Estafas y suplantaciones de identidad: se disparan las llamadas al asistente en ciberseguridad del ministerio
Las consultas más frecuentes al número del Incibe responden a casos de 'phishing' y compras fraudulentas
BarcelonaLa preocupación por los ciberataques en el Estado español está en máximos. Así lo demuestran los últimos datos del ministerio para la Transformación Digital relativos al servicio público de ayuda en ciberseguridad que ofrece el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) a ciudadanía y empresas: según ha avanzado el titular de la cartera digital, Óscar López, el teléfono de contacto 017 –que dirige al mencionado servicio– ha recibido más de 95.000 llamadas entre enero y junio, cerca del doble que las que se atendieron en 2025 (49.599) y prácticamente las mismas que las registradas en todo el 2024 (98.546).
Según los datos publicados por el ministerio, tanto los ciudadanos como las empresas que se han dirigido al servicio de ciberseguridad lo han hecho mayoritariamente para pedir consultas sobre posibles ciberestafas. El 40% de los particulares que se han puesto en contacto con el Incibe han alertado de posibles casos de phishing; es decir, aquellas instancias en que el ciberdelincuente busca engañar a la víctima para que le facilite información personal o económica con correos, mensajes de teléfono (smishing) o llamadas fraudulentas (vishing). Por otra parte, el instituto ha registrado un aumento exponencial de las consultas relacionadas con fake news, que han crecido un 175% si se compara con la primera mitad de 2023.
El phishing ha sido mayoritario también entre las empresas, con más del 30% de las consultas dirigidas al servicio de ciberseguridad. En el caso de los negocios, sin embargo, las llamadas relacionadas con posibles suplantaciones de identidad se han disparado hasta el 20%. El Incibe también ha detectado un incremento sustancial de las comunicaciones relacionadas con el conocido como fraude de CEO. Se trata de una modalidad de cibercrimen en que un ciberdelincuente suplanta la identidad de un directivo para pedir a un trabajador del departamento financiero de la compañía una transferencia urgente a una cuenta ajena, alegando, por ejemplo, un pago urgente a un proveedor. Según los datos facilitados por el ministerio, cerca del 10% de todos los contactos con empresas han estado relacionadas con este tipo de actividades delictivas, el triple que en el año 2023.
A diferencia de las empresas y la ciudadanía en general, los menores de edad han realizado mayoritariamente consultas relacionadas con la actividad en las redes sociales. Más de un 17% de los jóvenes que han contactado con el servicio han hecho preguntas relacionadas con la privacidad y la reputación en línea; una ratio similar a las consultas sobre extorsiones sexuales, que igualan por primera vez la actividad en la red como principal preocupación del grupo. Por otra parte, un 5% de los menores registrados han contactado con el Instituto por casos de ciberacoso.
"Nuevos delitos"
Según ha detallado López en una atención a los medios, las consultas al servicio de ciberseguridad han aumentado, en parte, "porque ha mejorado la concienciación de los usuarios". El titular de Transformación Digital, sin embargo, ha reconocido también que "a medida que avanza la sociedad digital, surgen nuevos delitos". "Por eso desde el gobierno estamos tomando medidas para proteger a la ciudadanía, como el plan anti estafas telefónicas", ha añadido el ministro.
En este sentido, López ha elogiado el trabajo de los operadores de telecomunicaciones, que han bloqueado ya más de 300 millones de llamadas y cerca de 27 millones de mensajes potencialmente fraudulentos desde que se puso en marcha el plan antiestafas. En 2026, tal como apunta el ministerio en un comunicado, entrarán en vigor dos nuevas medidas para fortalecer esta barrera digital. En primer lugar, a partir de mediados de septiembre, los operadores de telefonía bloquearán todos los SMS de empresas o marcas que no estén registradas en una base de datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, para asegurar que los usuarios solo reciban comunicaciones "de entidades legítimas". A partir de octubre, por otra parte, todas las llamadas comerciales deberán usar un número que empezará por 400, para que el ciudadano tenga más fácil reconocer el contenido basura.