Aeropuertos y gestión
En marzo del 2007, hace 19 años, cientos de representantes de la llamada sociedad civil catalana llenaron a rebosar el Iese en un acto que se convirtió en un verdadero hito reivindicativo sobre la necesidad de acercar al territorio la gestión de una infraestructura clave como el aeropuerto de Barcelona. Han transcurrido prácticamente dos décadas de aquel momento y la cuestión, que ha ido resurgiendo a lo largo de los años, vuelve a estar sobre la mesa, ahora con un gestor centralizado publicoprivado, Aena. No se han resuelto aún temas que hace mucho que se plantean, como las cuentas de cada uno de los aeropuertos de la red –se presentan como un todo, sin detalle de las partes que lo conforman ni lo que ganan unos y pierden los otros, o cuáles subvencionan los otros, etcétera.
Y de nuevo, además, surge la vieja reivindicación de la gestión. Especialmente después de que el gobierno español haya pactado con el ejecutivo vasco su participación en la gestión de los tres aeropuertos vascos. A pesar de una reacción contraria inicial de Maurici Lucena, el presidente de Aena –en la que el Estado tiene una participación mayoritaria del 51%–, después se matizó. Y entramos entonces en las lecturas e interpretaciones: en realidad se trata de profundizar en la coordinación con los territorios y no de aplicar la "cogestión". El pacto de Pedro Sánchez con el lehendakari preveía la creación de un "órgano bilateral de colaboración y coordinación" para que Euskadi pueda participar en la gestión de los aeropuertos.
En este contexto, el presidente Salvador Illa ha asegurado esta semana en el Parlament que el acuerdo para que Catalunya participe en la gestión aeroportuaria "será bastante inmediato". Ha sido en respuesta a ERC, que considera que este punto es esencial para la legislatura. En el acuerdo de investidura se preveía crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya, que todavía está pendiente. De momento se reunirá el comité territorial que se creó en todas las autonomías en 2014 para debatir estrategias e inversiones y que Aena asegura que todavía no se había activado.
El reto consistirá en compatibilizar los compromisos políticos adquiridos por el gobierno español –principal accionista de Aena a través de Enaire– con el PNB en el País Vasco y con ERC en Catalunya con los de la parte privada, que controla el 49% restante del capital de Aena. Los intereses de unos y otros no tienen por qué ser siempre coincidentes. Una vía para superarlo podría consistir en enfatizar la forma en lugar del fondo, es decir, entrar en el terreno de las interpretaciones. El hecho de hablar de participar en la gestión puede querer decir muchas cosas, que van desde intervenir en ella –una posibilidad que desde Aena se ve como imposible– hasta formar parte de ella con voz, pero quizás sin voto, o con muy poco.
En España la red de aeropuertos es centralizada, mientras que en Francia, Alemania o Italia hay modelos mixtos, en el Reino Unido los aeropuertos son privados y en EE. UU. son de gestión local pública. Quizás una opción más efectiva y más en línea con las reivindicaciones territoriales, y probablemente más eficiente, sería analizar la manera de reformar el modelo actual de gobernanza para que la gestión sea lo más cercana posible a los territorios.