El catalanismo y el asedio judicial al PSOE

BarcelonaAhora ya se sabe que el final de la legislatura española será un calvario judicial para el PSOE. Tal como explicamos hoy, hay hasta siete frentes judiciales abiertos contra miembros del partido o del gobierno, y eso si no hay causas secretas en marcha que puedan aparecer en cualquier momento. Se pueden decir muchas cosas, pero lo único cierto es que la legislatura comenzó con protestas de la derecha en la calle y manifestaciones de los jueces contra la ley de amnistía, y acaba con un asedio judicial a un partido como no se recordaba al menos desde el final del felipismo.

En este totum revolutum hay un poco de todo: causas que no se sostienen como la de Begoña Gómez pero que se mantienen vivas por la voluntad de un juez que no esconde su animosidad al gobierno, como Juan Carlos Peinado, con otras con indicios más o menos graves de corrupción, pero en las cuales o no hay pruebas claras, como en el caso del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, o bien no se han encontrado los dinero presuntamente malversados, como en el caso Cerdán. Sea como sea, la sensación de final de ciclo es evidente y todo ello culminará en unas elecciones, antes o después de las municipales, en las que la derecha, la suma de PP y Vox, aspirará a tener una mayoría abrumadora en el Congreso para imponer su agenda.

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Esta es la realidad a la que se enfrenta también el catalanismo, que va desde el PSC hasta la CUP, pasando por Junts, y que hasta ahora había optado por dar apoyo a la izquierda española como medida de autoprotección nacional y social. Por el momento, Junts ya ha dejado claro que no dará apoyo a una moción de censura contra Sánchez, y esta es una medida inteligente porque ante el más que previsible cambio de gobierno a medio plazo, hay que acelerar al máximo la consecución de acuerdos que beneficien a Cataluña. Por eso, tampoco es el momento de elecciones anticipadas. En este sentido, hay dos carpetas que, según la última encuesta de ARA, tienen el apoyo mayoritario de la sociedad catalana y son cruciales para el futuro del país. Por un lado, el traspaso de las competencias en inmigración, pactado entre el PSOE y Junts y a la que Podemos parece que está ahora abierto. Y por el otro, el nuevo sistema de financiación, pactado entre ERC y el gobierno español, y que supondría una inyección de 4.700 millones de euros para las arcas de la Generalitat en un momento de mucha necesidad. También es imprescindible que el Tribunal Constitucional dictamine sobre la legalidad de la amnistía antes de final de año y se cierre este capítulo lamentable.

Evidentemente, hay otras cuestiones importantes que deberían acelerarse, como el proyecto Innofab, o el desbloqueo de infraestructuras clave para la economía catalana, pero aquellas tres deberían ser absolutamente prioritarias y estratégicas. Se podrá contraargumentar que es un error dar apoyo a un gobierno agónico y salpicado por múltiples casos de corrupción. Pero con el corazón en la mano: ¿alguien puede pensar que el PP es una alternativa mejor desde el punto de vista de la limpieza y la honestidad? ¿Y desde el punto de vista de Cataluña?