La amnistía es constitucional y, por tanto, debe aplicarse

No por ser una decisión anunciada es menos importante. La ley de amnistía aprobada en el Congreso en mayo del año pasado ha sido declarada constitucional por el TC y, por tanto, ya no hay dudas sobre su legalidad. En consecuencia, corresponde ahora a los tribunales ordinarios, y específicamente al Tribunal Supremo, aplicarla en toda su extensión siendo el máximo de fieles al texto ya la voluntad del legislador.

Que la ley haya sido declarada legal, con unos pequeños retoques que no afectan al núcleo de la norma, no es poco. Durante años se dijo que era imposible que el ordenamiento jurídico español no permitía una ley de estas características. A la hora de la verdad, como siempre ocurre con el derecho, esto dependía de quien fuera el intérprete de la Constitución. La sentencia, en este sentido, es diáfana: todo lo que la Constitución no prohíbe explícitamente, como la amnistía, puede tener cabida en la legalidad si se respetan los derechos fundamentales y se cumplen unos principios básicos. Y la amnistía, viene a decir el Tribunal Constitucional, es un instrumento que sirve para resolver crisis políticas excepcionales y de especial relevancia, como fue sin duda el Proceso.

Una cosa es, por tanto, estar en contra políticamente de la amnistía, que todo el mundo tiene todo el derecho, y otra considerarla ilegal. Este segundo argumento ha caído y todo el mundo debe acatarlo. Y especialmente a los jueces, que están obligados a hacer cumplir la ley independientemente de su opinión sobre la norma, porque ésta es precisamente la base de la separación de poderes. Pero esto no es lo que, lamentablemente, estamos viendo. La realidad es que el Tribunal Supremo se ha declarado en una especie de rebeldía y está buscando la forma de esquivar su deber dilatando al máximo la aplicación de la ley con el objetivo indisimulado de perjudicar políticamente al actual gobierno español.

Porque recordemos que, si todo hubiera seguido su curso, el expresidente Carles Puigdemont habría tenido que poder volver a Catalunya al día siguiente de la aprobación de la ley, que también preveía la caída de las órdenes de detención. Ahora, sin embargo, habrá que esperar, porque el Supremo considera que la malversación, un delito del que también acusa a Puigdemont, no es amnistiable.

Pero al menos con la sentencia de este jueves se clarifica el futuro procesal de cientos de personas que estaban pendientes de esa decisión. Y se demuestra que con voluntad política y cierta técnica jurídica obstáculos que parecen a primera vista insalvables no lo son. Como ha remarcado el propio Sánchez, el conflicto catalán es de naturaleza política y nunca habría tenido que pasar al ámbito jurídico, y menos con unas calificaciones tan extemporáneas como sedición o rebelión. La cárcel o el exilio han podido satisfacer las ansias de revancha de algunos que, especialmente en Madrid, se sintieron amenazados, pero nada solucionaba desde el punto de vista político. Al contrario. La amnistía ha devuelto el conflicto al ámbito de la política definitivamente, a pesar del boicot de algunos jueces.