Las pymes avisan de que los pagos con retraso se enquistan

BarcelonaLa morosidad no desaparece. A pesar de las distintas regulaciones, la obligatoriedad de pagar a los proveedores en un máximo de sesenta días no se cumple por muchas empresas, las cuales tienen plazos de pago que llegan a superar incluso los trescientos días. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que dice representar en torno a un millón de pymes y autónomos, encabezada por la patronal catalana Pimec, ha vuelto a alertar al respecto y destaca que la morosidad es un problema "estructural y generalizado" en el mundo empresarial en España. Y es también una verdadera "bomba de relojería" que la Comisión Europea quiere desactivar a través de un reglamento, que incluye reducir a treinta días los plazos de pago, con salvedades; un sistema sancionador automático y la creación de autoridades nacionales de supervisión. Sin embargo, todavía no se aplica.

Es precisamente la falta de un modelo de penalización que realmente se aplique a los morosos, lo que impide muchas veces ajustar los pagos al plazo legal previsto. "Lejos de ser anecdótica, esta práctica se ha convertido en un elemento habitual del modelo de negocio de muchas compañías, especialmente de las grandes", alertan desde la PMcM. Lo cierto es que "pagar tarde se ha institucionalizado. Para algunas empresas es una forma encubierta de financiarse a costa de sus proveedores", denuncia Antoni Cañete, presidente de la PMcM y también de Pimec. En un país en el que el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, esta situación supone "una amenaza sistémica para la supervivencia", asegura.

Según datos del Banco de España, en el segundo semestre de 2024, el plazo medio de pago entre las empresas cotizadas alcanzó los 136 días. Sectores como "Información y comunicaciones" y "Resto" alcanzaron cifras alarmantes de 252 y 309 días, respectivamente, muy lejos del límite legal de 60 días. Esta situación "afecta directamente a la liquidez de las pymes, les resta capacidad de inversión y las hace más vulnerables ante cualquier crisis económica", explica el presidente de la PMcM.

El último informe de la PMcM concluía que durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó en doce días, lo que se situó en sesenta y siete días, mientras que el del sector privado se redujo en seis días, hasta una media de sesenta y cuatro días. Ambos incumplen la ley 15/2010, que fija en treinta días el máximo legal para las administraciones públicas y en sesenta días para las empresas. Cañete consideró "alarmante" en la primera reunión del Observatorio de la Morosidad que el plazo de pago de las administraciones superara en 2024 el de las empresas por primera vez desde 2014.

"Ineficacia" del marco legal actual

También destaca la "ineficacia" del marco legal actual. La directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, "carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos a subcontratistas,

El reglamento propuesto por la Comisión Europea aspira a sustituir a la directiva vigente. nacionales de supervisión, durante su tramitación en el Parlamento Europeo, se han introducido algunas excepciones sectoriales "que podrían alargar los plazos en situaciones justificadas, como productos de baja rotación o estacionales" La PMcM considera que, aunque estas excepciones pueden responder a ciertas realidades económicas, también "corren el riesgo de debilitar el objetivo".

El texto se encuentra ahora en fase de discusión en el Consejo Europeo, donde las diferencias culturales y económicas entre países han generado posiciones enfrentadas. la efectividad de este reglamento dependerá de que los Estados miembros lo apliquen "con firmeza, doten de medios a las autoridades supervisoras y no cedan a presiones sectoriales que busquen mantener el'statu quo. La pregunta clave es si Europa protegerá en serio a las pequeñas empresas o si se dejará arrastrar, una vez más". A nivel nacional, la PMcM destaca la medida recientemente adoptada por la Generalitat de Catalunya, de efectuar pagos directos a los subcontratistas. ejecutan los trabajos.Informe sobre Morosidad en España 2024, elaborado por la PMcM, los subcontratistas cobran con una media de 88 días, incumpliendo ampliamente los plazos legales.

En este sentido, Cañete considera que esta medida debería extenderse al conjunto de las administraciones públicas en España y servir de ejemplo en el ámbito europeo. "Es una herramienta eficaz para reducir la morosidad y mejorar la liquidez de las empresas más vulnerables", concluye.