Cataluña y la lucha contra la pobreza
BarcelonaLa Fundación Ramón Areces y el Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques han calculado cuál sería el coste de eliminar la pobreza en España, una cifra que sitúan en los 24.000 millones de euros, pero lo más interesante es que el estudio ofrece datos por territorios y permite hacer un análisis comparativo de los últimos 10 años. Esto permite obtener dos fotografías: una fija sobre cuáles son los territorios con más población en riesgo de pobreza o exclusión, y otra dinámica sobre cuáles han mejorado más estos indicadores en una década. En este sentido, Cataluña no sale especialmente mal parada, porque tiene un 14,3% de la población en riesgo de pobreza y un 5,3% en riesgo de exclusión (pobreza extrema), una cifra que representa alrededor de la mitad de lo que tiene la comunidad autónoma que está peor, que es Andalucía.
Ahora bien, así como Andalucía ha mejorado en los dos indicadores en los últimos años, Cataluña no ha sido capaz de reducir el porcentaje de población en riesgo de pobreza, que incluso ahora es unas décimas más alto (14,3%). En cambio, sí que hay menos población en riesgo de exclusión (5,3%, 2,8 puntos menos que en 2015). Mirado territorialmente, se observan dos casos contrapuestos, uno de éxito y uno de fracaso. El de éxito es el de las Illes Balears, que en 10 años ha reducido a la mitad el porcentaje de población en riesgo de pobreza (del 21,7% al 11,6%), mientras que el de fracaso sería el del País Valencià, que ha aumentado el índice de pobreza y, sobre todo, el de exclusión, de manera que ahora es el territorio que más tiene, superando Andalucía.
El estudio también calcula el porcentaje de PIB que habría que destinar por territorio para eliminar la pobreza. En el caso de Cataluña sería un 1,2% del PIB, lejos del 3,9% que necesitaría Andalucía o el 3,3% de Murcia. En cambio, Euskadi, que es la comunidad que está mejor en todos los ámbitos, solo habría de aportar el 0,6% de su economía. Estas cifras muestran no solo la importancia de tener una economía fuerte, sino también cohesionada, y que el objetivo de erradicar la pobreza no es tan utópico como se podría pensar si se ponen los números sobre la mesa. En el caso de Cataluña, este 1,2% del PIB representaría alrededor de 4.000 millones de euros, una cifra que no parece descabellada.
Estas cifras deberían servir de incentivo para que, en el caso específico de Cataluña, se haga un estudio serio sobre la efectividad de las políticas sociales para luchar contra la pobreza, porque no parece razonable que el crecimiento económico de los últimos años no consiga reducir este 14% de pobreza estructural para acercarse así a las cifras del País Vasco (9,3%). Reducir la desigualdad debería ser un objetivo de cualquier gobierno, pero resulta humanamente imperativo tener políticas específicas para los casos más graves, con una especial atención en la población infantil. Reducir la pobreza al mínimo debería ser un objetivo compartido de manera transversal. Lo único que falta es un liderazgo y un plan ambicioso que lo hagan posible.