¿Dónde está la alternativa del PP a la propuesta de financiación?
BarcelonaResulta inaudito pero el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este domingo a sus varones para obligarles a firmar una declaración en la que todos se comprometen a no aceptar el nuevo dinero que supondría para sus comunidades autónomas el nuevo sistema de financiación. Para los populares el sistema es "injusto" y un "martingala" solo por el hecho de que ha sido pactado por un partido como ERC, como si esto no hubiera ocurrido en todos los sistemas anteriores, por ejemplo el de 1996, cuando fue fruto de un acuerdo entre el PP y CiU.
El caso es que un ciudadano valenciano o balear, que tiene gobiernos del PP, mira con estupefacción que sus ejecutivos renuncien a una cantidad ingente de recursos, que sin duda mejorarían los servicios públicos de sus territorios, sólo porque a Feijóo no le va bien para su estrategia política. La firma hoy de la llamada Declaración de Zaragoza por parte de Marga Prohens y Juanfran Pérez Llorca va en contra de los intereses de sus ciudadanos, e incluso en contra del mandato con el que fueron elegidos, que es procurar mejorar las condiciones de vida de sus gentes. ¿O es que Pérez Llorca piensa que Feijóo le mejorará la oferta de 3.669 millones que le ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Y qué garantías tiene? Isabel Díaz Ayuso puede permitirse el lujo de renunciar a ese dinero porque con el efecto capital compensa sobradamente su infrafinanciación, pero otros territorios no.
En todo caso, la firma de la declaración oponiéndose al modelo habría podido entenderse mejor si Núñez Feijóo hubiera puesto una propuesta con números sobre la mesa que mejorara, para todas y cada una de las comunidades, la propuesta del gobierno socialista. Pero no es el caso. Feijóo no ha puesto ningún número sobre la mesa. Ni siquiera ha sentado las bases de este sistema más justo que dice que quiere implementar. Sólo ha dicho que quiere que algún criterio concreto, como el de despoblación, cuente más (una variable que beneficia a las comunidades autónomas del norte, que son las mejor financiadas, por cierto), o que haya una variable ligada a la construcción de vivienda; todo ello detalles menores que, si de verdad estuviera interesado en conseguir, podría hacerlo a través de una negociación en el Congreso.
Pero éste es uno de los problemas de la política española. Nunca se ha logrado que los dos grandes partidos españoles se pongan de acuerdo en un sistema de financiación. Este consenso que ahora piden nunca se ha producido. Simplemente, el partido que está en la oposición siempre, en cualquier circunstancia, vota en contra. En 1996 Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se negaron a sumarse al nuevo sistema pactado entonces entre el PP y CiU porque lo consideraban insolidario. Pero cuando vieron que perdía dinero corrió a apuntarse. ¿Harán ahora lo mismo las comunidades del PP? En caso de que se apruebe en el Congreso, ¿se negarán a adoptarlo y renunciarán al dinero? De momento parece que ésta es la idea. Pero, claro, es porque Feijóo confía en que Junts tumbe el modelo. Pero, si esto no ocurre, el PP tendrá un problema. Y gordo.