La ventanilla única, un proyecto a medio camino para acabar con el papeleo

BarcelonaCasi todas las leyes para eliminar burocracia que ha aprobado el Govern en los últimos años tienen un elemento común: potenciar la ventanilla única. Todos los trámites necesarios para pedir un permiso a un solo clic, dependan de la Generalitat del Estado o de los entes locales. Primero, la ventanilla no era virtual, sino que en 2011 se encontraba en 23 sedes. Aquel fue el primer embrión del actual portal online y fue idea de Cristina Pruñonosa, responsable de la Oficina de Gestión Empresarial (OGE), cargo que aún ocupa. No lo hicieron siguiendo ningún modelo, ni reflejándose en otro país. “La OGE se dedica a atender las necesidades de los empresarios y pensé que era una buena manera de mejorar el servicio al cliente”, explica. Empezaron con 145 trámites en una misma ventanilla y ahora ofrecen 709. De expedientes, en 2012 tramitaron 46.599, y en 2021 algo más de 520.000. 

Uno de los pasos más importantes fue en 2015 cuando se firmó el convenio con las entidades municipalistas y las diputaciones para que sus trámites también se incluyeran en el portal. Este acuerdo lo firmó el entonces conseller de empresa, Felip Puig, que dice que desde que llegó al departamento intentó dar un “impulso” a la ventanilla: “Cuando llegamos en 2014 observamos los primeros síntomas de recuperación e intuimos que le hacía falta un empujón”. El cierre del círculo ha sido este año con la incorporación de Barcelona en el convenio. Por el camino, se han aprobado dos leyes, una en 2015 y otra en 2020 que han dado forma al instrumento. “La ventanilla se ha consolidado”, dice Pruñonosa. Han aumentado los trámites unificados que ofrece el ejecutivo, también los del ámbito local, pero hay unos que siempre se han mantenido igual: los del Estado. En la ventanilla se pueden encontrar nueve trámites de 709 que dependen del Gobierno español: “Recuerdo que la rigidez de la administración española a veces era muy compleja de perforar”, argumenta Puig. “No hemos conseguido que el Estado colaborara con más trámites”, añade Pruñonosa. 

Uno de sus grandes retos, y así lo expone Pruñonosa, es agilizar los procesos. No solo ofrecerlo todo en un clic, sino que las respuestas también sean rápidas, una de las grandes demandas de los empresarios. Puig enumera varios procesos administrativos que todavía son “muy lentos”, como los relacionados con la legislación ambiental o los proyectos energéticos. Él, por ejemplo, es partidario de una administración que no ponga tantas trabas antes de dar una autorización y que lo supervise con varios controles después. Coincide con él Josep Maria Pascual, doctor en sociología y director de estrategias de calidad urbana: “Con el covid se dio flexibilidad para contratar y ¿qué ha pasado? Irregularidades. Desde mi punto de vista es perfecto que todas estas irregularidades salgan a posteriori, si hubiéramos hecho el control ex ante no habría habido mascarillas”, dice. También da parte de la culpa a los partidos que “se amparan en la burocracia” ante las acusaciones cruzadas de corrupción entre los que gobiernan y los que están en la oposición. “Hacen procesos administrativos cada vez más rígidos”, afirma.

Precisamente, Pruñonosa apunta que desde la Oficina de Gestión Empresarial se está apostando por la filosofía de primero comunicar una actividad y que después la administración haga el control, eliminando de este modo los cuellos de botella que todavía existen. “Tú comunica la actividad y después ya haremos los controles”, explica. Esto, de hecho, ya se está aplicando y la ley aprobada en 2020 fue el “coche escoba”. Sin embargo, este coche todavía no puede barrer los “trámites más complejos”. Sobre todo, son los que afectan “a la seguridad de las personas, la salud o el medio ambiente”, y todas necesitan autorizaciones. Están intentando encontrar rendijas para flexibilizarlo y con la ley 18/2020 declararon los proyectos que tienen un “efecto tractor” para Catalunya como “estratégicos”. “Esto hace que tengan interés general y los plazos para las autorizaciones se pueden reducir a la mitad”, describe. Pero no todos los procesos complejos son por proyectos estratégicos. Estos no serán regulados por la ley, pero el Govern ha puesto en marcha un plan en colaboración con los entes locales, las direcciones generales y el sector empresarial para identificar en qué gestiones se crea un tapón. A la vez, la misma ley también impulsa una herramienta para no tener que llenar decenas de formularios con los mismos datos, porque con uno hay suficiente. Todo ello se implementará una vez esté en vigor el ámbito reglamentario de la ley, que el ejecutivo ha acabado y espera el dictamen de la comisión jurídica asesora.

Todo esto son medidas para evitar este tapón, que a parecer de PascuaI también se produce porque entre los funcionarios predomina el principio de culpabilidad: “Si hacen algo mal, se les va la carrera”. Para él, parte de la solución pasa por dar más “soberanía” a los funcionarios y no tanto poder a los interventores y a los secretarios, que “muchas veces actúan como fiscales en lugar de defensores de un derecho de ayuda”. A la hora de impulsar y hacer crecer la ventanilla, Pruñonosa y Puig también se encontraron con resistencias dentro de la propia administración catalana. “La administración pública bebe del modelo más napoleónico, basado en una visión muy jerárquica”, expone Puig, que añade que se tuvieron que romper “muchas inercias” en la Generalitat. “De entrada me decían que no”, recuerda Pruñonosa, que tuvo que convencer a muchas personas.