La reforma de la administración es necesaria y urgente

El Govern encargó a un grupo de expertos liderados por el catedrático de ciencia política y de la administración Carles Ramió una propuesta para reformar la administración, una promesa de que diferentes ejecutivos se han hecho suya pero que nunca se ha hecho realidad con la ambición y la capacidad de transformación necesaria. Pues bien, el grupo de Ramió ha elaborado diez propuestas concretas que, de llevarse a cabo, supondrían una auténtica revolución en el sector público porque cambiaría desde las formas de trabajar hasta los procesos de selección de los funcionarios y, sobre todo, de los directivos que ahora son nombrados a dedo por los cargos políticos.

Así, se propone reformar el sistema de oposiciones para hacerlo menos memorístico y que se tenga más en cuenta otras capacidades, profesionalizar la figura del directivo público para que no sea sólo un cargo de confianza, introducir la inteligencia artificial (IA) en algunos procesos de la administración para agilizarlos –por ejemplo con las licencias urbanísticas–, por ejemplo con las licencias urbanísticas–, ciudadano sobre cosas a las que tiene derecho por su perfil, reformar el sistema de subvenciones y fortalecer la colaboración público-privada.

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Muchas de estas propuestas seguro que chocarán con fuertes resistencias, tanto dentro mismo de la administración como de los partidos políticos, que son los que, en definitiva, deberían aprobarlas a través de una ley. Por ejemplo, la profesionalización de los directivos públicos repercutiría en las cuentas de los partidos, ya que ahora obligan a estos altos cargos a destinar una parte de su sueldo a la formación política.

En todo caso, existe un amplio consenso social en el sentido de que esta reforma es urgente y necesaria, y por tanto el ejecutivo de Salvador Illa debería poner manos a la obra lo antes posible. El objetivo de convertir a Catalunya en un país próspero y cohesionado va unido indefectiblemente al reto de modernizar y poner al día una administración que todavía mantiene muchos tics decimonónicos. No se trata de hacer la demagogia habitual sobre los funcionarios, sino justamente de resaltar que la gestión pública es tan importante que hay que buscar la forma en que puedan acceder los mejores. También, evidentemente, deben aprovecharse las tecnologías para simplificar al máximo los trámites, reducir los tiempos de respuesta y ganar en transparencia. La burocracia no debería ser un obstáculo para el desarrollo de un país.

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Sería bueno que todos los partidos fijaran ahora posición en torno al informe Ramió y establecieran unos grupos de trabajo para sacar adelante estas propuestas. Esta legislatura, teóricamente enfocada a despegar económicamente a Catalunya, puede ser también la de la reforma de la administración si el Gobierno y los partidos van de la mano en esta cuestión. Una reforma de esta magnitud nunca podría salir adelante si no existe un consenso transversal, político, pero también de los agentes económicos y sociales. El consenso está ahí; por tanto, ahora lo que hace falta es voluntad política y colaboración de los servidores públicos.