobra como si hubiera trabajado, así que el coste derivado también recae únicamente en la empresa.

¿Qué dicen las patronales?

La patronal Pimec ya expresó su posicionamiento en diciembre del 2024, tras aprobarse el real decreto que añadía las causas meteorológicas al Estatut. En un comunicado, reclamó "previsión y corresponsabilidad" a la administración para evitar que la sociedad en general, y las pymes en particular, "asuman las consecuencias y costes del cambio climático", un reto que requiere compromisos firmes por parte de todos los actores afectados. Por eso instó a desplegar mecanismos normativos ágiles que permitan a las empresas adaptar sus medidas preventivas a la nueva realidad climática.

A raíz del episodio de viento de este jueves, el presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado "conciencia" para evitar que el empresariado tenga que asumir todos los costes. Lo ha dicho en una entrevista en RAC1, donde ha insistido en que debe hacerse un planteamiento para evitar perjudicar la viabilidad y competitividad de las pymes.

"La fiesta no la pueden pagar los de siempre, que son las empresas, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas y personas autónomas, que tienen unos costes que muchas veces no pueden afrontar", ha dicho.