El terremoto presupuestario que puede generar el PP desde el Senado

MADRIDDel dedo al hecho. El Partido Popular, con mayoría absoluto en el Senado, tumbará la senda de estabilidad del gobierno español y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda que el ejecutivo de Pedro Sánchez había establecido para poder elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado (ahora siguen prorrogadas las cuentas públicas de 2023). Así lo ha anticipado el senador popular Gerardo Camps durante el pleno en la Cámara Alta española este miércoles por la mañana (la votación se celebra por la tarde).

"¿Qué importancia tiene la veracidad de sus datos? Usted y yo sabemos que quienes mandan aquí son los señores Otegi, Ortuzar, la señora Belarra y el señor Puigdemont", ha justificado Camps ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), encargada de defender la senda de estabilidad. Montero le ha espetado que con el suyo no están "privando a las comunidades autónomas ya los ayuntamientos de mayor margen de actuación". ¿Qué pasa con el no del PP a partir de ahora?

Cuenta atrás para una nueva senda de estabilidad

De entrada, el movimiento de los populares implica retrasar la elaboración de los presupuestos generales del Estado para este 2024, puesto que sin una senda de estabilidad no se pueden tramitar.

Una vez el Senado tumba los objetivos de estabilidad, el gobierno español tiene un mes de margen para volver a empezar el trámite. Esto quiere decir que en el plazo máximo de un mes el ejecutivo debe aprobar en consejo de ministros nuevos objetivos de déficit y deuda, también el techo de gasto, para después trasladarlos al Congreso de los Diputados y al Senado. Fuentes del ministerio de Hacienda recuerdan que esta nueva senda de estabilidad no debe ser necesariamente distinta.

Segunda votación

Sin embargo, el gobierno español puede encontrarse en la misma situación, es decir, que el Congreso de los Diputados dé luz verde a la senda (el PP no tiene mayoría absoluta) pero que el Senado, donde los populares sí tienen mayoría absoluta, la tumbe como ya ha hecho. Según la ley de estabilidad presupuestaria, si los objetivos de déficit y deuda se tumban por segunda vez consecutiva el gobierno español se verá obligado a fijar los objetivos del ejercicio presupuestario anterior.

Sin reglas fiscales

Este escenario se abre en un momento particular, porque en el ejercicio 2023 España no tenía objetivos de déficit y deuda (Europa tampoco). Esto responde a que las reglas fiscales, en vigor de nuevo en 2024, quedaron suspendidas desde el año 2020 por la pandemia de cóvido-19. Si se llega a este punto, la Abogacía del Estado ha señalado que los objetivos de estabilidad que tendrán que entrar en vigor son los que el gobierno español dibujó en el programa de estabilidad enviado a Bruselas. abril de 2023. Desde la cartera que pilota Montero han explicado que es en este programa donde se incluyen los objetivos presupuestarios a medio plazo evaluados por la Comisión Europea para determinar si un Estado miembro cumple o no con la normativa europea de estabilidad presupuestaria .

Menos margen de gasto

Sin embargo, este plan B no es favorable ni a las comunidades autónomas, ni a los ayuntamientos, porque supone una restricción del gasto. La senda de estabilidad que se está tramitando en estos momentos y que el PP tumbará establece para el conjunto de las administraciones públicas un objetivo de déficit público del 3% para 2024, cumpliendo así con el retorno de las reglas fiscales a Europa . En el caso del Estado, el objetivo de déficit es del 2,7% del PIB; para las comunidades autónomas, de un 0,1% del PIB, y, por último, los ayuntamientos deberían cerrar el ejercicio con equilibrio presupuestario, es decir, con un déficit público del 0%.

Ahora bien, si acaba imponiéndose el objetivo de déficit del programa de estabilidad del mes de abril, el Estado tendrá más margen (objetivo de déficit del 3%), pero las comunidades deberían cerrar el ejercicio presupuestario en equilibrio (déficit del 0%), en tanto que para los ayuntamientos se establece un superávit de un 0,2%. Montero ha advertido que esto obligaría a todas las administraciones a rehacer sus cuentas públicas y adaptarlas a los nuevos objetivos.