¿De verdad no se investigará el uso político que Montoro hizo de Hacienda?
La causa que instruye el juez de Tarragona Rubén Ruso sobre Cristóbal Montoro está acotada al hecho de hacer leyes a medida a cambio de dinero a través del despacho Equipo Económico. la prensa o, lo que es mucho más grave, ordenar inspecciones de hacienda a periodistas o políticos incómodos como método para intimidarlos. de investigación del diario Abc, que es el primero que publicó información sobre los trapicheos del despacho fundado por Montoro, y Carles Mulet, senador de Compromís que protagonizó debates encendidos con el ministro en la cámara alta.
De casos que se han hecho públicos, sin embargo, hay muchos más. Especialmente grave es lo que explica el también periodista Francisco Quevedo, quien ha denunciado estos días que fue sometido a inspecciones fiscales por haber publicado información sobre Montoro y que acabó despedido de los medios en los que trabajaba. El calvario que sufrió fue tal que incluso se planteó el suicidio. Muchos de ellos, como Chicote, pero también Rodrigo Rato, Juan Carlos Monedero o Javier Tebas, planean abrir causas judiciales en otros juzgados para investigar específicamente ese uso fraudulento de la Hacienda pública.
El juez Ruso ha rechazado ampliar su investigación y considera que no hay delito en que el ministro tuviera acceso a determinada información. Pero es que la cuestión no era sólo el acceso, sino lo que se hacía después con esta información y el ordenar inspecciones a personas concretas por motivos personales. Será interesante ver qué ocurre cuando estos afectados presenten sus denuncias tras el escándalo público que se ha producido con la imputación de Montoro y la información que consta en el sumario. No se entendería en modo alguno que no se abriera una investigación específica al respecto.
Por otra parte, si se mira en su conjunto, las dos causas responden al mismo patrón: el pensarse que el Estado y la administración pública son algo de lo que se pueden servir libremente. No cabe duda de que Montoro y sus colaboradores estaban convencidos de que podían cambiar leyes a cambio de dinero y utilizar la Agencia Tributaria para silenciar voces incómodas con toda la impunidad. Al igual que, en la misma época, había un ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que utilizaba la policía para perseguir a adversarios políticos, fueran independentistas catalanes o podemistas, y para proteger al PP de casos como el de Luis Bárcenas y la operación Kitchen. No estaríamos, por tanto, ante un comportamiento particular de un ministro, sino de una cultura de partido.